El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) promueve el uso de energías renovables como una de las medidas indispensables para hacer frente al cambio climático y cumplir con los compromisos nacionales e internacionales de México materia de reducción de gases de efecto invernadero (GEI). No obstante, considera que en el diseño y la ejecución de estos proyectos se debe de respetar en todo momento la legislación que les es aplicable, así como garantizar en todo momento los derechos humanos y fomentar el Estado pluricultural, especialmente el derecho a la consulta, el acceso a la información y a una participación efectiva y significativa de todas las partes interesadas en la toma de las decisiones, garantizando un desarrollo sostenible en el país.

 

Contexto

Durante la vigésima primera Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), las Partes aprobaron el Acuerdo de París con el objeto de reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza. En ese marco, los países reconocieron que el cambio climático es un problema de toda la humanidad y que, al adoptar medidas para hacerle frente, se deben de promover y respetar las obligaciones relativas a los derechos humanos.[i]

El cambio climático ha sido reconocido como la mayor amenaza ambiental de nuestros tiempos, ya que genera diversos riesgos para la vida y el bienestar de los individuos y las comunidades alrededor del mundo. El quinto Reporte de Evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) provee de un panorama detallado de los cambios observados y predecibles derivados de este fenómeno que afectarán a la humanidad y los ecosistemas, los recursos naturales y el medio construido del que dependen, lo que a su vez tendrá un impacto profundo en el disfrute de los derechos humanos, como el derecho a un medio ambiente sano, a la salud, a la alimentación, al agua, a la vivienda digna, a la propiedad y, en última instancia, a la vida.[ii]

De ahí, la urgencia de implementar medidas y acciones que mitiguen las emisiones de GEI, reduzcan la vulnerabilidad y aumenten la resiliencia a los efectos adversos del cambio climático. En un contexto donde la quema de combustibles fósiles ha sido la fuente predominante para el suministro energético en el modelo de desarrollo actual y, por ende, la principal causa del rápido aumento de las emisiones de GEI, los proyectos de energías renovables resultan indispensables para avanzar hacia un desarrollo bajo en carbono.[iii]

Además de su gran potencial para mitigar el cambio climático, las energías renovables pueden aportar otros beneficios. Si se utilizan de forma adecuada, éstas pueden contribuir al desarrollo social y económico, favorecer el acceso a la energía y la seguridad en su suministro, y reducir sus efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud. Específicamente:

  • Contribuir al desarrollo social y económico. Por ejemplo, mediante la disminución de costos de producción y distribución, particularmente en zonas rurales o aisladas, principalmente por la adopción de tecnologías competitivas; así como mediante un impacto positivo en la creación de empleos.
  • Aumentar y agilizar el acceso a energía. Ello mediante la incorporación de redes descentralizadas que explotan energías renovables a redes centralizadas de energía y el uso de fuentes renovables en otros servicios energéticos.
  • Garantizar la seguridad en el suministro de energía. El uso de energías renovables puede atenuar la vulnerabilidad a las alteraciones del suministro y a la volatilidad de los mercados, especialmente por el agotamiento de los recursos fósiles.
  • Reducir impactos negativos en salud debido a la mala calidad del aire. Las tecnologías que no se basan en la combustión pueden reportar beneficios en la reducción de contaminación atmosférica a escala local y aminorar los efectos que conlleva en la salud, particularmente en poblaciones vulnerables.
  • Disminuir tasas de letalidad por proyectos energéticos. En general, los proyectos de energía renovable representan menos riesgos de accidente y de generar víctimas mortales comparados con los proyectos de extracción de hidrocarburos.[iv]

México es un país altamente dependiente de los combustibles fósiles; sin embargo, sus condiciones geográficas, geológicas y climatológicas le otorgan una amplia riqueza en recursos naturales, lo que a su vez representa un inmenso potencial para generar energía por medio de fuentes renovables. Al respecto, el país cuenta con la meta nacional de generar el 35% de su electricidad por medio de fuentes limpias de energía para 2024 y se ha comprometido, en el marco de las negociaciones internacionales de cambio climático y el Acuerdo de París, a reducir las emisiones generadas por el consumo de energía.

