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14 de Junio de 2012 Para publicación inmediata.
Dado que el proyecto turístico Cabo Cortés incumplió con las condicionantes que le fijó la autoridad ambiental para autorizar su operación, el gobierno federal debe cancelarlo de forma definitiva e inmediata.
Las organizaciones ambientales de la sociedad civil, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y Greenpeace México, interpusieron esta semana una denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), solicitando la revocación de la autorización que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) había otorgado para la construcción de un mega desarrollo turístico en Baja California Sur, el cual amenaza la reserva marina más productiva del mundo y patrimonio cultural de la humanidad, Cabo Pulmo[1].
Hace unos días, en conferencia de prensa, CEMDA y Greenpeace dieron a conocer el contenido del oficio emitido el 19 de abril de 2012 por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), de la Semarnat, en la cual se señala que el proyecto Cabo Cortés, promovido por Hansa Baja Investments, incumple 9 de 20 condicionantes de su autorización de impacto ambiental (AIA).
El mismo oficio indica que no hay ampliación o término adicional, es decir que el plazo se cumplió y las condicionantes que debían quedar finiquitadas en 12 meses ya no tienen más posibilidades de ser cumplidas.
Ante la evidencia del incumplimiento de las condicionantes, CEMDA y Greenpeace interpusieron ante la delegación de la Profepa en Baja California Sur y ante las oficinas centrales de esta dependencia en la Ciudad de México, una denuncia popular, a fin de que el incumplimiento de la legislación ambiental sea sancionado mediante un procedimiento administrativo.
Agustín Bravo, director de la oficina regional de CEMDA en Baja California Sur expresó que «la sanción que deberá fijar la Profepa debe ser considerada grave, dado que incumplir con los Términos de la Autorización de Impacto Ambiental, constituye una transgresión a toda la finalidad de la gestión para la protección de recursos naturales, al objeto mismo de tener un procedimiento de evaluación».
Por su parte, la Semarnat -a través de la DGIRA- está facultada para revocar la autorización, mediante un procedimiento administrativo que debió iniciar de oficio. A su vez el propio Secretario Juan Rafael Elvira Quesada, durante su comparecencia ante el Senado de la República el pasado 28 de marzo, textualmente expuso que «si la empresa no cumple a cabalidad o si entrega la información, y bajo la visión de la Secretaría hay afectaciones al ecosistema, a Cabo Pulmo, a toda el área, a la cuenca, no se va autorizar el arranque como tal de obras.»
Al respecto, Alejandro Olivera añadió que «los incumplimientos en que ha incurrido Cabo Cortés refuerzan su ilegalidad, por lo que Semarnat debe dejar de actuar con complicidad frente a estos hechos y cancelar definitivamente el proyecto, declarando la extinción total de la autorización en materia de impacto ambiental». ________________________________________________________________________
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14 junio 2012