A pesar de la contingencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, nuestro trabajo por la defensa del medio ambiente y el derecho a un medio ambiente sano no se detiene. A continuación, compartimos algunas de nuestras actividades destacadas durante el mes de mayo.

Pueblos indígenas llaman a la Suprema Corte a decretar inconstitucional la Ley Minera

El 13 de mayo la segunda sala de la SCJN retiró el proyecto de sentencia sobre el amparo en revisión 928/2019, relativo a la Ley Minera y los derechos de pueblos y comunidades indígenas que estaba previsto para ser votado. Esto lo percibimos como una señal positiva de apertura para escuchar al Pueblo Maseual, así como a la sociedad preocupada por el tema.

Sobre este tema, el 26 de mayo se realizó el foro virtual Afectaciones de la minería a los derechos de los pueblos indígenas, convocado por el Consejo Maseual Altepetajpianij, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) y la Universidad Iberoamericana (UIA). Ahí, se llegó a la conclusión de que la Ley Minera es violatoria de los derechos de los pueblos indígenas, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través de la Segunda Sala, tiene la oportunidad histórica de declararla inconstitucional y, con ello, reconocer el derecho de los pueblos a la autodeterminación sobre su territorio, particularmente sobre proyectos de desarrollo que los afectan.

Durante el evento, integrantes de diferentes pueblos y comunidades indígenas, expusieron que la Ley Minera no fue consultada de forma previa, libre e informada con los pueblos y comunidades, y se promulgó sin su consentimiento. La ley, subrayaron, viola y contraviene sus derechos a la libre determinación sobre su territorio, asignando a la minería un carácter prioritario y amenazando con ello la forma de vida que han decidido mantener.

Lee el boletín íntegro del foro virtual aquí.

Especialistas y académicos que participaron en el Foro concluyeron que la SCJN desempeña una función fundamental en el Estado democrático de derecho, por lo que hicieron un respetuoso llamado a que su decisión no rehúya la discusión de fondo y no se quede en argumentos formalistas dado que están en juego la diversidad cultural y biológica de la Nación.

Ayúdanos firmando aquí la petición en www.change.org

«FORO VIRTUAL SOBRE AFECTACIONES DE LA MINERÍA A LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS» convocado por El Consejo Maseual…

Publicado por Centro Mexicano Derecho Ambiental – CEMDA en Martes, 26 de mayo de 2020

 

La política eléctrica de AMLO acelera el cambio climático al frenar las energías renovables

Durante una video conferencia conjunta, con Jorge Villarreal de la Iniciativa Climática de México (ICM), Stephan Brodziak de El Poder del Consumidor y Anaid Velasco, abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda); los participantes advirtieron que la política en materia de generación de energía eléctrica publicada el viernes 15 de mayo por la Secretaría de Energía (Sener), acelera el cambio climático, va en contra de los compromisos nacionales e internacionales asumidos por México en la reducción de emisión de gases de efecto invernadero y cierra el paso a las energías renovables, ofreciendo como alternativa la quema inaceptable de combustóleo para generar electricidad.

Anaid Velasco, abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, advirtió que la Política publicada el viernes «adolece de violaciones de forma y de fondo. Por una parte, viola el procedimiento de mejora regulatoria pues su publicación ignora el derecho a la participación social que por ley debería hacerse para este tipo de actos. Por otra parte, en cuanto al fondo, transgrede importantes derechos humanos, entre ellos los derechos al medio ambiente sano y a la salud, pues al favorecer el uso de fuentes fósiles incrementa el deterioro ambiental que pone en riesgo la vida de las personas, además de incumplir con las metas internacionales de cambio climático».

Pablo Ramírez, Especialista en Energía y Cambio Climático de Greenpeace México, advirtió que la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional, dada a conocer en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de mayo, implica graves riesgos ambientales.

Es importante recordar que nuestro país asumió el compromiso internacional -el cual posteriormente se convirtió en ley- de generar el 35% de su energía eléctrica para el 2024 a partir de fuentes renovables. La política recién publicada hace que esta meta se vea imposible de lograr, pues se privilegia el uso de energías fósiles en la producción de electricidad y se cierra el paso a las energías renovables, bajo el pretexto de que éstas son inestables.

La política climática del actual gobierno tiene implicaciones severas en varios aspectos. En el medio ambiente, podemos augurar que no vamos a cumplir las metas climáticas de llegar a cero emisiones en 2050. Además, quemar combustóleo, como se propone, tendrá serios impactos en la salud de las personas, sobre todo en quienes viven en áreas colindantes a las termoeléctricas y en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, así como otras cuencas densamente pobladas.

Por último, aunque no menos importante, se cuentan implicaciones económicas ya que generar electricidad con combustóleo es más caro que con energía eólica o fotovoltáica. El aumento de los costos tendrá como consecuencia previsible un incremento en las tarifas de electricidad o de los impuestos, sin descartar recortes en áreas prioritarias como salud y educación.

Organizaciones piden que se mantenga el Fideicomiso Público del Fondo Ambiental Veracruzano

Grupos, colectivos y organizaciones ambientales del estado de Veracruz exigen al gobernador del estado, a los titulares de la Secretaría de Finanzas y Planeación y de la Secretaría de Medio Ambiente que permanezca y se dé continuidad al Fideicomiso Público del Fondo Ambiental Veracruzano (FAV). La petición se da ante la publicación del «Decreto que ordena la extinción o terminación de fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos», el cual plantea que todos los fideicomisos públicos sin estructura y de carácter paraestatal de la administración del estado se extinguirán y darán por concluidos. En el decreto se exceptúa de la extinción a los que cumplan actualmente con actividades prioritarias de interés público.

Las organizaciones enviaron una carta a las autoridades correspondientes para explicar con detalles por qué el Fondo Ambiental Veracruzano cumple los requisitos para ser exceptuado, pues cuenta con una estructura orgánica y lleva a cabo actividades de interés público para el estado.

El Fondo se ha consolidado como un instrumento financiero que administra los recursos para que se cumplan las obligaciones estatales en materia ambiental, contando con una amplia participación social. Los proyectos que han recibido el apoyo del Fondo Ambiental Veracruzano contribuyen a impulsar el bienestar que impulsa el Gobierno Federal, además de contribuir a la creación de empleos, fortalecer el mercado interno, la agricultura sustentable y la educación. Sobre todo, son proyectos fundamentales para preservar y conservar los recursos naturales y los ecosistemas de Veracruz.