El pasado jueves 14 de marzo del presente año, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, aprobó la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 31 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en virtud de la cual quedan sujetos a un plan de manejo las pilas o baterías eléctricas que contengan litio, níquel, mercurio, cadmio, manganeso, plomo o zinc.
Debido a la aprobación de la minuta en comento, diversos medios de comunicación han emitido críticas en contra del trabajo legislativo de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la H. Cámara de Diputados.
Justificación:
Si bien el uso de los materiales en la elaboración de baterías (pilas) y en su contenido final es eventualmente tóxico en términos relativos, de forma acumulativa como sucede con cualquier otro elemento ajeno a los sistemas naturales, tiene un impacto que puede ser medido en su afectación potencial y real en la cadena trófica y por ende en la salud humana.
En este sentido, es fundamental el trabajo legislativo, de forma que se use la información científica en la toma de decisiones bien informadas, que proteja la integridad de la salud humana y de los ecosistemas. Para lo anterior, en el caso de las pilas y baterías, tenemos los resultados arrojados por el ahora Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático el cual determina: Los dos estudios llevados a cabo por el Instituto Nacional de Ecología en 2007 y 2008 para analizar el contenido de metales en pilas indican que en los mercados formal e informal mexicanos se comercializan pilas con niveles que rebasan los valores límite establecidos por la Directiva Europea para mercurio y cadmio.
El mismo estudio Las pilas en México, un diagnostico ambiental (informe de marzo 2009) reconoce En nuestro país es indispensable y urgente desarrollar un programa integral de manejo ambientalmente adecuado de las pilas [] debido a que si bien en otros países existen regulaciones distintas para las mismas baterías, estas determinación se basan en la alta tecnología de sus sistemas integrados de tratamiento y disposición de los residuos sólidos, situación que para el caso de México, de acuerdo a los datos oficiales, aún se requiere de una amplia inversión y desarrollo para contar con los mismos estándares en todos los municipios del país. De hecho la segunda gran recomendación de dicho estudio consiste en fortalecer y ampliar la cobertura de rellenos sanitarios con geomembranas, para que entonces la baterías pudieran disponerse de forma normal en este tipo de sitios.
Para el caso de la minuta aprobada en la Cámara de diputados la semana anterior, se ejecuto un análisis por la Comisión de Medio Ambiente considerando la información actual en materia de baterías, así como la situación que existe el día de hoy en el país dentro de las áreas asociadas al tema de manejo integrado de residuos sólidos, toda vez que al ser una de las áreas de oportunidad para el fortalecimiento de infraestructura sanitaria del país en el control de la contaminación, es una de las prioridades del gobierno encabezado por el presidente de la República Enrique Peña Nieto y que tiene como finalidad generar empleos, crecimiento económico y la salud humana y del medio ambiente.
En efecto, México es uno de los líderes a nivel global en el tema de Cambio Climático y uno de los países que mas seriamente discute el tema de la economía verde, como es señalado por la OECD en su último reporte del país sobre La evaluación del desempeño ambiental 2013, no obstante el mismo reporte reconoce que aún existen subsidios perversos que además de dañar el medio ambiente, no benefician a quienes menos tienen, de ahí que dentro de los temas legislativos se consideren todas las aristas de una decisión ambiental, y una de ellas es precisamente los efectos económicos.
Es básico para lograr un nuevo esquema de crecimiento económico comenzar a integrar en las valoraciones, las externalidades negativas que tienen en los ecosistemas y la salud pública llevar a cabo ciertas acciones, pues además de tener una mejor integración de costos y cerrar ciclos productivos, se desarrollan nuevas oportunidades de negocios, se genera empleo y se especializa la mano de obra calificada. En este sentido una apreciación sobre el costo de oportunidad de una decisión como la tomada por la Comisión de Medio Ambiente, se esta analizando de forma parcial y únicamente con la posición de la industria de cargar el costo a sus consumidores sin hablar de responsabilidad social y ambiental empresarial.
Esta probado por diversos estudios y experiencias en Europa y Estados Unidos, que ante las opciones mas verdes, los consumidores prefieren adquirir productos ambiental y socialmente responsables por sobre aquellos que no lo son, convirtiéndose esta actividad en proyectos para explorar nuevos nichos de mercado y que promuevan no sólo el crecimiento económico, sino una conciencia social, administrativa y legal congruente con el desarrollo sustentable a cualquier nivel.