Las organizaciones abajo firmantes, condenamos enérgicamente la aprobación de las recientes reformas a la Ley de Amparo, reformas que son un evidente retroceso para hacer realidad la justicia climática, el derecho humano a un medio ambiente sano y el derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales, este último conforme a los estándares del
Acuerdo de Escazú.

Una de las consecuencias de esta reforma es eliminar los efectos generales de la suspensión contra normas generales cuya constitucionalidad se esté impugnando durante el juicio de amparo. Así, en asuntos contra leyes que se considere violen el derecho humano a un medio ambiente sano, la suspensión obtenida sólo sería efectiva para la persona u organización que haya acudido a juicio dejando al resto de la comunidad y defensores desprotegidos, es decir, la ley seguiría siendo válida y aplicable para todas aquellas personas que NO formen parte del juicio de amparo.

Además de limitar el acceso a la justicia en asuntos ambientales para las personas defensoras y las personas afectadas por una norma general, la reforma debilita el ámbito de protección del derecho humano a un medio ambiente sano. Esto es, se ha reconocido la dimensión individual y colectiva del derecho humano a un medio ambiente sano, lo cual implica que su protección y defensa no sólo beneficia a una persona, sino a una comunidad, un colectivo, incluso el planeta mismo. La suspensión con efectos generales es, por lo tanto, fundamental y necesaria para defender la naturaleza, los ecosistemas, los servicios ambientales y el sistema climático, todos ellos bienes comunes que dotan de contenido al derecho humano a un medio ambiente sano.

Incluso, en términos de daño ambiental, el permitir que una norma general que posiblemente afecta al medio ambiente siga vigente para todas las personas que NO pudieron o NO quisieron ir a juicio, o que yendo a juicio NO hayan obtenido una suspensión, implica perpetrar afectaciones y violaciones en sentido contrario a la protección constitucional y convencional del derecho humano a un medio ambiente sano. Es un sinsentido, que ignora los principios de prevención, de precaución y el principio in dubio pro natura, y en general, todos ellos principios cuya evolución jurisprudencial ha girado en torno a la mejor protección de las personas y de la naturaleza.
En días pasados, organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la protección del medio ambiente y a la justicia climática, celebramos la adopción del Plan de acción sobre defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales en el marco de la COP 3 del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú. Este Plan es un avance fundamental para proteger la vida, la integridad y el trabajo de las personas defensoras del medio ambiente y del territorio.

Sin embargo, reformas como esta representan genuinos obstáculos para garantizar un entorno seguro y propicio para las personas defensoras del medio ambiente. En un contexto de contaminación, de pérdida de biodiversidad y de crisis climática, la labor de las personas defensoras del medio ambiente y del territorio se vuelve crucial al poner límites a todas aquellas obras, políticas, proyectos y actividades que ponen en mayor riesgo al planeta y a las comunidades. Limitar con esta reforma el acceso a la justicia en asuntos ambientales, es aumentar el riesgo y la exposición que las personas defensoras experimentan ya en territorios.

Las organizaciones firmantes continuaremos trabajando en diversos frentes para que el
Estado mexicano construya y aplique un marco jurídico que garantice el ejercicio de los derechos humanos ambientales consagrados en nuestra Constitución y en el Acuerdo de Escazú.

Organizaciones firmantes
1. Alianza Mexicana contra el Fracking
2. Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)
3. Cambio de Ruta, AC
4. CartoCrítica, A.C.
5. Central de servicios para el desarrollo rural A.C.
6. Centro de derechos humanos de los pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño, A.C.
7. Centro de Desarrollo Rural Quetzalcóatl A.C.
8. Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos A.C. (CAM)
9. Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA)
10. Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA)
11. Colectivo Diversa CODIVER A.C. Ensenada Baja California
12. Colectivo Ecologista de Jalisco A.C.
13. Comunicación y Educación Ambiental SC
14. Conexiones Climáticas
15. Con Sentido Verde
16. CORASON Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio
Huasteca Totonacapan
17. Decisiones ASISST.SA
18. Derechos de la Madre Tierra México
19. Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Defensoría del
Derecho a la Salud/ Centro de Capacitación en Ecología y Salud Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Espacio DESCA)20. Extinction Rebellion México
21. Fundación Arcoiris por el respeto a la diversidad sexual, A.C.
22. Fundación Hermanas y Hermanos Olvidados, A.C.
23. Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC)
24. Huerto Roma Verde
25. INANA A.C.
26. Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña (IDEMO)
27. La Cuadra A.C.
28. Mamás y Papás por el Clima
29. Movimiento No al basurero Atitalaquia
30. Nuestro Futuro A.C.
31. Organización Familia Pasta de Conchos
32. Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)
33. REACCIONA Red de Acción Climática
34. Representación Comunal Auxiliar de Villa Milpa Alta
35. Revive México A.C.
36. Sembradoras, mujeres momoxcas
37. Territorios Diversos para la Vida, A.C. (TerraVida)
38. VICOC Arte y productos de maíz