El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) se congratula por la liberación de los integrantes de la Tribu Yaqui, Fernando Jiménez y Mario Luna, quienes se encontraban encarcelados injusta y arbitrariamente desde septiembre de 2014, después de haber sido acusados por el gobierno del estado de Sonora, de privación ilegal de la libertad y robo, delitos que no cometieron. Asimismo, se hace un atento llamado a la nueva gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Secretaría de Gobernación, a tomar de inmediato las medidas necesarias para suspender la construcción y operación del Acueducto Independencia que sigue funcionando fuera del marco legal, extrayendo agua del río Yaqui para llevarlo a la ciudad de Hermosillo. «La liberación de Mario y Fernando es un triunfo de la justicia y la legalidad. Nos hace recuperar la esperanza en las instituciones del Estado. Es muy grave que, como ocurrió durante el gobierno de Guillermo Padrés, los casos de defensores ambientales se politicen y sean las propias autoridades del gobierno estatal quienes los criminalicen por defender sus derechos humanos» señaló Andrea Cerami, coordinador de Derechos Humanos del CEMDA. Cabe recordar que desde el 8 de mayo de 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó dejar sin efecto la Autorización de Impacto Ambiental que la Semarnat había otorgado para la construcción y operación del Acueducto y repusiera el procedimiento llevando a cabo un proceso de consulta, previo, libre e informado a la Tribu Yaqui, conforme señala la legislación vigente en México, así como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo cual debe llevarse a cabo en el caso de la construcción de proyectos que puedan afectar la propiedad, derechos y recursos naturales de las comunidades indígenas. En su sentencia, la SCJN determinó que, de existir un daño irreparable a los derechos de la Tribu, el Acueducto tendría que suspenderse. Al respecto, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) elaboró un peritaje el 17 de febrero del 2015, el cual confirmó que «el Acueducto ocasiona efectos y daños irreparables a la población, en la vida social, en la vida económica y en el aspecto cultural y ambiental. Por lo tanto debe ser cancelado de inmediato en su operación». «La liberación de Fernando Jiménez y Mario Luna, ocurridas el 27 de agosto y el 23 de septiembre respectivamente, confirma que no se encontraron elementos probatorios de los delitos que ambos líderes Yaquis fueron acusados. El CEMDA considera que no deben seguir anteponiéndose argumentos políticos e intereses económicos por encima de la Ley y de la justicia. Reiteramos nuestro llamado a que se ponga fin a este conflicto, salvaguardando el agua del río Yaqui, recurso fundamental para la sobrevivencia de la Tribu Yaqui y garantizando con ello los derechos humanos de esta comunidad al acceso a agua y a un medio ambiente sano», concluyó Cerami.
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