 

Violaciones a derechos humanos por proyectos de energía renovable en México

A pesar de la urgencia de transitar hacia un modelo energético más limpio, es indispensable que estos proyectos sean ejecutados de forma sustentable y equitativa. En este sentido, las respuestas al cambio climático, incluyendo las acciones de mitigación y adaptación, no deben violentar el disfrute de los derechos humanos, como ha sido el caso de algunos proyectos de energía renovable en México, los cuales han sido implementados por empresas, nacionales o extranjeras, pública-privadas o productivas del Estado, o bien, por el Estado mismo, sobre todo en áreas rurales o aisladas donde viven comunidades indígenas o campesinas, produciendo diversas violaciones a sus derechos humanos y causando conflictos socio-ambientales, agravados entre otras cosas por los siguientes factores:

  • Despojo de tierra y territorio: La propiedad social, colectiva y comunal de la tierra (ejidos y comunidades, asiento territorial de poblaciones indígenas) legalmente asignada en el país, corresponde al 51.7% de la superficie nacional; la pequeña propiedad (propiedad privada y donde también hay indígenas) cuenta con el 38.2% y la propiedad pública (también con indígenas) con el 10.1%.[v] Gran parte de los proyectos de energías renovables requiere de grandes extensiones de tierra, por ejemplo, los grandes parques eólicos y las granjas solares, así como la energía geotérmica y las presas hidroeléctricas, lo que ha generado diversas disputas por el uso del territorio y sus recursos naturales entre los promoventes y las comunidades locales, llevando incluso hasta el desplazamiento forzado. Ello puede ser exacerbado por las disposiciones de la reforma energética de 2013 en materia de ocupación temporal y servidumbre legal. A su vez, esto genera mayores desventajas para los propietarios cuando se ofrecen contratos injustos por la renta de la tierra, resultado de procesos de negociación inequitativos, reflejando incluso desigualdad en los beneficios obtenidos al interior de la comunidad, lo que a su vez puede generar tensiones sociales.
  • Impactos sociales y culturales: Varios proyectos en México, como los parques eólicos, han resultado en polarización social y la desacreditación de ciertos miembros de la comunidad. En otras ocasiones, la intervención de las empresas en las comunidades ha alterado los usos y costumbres.
  • Impactos ambientales: Muchos de los proyectos de energías renovables han causado impactos extensivos en el medio ambiente y la sociedad, como por ejemplo, pérdida de aves, emisiones a la atmósfera, desmonte, deforestación, alteración al ciclo hidrológico local, sin que éstos sean evaluados de manera eficaz, especialmente cuando se trata de impactos acumulados. La información sobre la cual el Estado evalúa el impacto ambiental de los proyectos es proporcionada por los mismos promoventes que, pese a que deberían incluirlos en su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), en muchas ocasiones no llevan a cabo los estudios adecuados para identificar, prevenir o mitigar los daños ambientales.
  • Falta de acceso a información completa, fidedigna, oportuna y culturalmente adecuada sobre el proyecto y sus posibles impactos económicos, sociales, ambientales y culturales en las comunidades y el medio ambiente.
  • Falta de consulta libre, previa e informada y consentimiento: El actuar administrativo del Estado mexicano otorga permisos y concesiones para el desarrollo de grandes proyectos energéticos sin garantizar su obligación de consultar a las comunidades indígenas de acuerdo con lo señalado en acuerdos internacionales en la materia.
  • Ausencia de beneficios amplios para la comunidad: en muchas ocasiones, los proyectos carecen de planes integrales de desarrollo social, por lo que suelen generar beneficios únicamente para una pequeña fracción de personas, incluyendo los inversores y otros actores que serán beneficiados por la generación de energía. Así, los beneficios del proyecto no se ven reflejados en el desarrollo de la comunidad, en ocasiones ni siquiera en el acceso a energía.
  • Ataques contra defensoras y defensores de derechos humanos: En varios proyectos, los defensores comunitarios que buscan la defensa de sus derechos humanos frente al proyecto energético, así como los periodistas que difunden el caso, han sufrido ataques, amenazas, hostigamientos, criminalización y hasta asesinato y en algunas ocasiones, el propio Estado hace uso de la fuerza pública para reprimir la oposición al proyecto.

 

Propuestas

Resulta necesario asegurarse que las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático implementadas por el Estado mismo o a través de algún tercero no violen los derechos humanos de los pueblos y comunidades. Por ello, para reducir los posibles impactos sociales y ambientales negativos que se pueden generar en la implementación de los proyectos de energía renovable, se hacen las siguientes recomendaciones:

