Comunidades de Calakmul obtienen suspensión provisional del proyecto Tren Maya
En los últimos días de enero se anunció, en conferencia de prensa, que comunidades indígenas del pueblo Maya Peninsular y Ch’ol, asentados en Xpujil, Calakmul, Campeche, que son parte del integrantes del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), obtuvieron una suspensión provincial de la ejecución del proyecto del Tren Maya.
La solicitud de amparo que presentaron las comunidades se sustenta en que se trató de una “simulada y fraudulenta consulta indígena ordenada por el Ejecutivo federal y ejecutada en perjuicio de los pueblos indígenas de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas”, así como la “ilegal consulta y aprobación del proyecto denominado Tren Maya, cuya acción se realizó en flagrante violación a nuestro derecho humano a que se garantice una consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada”.
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Condena a asesinatos de personas defensoras del medio ambiente
Nos unimos a la protesta por el asesinato de los defensores ambientales Homero Gómez González y Raúl Hernández Romero. Ambos, en diversas ocasiones, habían denunciado la tala ilegal de bosques en el hábitat de las mariposas Monarcas en el estado de Michoacán.
México se ha vuelto uno de los países más peligroso para la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente, tanto por la presencia del crimen organizado como por las consecuencias derivadas de la imposición de proyectos que perjudican a las comunidades.
Ante esta situación, exigimos que las autoridades ahonden en el problema y se realice una investigación y diligente por parte de Fiscalía General del Estado de Michoacán. Además hacemos un llamado al gobierno local para que reconozca la labor de las personas defensoras de derechos humanos y se generen las condiciones necesarias para que la realicen en un entorno seguro y propicio.
También hacemos un llamado a la Subsecretaría de Derechos Humanos a través de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, para que consolide un grupo de trabajo interinstitucional con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y con participación de las personas defensoras de derechos humanos, que involucre a todos los niveles de gobierno y a las tres ramas del poder público.
Finalmente, pedimos al Senado de la República que ratifique ya el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Acuerdo de Escazú, que representaría un avance clave para la defensa del medio ambiente al garantizar el acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Lee aquí el posicionamiento completo de las organizaciones de la sociedad civil al respecto.
Llamado para usar en Baja California Sur energías limpias
El estado de Baja California Sur (BCS) enfrenta una crisis energética, que ha provocado apagones en la entidad. Ante ello, organizaciones de la sociedad civil hacemos un llamado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y al gobierno local para que prioricen la implementación de proyectos de generación de energía renovable, garantizando así el abasto y el derecho humano a un medio ambiente sano.
Consulta aquí el boletín íntegro.
Pedimos a las autoridades también que se respete la norma ambiental y los derechos humanos de las comunidades en donde se busca instalar los proyectos de generación de energía.
Haz clic aquí para más información al respecto.
Presentación e inicio del Laboratorio para la Resolución de Conflictos Socioambientales
El 5 de febrero se presentó el Laboratorio para la Resolución de Conflictos Socioambientales, diseñado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad (CENTRUS) de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y el Centro de Especialistas en Gestión Ambiental (CEGAM).
En el encuentro con los medios estuvieron presentes el Dr. José Alberto Lara Pulido, director del CENTRUS; el Dr. Alejandro Guevara Sanginés y la Dra. Adriana Flores Díaz, investigador e investigadora y docentes del CENTRUS y del laboratorio; el Dr. Cuauhtémoc León-Diez, director del CEGAM; y el Lic. Andrea Cerami, coordinador de Derechos Humanos del CEMDA.
Sobre el tema, Andrea Cerami, del CEMDA, destacó que las organizaciones de la sociedad civil involucradas en el desarrollo del laboratorio “además del día a día de cómo lo vivimos, también hemos desarrollado estudios que han determinado […] los factores que causan esos conflictos socioambientales”. Entre estos factores, dijo, “podemos identificar la diferencia socio económica que existe en el país entre los diferentes grupos o el uso desmedido de recursos naturales, uso no sostenible de los ecosistemas”.
Más información sobre la presentación.
Posteriormente, el 12 de febrero, dio inicio el laboratorio. Ahí, Gustavo Alanís, director de CEMDA, dijo que el proyecto se lleva trabajando un año para ofrecer un espacio de diálogo, de acercamiento, y construcción de paz en materia ambiental.
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