Después de un largo proceso de años, se concretó el instrumento vinculante Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú. De la mano con un grupo amplio de organizaciones de la sociedad civil de México, América Latina y el Caribe hemos impulsado este instrumento.

El acuerdo al ser ratificado y depositado por México y Argentina ante las Naciones Unidas, al ser ya doce países que han entregado su ratificación, entrará en vigor el 22 de abril, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Tierra.

La plena implementación del Acuerdo se requiere con urgencia en una región donde los conflictos socioambientales por el uso que de los recursos naturales hacen los megaproyectos de desarrollo son una constante y ponen en riesgo a las personas defensoras ambientales.

Hoy vemos con optimismo que en el corto plazo el Acuerdo de Escazú puede ser un mecanismo para lograr en América Latina y el Caribe el goce del derecho a un ambiente sano, así como garantizar la protección de las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente, cuya labor es fundamental.

Hacemos un llamado a los Estados parte del Acuerdo de Escazú para que:

  • Adopten de manera inmediata medidas concretas para implementar el Acuerdo de Escazú en su quehacer cotidiano, partiendo de las realidades de los contextos en los que se encuentran los territorios de riesgo;
  • Inicien el proceso para armonizar el marco normativo nacional con el Acuerdo de Escazú;
  • Protejan de manera urgente, efectiva e integral a las personas defensoras ambientales y los territorios de los pueblos indígenas para garantizar el ejercicio de sus derechos.

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