  • Implementar proyectos de energía renovable con los menores impactos posibles en el medio ambiente y en la sociedad. Al respecto, se recomienda promover proyectos a pequeña escala, como la generación distribuida a nivel residencial y comercial, y evitar en lo posible el desarrollo de grandes proyectos de energía renovable.
  • Aprovechar el amplio potencial del país para generar energía por medio de fuentes renovables, aumentando la inversión pública en este tipo de proyectos, sobre todo para los proyectos de generación distribuida, reduciendo los gastos públicos en energías fósiles.
  • Adoptar las medidas legislativas, de política pública y judiciales apropiadas para proteger y respetar los derechos humanos de las personas afectadas por un proyecto de energía renovable.
  • Actualizar las leyes secundarias y las normativas técnicas administrativas para garantizar los más altos estándares de protección y respeto de los derechos humanos.
  • Identificar y evaluar, con los más altos estándares científicos, los impactos acumulados, tanto ambientales, sociales y culturales, del desarrollo de proyectos de energías renovables en el país y garantizar su difusión y accesibilidad.
  • Intentar ubicar los proyectos en áreas ambientalmente poco sensibles, en donde los impactos generados sean los menores posibles, con la mejor tecnología posible para disminuir los impactos en los ecosistemas.
  • Garantizar el acceso a la información veraz, fidedigna, oportuna y completa sobre el proyecto y sus posibles impactos, con el fin de permitir una toma de decisiones informada.
  • Garantizar la participación adecuada y eficaz con mecanismos que tengan en cuenta los usos y costumbres de la población afectada, con el fin de mejorar técnicamente el proyecto y asegurar su sostenibilidad técnica, económica, ambiental y social a largo plazo.
  • Diseñar esquemas conjuntos de participación (empresa, Estado y comunidad) durante todas las etapas del proyecto de energía renovable.
  • Cuando el proyecto afecte a territorio indígena, llevar a cabo la previa consulta de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos (Convenio 169 de la OIT).
  • Respetar el derecho al consentimiento libre, previo, informado y de buena fe, incluso si las comunidades indígenas y equiparables deciden oponerse al desarrollo del proyecto energético.
  • Realizar la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y la Evaluación de Impacto Social (EIS) de manera previa al otorgamiento de las concesiones, para poder garantizar los derechos humanos de la población afectada.
  • Asegurar que la consulta social establecida en la Ley de la Industria Eléctrica dé cumplimiento a las obligaciones internacionales que el Estado mexicano se ha comprometido a respetar en materia de derechos humanos.
  • Garantizar el seguimiento a los impactos del proyecto, tanto previstos como imprevistos, y asegurar su prevención, mitigación o remediación.
  • Procurar el reparto de beneficios a la comunidad por parte del Estado y los promoventes, incluyendo la creación de empleos, el acceso preferente a energía y el apoyo a proyectos comunitarios, de acuerdo a las necesidades y decisiones de la comunidad.
  • Fomentar un mercado de energías renovables competitivo e incluyente, promoviendo proyectos de generación de energía a pequeña escala, proyectos comunitarios y figuras como la generación distribuida, con el fin de democratizar el acceso a la energía y reducir los impactos negativos en el medio ambiente y la sociedad.
  • Desarrollar e implementar una metodología para medir las externalidades de los proyectos para la elección de la fuente de energía, evaluando asimismo la sustentabilidad del proyecto de forma independiente.
  • Generar y poner en práctica indicadores para verificar el cumplimento de las mejores condiciones ambientales y sociales.
  • Promover la cooperación entre los promoventes, la comunidad, los gobiernos locales y el Estado.
  • Establecer mecanismos permanentes de diálogo y solución de controversias entre las partes.
  • Garantizar el acceso a la justicia y reconocer la importancia y el papel de las y los defensores de derechos humanos.
  • Suspender los proyectos donde se identifiquen violaciones a derechos humanos y ataques a defensores y defensoras de derechos humanos.

La transición a un desarrollo sustentable con bajos niveles de emisiones de GEI requiere de una rápida expansión de energía renovable, lo que supondría un aumento de las inversiones en este tipo de proyectos. Por ello, es necesario promover el uso de mejores prácticas para proteger el medio ambiente al tiempo que se respeten y protejan los derechos humanos de las comunidades. Así, los proyectos de energías renovables deben incorporar en su planeación e implementación el respeto a los derechos humanos como un elemento clave para transitar hacia un futuro justo y limpio.

 

[i] Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Acuerdo de París, Francia, 11 de diciembre de 2015. Disponible en línea en: http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/l09s.pdf.

[ii] Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, Cambio climático 2014: Impactos, adaptación y vulnerabilidad, Contribución del Grupo de Trabajo II para el Quinto Reporte de Evaluación del IPCC, Cambridge University Press, 2014. Disponible en línea en: https://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/WGIIAR5-PartA_FINAL.pdf.

[iii] Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, Cambio climático 2014: Mitigación del cambio climático, Contribución del Grupo de Trabajo III para el Quinto Reporte de Evaluación del IPCC, Cambridge University Press, 2014. Disponible en línea en: http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg3/ipcc_wg3_ar5_full.pdf.

[iv] Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation, Reporte Especial, Cambridge University Press, 2012. Disponible en línea en:https://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/srren/SRREN_Full_Report.pdf.

[v] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, “México”, Estudios de Política Rural, México, 2007.