A LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL MUNDO

A LOS PUEBLOS INDIGENAS DE MEXICO

A LOS PUEBLOS DE MEXICO

A LA SOCIEDAD CIVIL DE MEXICO

A LA OPINION PÚBLICA MUNDIAL

 

En base a las facultades que nuestras leyes internas y usos normativos nos mandatan. Nos dirigimos a ustedes para manifestarle lo siguiente: es conocido el clima de inconformidad y descontento social existente en el país, como referente principal es el acto de ignominioso perpetrado, en el sureste mexicano en la ciudad de iguala del estado de guerrero. Donde la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del año en curso. Con el asesinato de 3 habitantes del lugar y 3 estudiantes y 43 estudiantes desaparecidos, todos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, estado de Guerrero, donde tuvieron participación activa elementos policíacos, además los hechos ocurrieron cerca de una base militar de ese lugar; en ese contexto del clima político imperante en el país, el tratamiento a todas las luchas y movimientos, por los gobiernos es de un solo calado, en ese sentido la lucha que ha emprendido nuestra nación yaqui, por la defensa del territorio y las aguas, no ha estado al margen de la óptica política del tratamiento antes mencionado, los mecanismos y medios de defensa de nuestro pueblo, sostienen la conciencia con el pasado: el derecho a la libre determinación , respeto a la integridad territorial, el reconocimiento irrestricto ancestral en instituciones propias, formas de organización y gobierno tradicional y el respeto a nuestros derechos y derechos humanos, bajo esos principios, la lucha por la defensa del agua y la lucha contra la imposición del Acueducto Independencia se han mantenido bajo un carácter pacifico como son elementos y medios informativos , denuncias, movilizaciones sociales, resistencia civil pacifica y actos de desobediencia civil con ese carácter; hemos emprendido la lucha legal contra el despojo y la operación ilegal del Acueducto Independencia (cuenca del rio yaqui-cuenca del rio sonora, ciudad de Hermosillo) ante las instancias, mecanismos y medios que el propio Estado mexicano a creado, para dirimir las controversias, pero este hecho ha sido violatorio a nuestros derechos y garantías, por el estado mexicano al alejarse del debido proceso, en principio consintiendo, apoyando los actos ilegales y violatorios al estado de derecho y ordenamientos judiciales y además aunado a esto se ha torcido la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a no dar cabal cumplimiento de la sentencia de ser consultado nuestro pueblo y así otorgar o no el consentimiento de esa obra que opera ilegalmente, al no contar con el manifiesto de impacto ambiental, además los derechos de agua adquiridos ilegalmente por el gobierno del estado de Sonora están en cuestión, por estar vencidos (caducos) al momento de ser adquiridos, al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a CONAGUA definir el estatus legal de esos títulos, asignados por el gobierno de Felipe Calderón, CONAGUA a solicitado tres prórrogas, para tal efecto el término ha concluido y se han girado notificaciones por parte de juzgado, para que cumpla con el ordenamiento de la Corte. CONAGUA ha respondido como un vulgar delincuente particular, al cerrar sus oficinas administrativas para no ser notificados oficialmente y no cumplir con la Ley Nacional de Agua y el ordenamiento de la Suprema Corte de Justica de la Nación.

El proceso y situación que vive la tribu yaqui en el contexto de la lucha por la defensa de nuestro patrimonio ancestral, el agua, nuestro derecho histórico, nuestro derecho legal; esta situación es sintomática del país, el trato que recibe nuestro pueblo y todos los pueblos originarios. Esta condición no se puede sustraer del contexto neoliberal de la política económica de México, es a partir de ahí donde se da, un relanzamiento de las políticas extractivas, en forma por demás agresivas, donde el ojo de esa tormenta se encuentra el agua y la energía, precisamente es en los territorios y zonas indígenas donde aún se mantienen intactos grades extensiones de recursos naturales, tanto en el suelo como en subsuelo, en ese sentido el gran capital a ordenado a los gobiernos, que por todos los medios se allanen los caminos y las formas de apropiación de esos recursos, en ese diseño, han encontrado la resistencia de los pueblos originarios y sus organizaciones. Para ello la política y el plan de despojo, acciona la puesta en marcha, de acciones focalizadas, de acallar las voces mediante: la persecución política, criminalizar las luchas, aprisionar las voces más visibles, la desaparición y el asesinato. Este diseño no opera, si no existe la colusión de intereses, y en esto juegan un papel muy importante los tres niveles de gobierno, quienes se han hecho expertos en violar la ley por todos los medios, un gobernante de nuestro país cursa una experiencia y se capacita en esquivar la ley y no cumplir con su obligación primaria de cumplir y hacer cumplir la ley, en ese mismo sentido criminaliza el descontento social, fabrica delitos e incorpora a los sujetos de la lucha en la ruta judicial torciendo la ley. Los argumentos de la clase política (muy desgastada y falta de credibilidad por cierto) la ubica en el tejido social mas las evidencias desnudan la crisis del Estado mexicano y es precisamente en el estado de derecho que se manifiesta la alta vulnerabilidad, al no cumplir con el principio de igualdad, garante de la constitución política, se le ha sobrepuesto el actuar por consigna, la discrecionalidad, la corrupción y lo que genera es impunidad y una total desconfianza de la ciudadanía, en la administración, procuración e impartición de justicia, el ejemplo más claro lo encontramos en la proceso legal de la tribu yaqui en la defensa de nuestras aguas, en ese contexto no están ajenos el papel de acordonamiento de los intereses fácticos, por parte de las dependencias estatales, federales y sus funcionarios, que en algunos casos han sido invadidas prácticamente, por empresas privadas y extranjeras que los obligan a cumplir con los compromisos, actuando como criminales evadiendo sus responsabilidades institucionales y la ley. En ese tenor ejemplifica la situación de los dos presos políticos con los que contamos, el señor Mario luna y el señor Fernando Jiménez a quienes se les ha aplicado el diseño institucional de las políticas y planes de despojo y la criminalización de la lucha y la fabricación de delitos, donde el único delito que han cometido nuestros hermanos es luchar por el patrimonio de nuestra nación yaqui, el futuro de nuestra generaciones, ser indígenas y ser pobres. Por lo anterior manifestamos nuestro mas enérgico rechazo a las políticas extractivas, los planes de despojo y criminalización de la lucha social y decimos y no nos cansaremos de decir, lo que hagan con los jóvenes de Ayotzinapa, lo van a querer hacer con todos los jóvenes mexicanos, y lo que hagan con la tribu yaqui, lo van a querer hacer con todos los pueblos, tribus y naciones indígenas de México.

 

¡¡¡CANCELACION INMEDIATA DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA Y DESMANTELAMIENTO DE LA OBRA!!!

¡¡¡PRESOS POLITICOS, LIBERTAD!!!

¡¡¡LIBERTAD A MARIO LUNA ROMERO Y A FERNANDO JIMENEZ GUTIERREZ!!!

¡¡¡CANCELACION DE LAS ORDENES DE APREHENSION CONTRA LOS MIEMBROS DE LA TRIBU YAQUI!!!

¡¡¡DESAPARECIDOS, PRESENTACION!!!

¡¡¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!!!

¡¡¡NOS ESTAMOS TODOS, NOS FALTAN 43!!!

 

 

FRATERNALMENTE

 

 

AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA TRIBU YAQUI

 

Pueblo de Vícam, Sonora, a 4 de Diciembre de 2014