El agua es para la vida en la Tierra lo que la sangre para las personas.

México es un país privilegiado en términos de su cercanía y disponibilidad de cuerpos de agua. Además de sus 11 mil 122 km2 de litoral, cuenta con 15 mil km2 de lagunas costeras, 29 mil km2 de cuerpos de agua interiores, así como 757 cuencas, divididas en 653 acuíferos.

“Hay factores que gobiernan la vida, y el agua es uno de ellos. La disponibilidad de agua gobierna la vida y, en consecuencia, a los ecosistemas; de manera paradójica, los ecosistemas llegan a influir en la disponibilidad, la cantidad y la calidad del agua.”

Desafortunadamente, más del 70% de los ríos, lagos y presas en México presentan algún grado de contaminación; 8 de las 13 regiones hidrológicas del país sufren de estrés hídrico y 105 cuencas se encuentran en una situación de sobreexplotación. Esta situación, en conjunto con otros factores relacionados con la gestión y gobernanza del agua, ha tenido un impacto directo que ha impedido al Estado mexicano cumplir con su obligación constitucional de garantizar el abasto de este recurso a todos los habitantes del país.

DERECHO HUMANO AL AGUA

En México, el derecho humano al agua está consagrado en el artículo 40 de la Constitución. El acceso universal y equitativo al agua potable y al saneamiento es una de las metas cuyo cumplimiento progresivo es obligado para el Estado mexicano.

Art. 40 de la Constitución: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.”

A pesar de ser un derecho humano consagrado en nuestra Carta Magna, actualmente, en México prevalece un rezago en el acceso al agua, siendo las personas más afectadas aquellas que se encuentran en condición de pobreza, situación que aumenta su vulnerabilidad. De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), sólo 58% de la población tiene agua todos los días en su domicilio y cuenta con saneamiento. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha estimado que, para lograr la cobertura universal al 2030, considerando las tasas del crecimiento poblacional en México, deberá encontrarse la manera de dar acceso al agua potable a 36.8 millones de personas e incluir en servicios de alcantarillado a 40.5 millones de habitantes.

Asimismo, también de acuerdo con el PNUD, en el país “se realiza un uso ineficiente del líquido, ya que se estima que los prestadores del servicio de agua y saneamiento tienen pérdidas de hasta 60 por ciento en las redes de distribución.”

Persiste también vulnerabilidad asociada con pérdidas humanas y materiales ocasionadas por desastres hídricos, ya que en promedio se estima que tienen un costo de más de 25 mil millones de pesos al año. A esto se suma el deterioro y la sobrexplotación de cuencas y acuíferos.

Alrededor de 70 por ciento de cuerpos de agua y ríos superficiales se encuentran contaminados: En términos de gobernanza, sobre el agua aún vemos retos, todavía persiste una participación social limitada e insuficiente para la adecuada toma de decisiones.

Fuente: PNUD

Aun logrando la cobertura universal de los servicios de agua potable y saneamiento -lo que podría considerarse el primer paso hacia el cumplimiento del derecho humano al agua-, persisten enormes retos para garantizar el acceso a agua suficiente y segura para las generaciones futuras. Hacer realidad este derecho, además de imponer importantes retos de política pública y presupuestarios, implica contar con agua en cantidad y calidad suficientes. Para ello, es fundamental revertir los procesos de contaminación de cuerpos de aguas que reducen la disponibilidad del vital líquido, además de poner en riesgo la salud de las personas y los ecosistemas, así como revisar a fondo el tema de las concesiones de agua a particulares.

Las comunidades humanas y los territorios se forjan a partir del manejo que se hace del agua. Pueblos y comunidades a todo lo largo de la República mexicana tienen una conexión íntima con el agua; para muchos pueblos indígenas y comunidades equiparables incluso forma parte de su cosmovisión. El manejo pluricultural del agua es algo que se ha mantenido fuera de la discusión nacional en cuanto al diseño e implementación de legislación y políticas públicas se refiere.

El conocimiento, respeto y garantía por parte del Estado sobre las diferentes visiones que existen en torno al manejo del agua debería ser el elemento integrador y la piedra angular en la construcción de los ordenamientos de planificación (v.gr. Planes de Desarrollo y Ordenamiento Ecológico) en nuestro país.

Es así que, al día de hoy, persiste una deuda pendiente en lo que se refiere a la consolidación de la arquitectura institucional en torno al derecho humano al agua. En primer término, se debe subsanar la omisión del poder legislativo de emitir la Ley General de Aguas, como lo mandata la reforma constitucional realizada en el año 2012 -cuando se estableció un plazo de 360 días para que el Congreso de la Unión la expidiera-, definiendo las bases, las modalidades y los apoyos para garantizar el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, con la participación de la Federación, los estados, los municipios y la ciudadanía. En segundo término, es indispensable modificar el marco jurídico aplicable en aras de que los instrumentos de planeación del desarrollo y conservación del patrimonio natural sean acordes con el enfoque del manejo integrado de las cuencas.