• Se denuncia la detención ilegal y arbitraria de Eduardo Arturo Mosqueda Sánchez, abogado del ejido de Ayotitlán, Mpio., de Cuautitlán, Jal.
  • Tras ser golpeados, 33 indígenas fueron detenidos y posteriormente liberados.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) hace una denuncia pública por la detención ilegal y arbitraria de Eduardo Arturo Mosqueda Sánchez, abogado miembro del Instituto de Derecho Ambiental (IDEA).

De igual manera, se hace un llamado enérgico a los funcionarios involucrados en este penoso incidente tanto de los estados de Jalisco como de Colima para que se abstengan de participar en las acciones de criminalización, intimidación, y descrédito de las actividades de los defensores de derechos humanos y ambientales, incluyendo a la Dra. Raquel Gutiérrez Nájera, Pedro León Corrales y el Lic. Carlos Valentín Veyna Martínez, abogada y abogados integrantes de IDEA, institución ubicada en Guadalajara, Jalisco.

IDEA es una organización no gubernamental dedicada al litigio de interés público en materia ambiental y de derechos humanos. Fue creada en 1997 para proteger el medio ambiente a través del derecho, así como para fortalecer la capacidad de la sociedad civil para participar en la toma de decisiones de gobierno relacionadas con temas ambientales. Su co-fundadora y presidenta, Raquel Gutiérrez Nájera es una ambientalista reconocida y respetada a nivel nacional e internacional; líder en temas de derecho ambiental y de defensa de comunidades en México.

IDEA brinda asesoría legal a la comunidad indígena nahua del ejido de Ayotitlán, en el municipio de Cuatitlán, Jalisco, quienes han denunciado actividades de tala ilegal en su territorio, la contaminación causada por la empresa minera Peña Colorada a un río, así como la defensa de miembros de la comunidad por delitos fabricados en su contra.

La comunidad ha tenido conflictos con el Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada debido a que una parte de la mina de hierro se encuentra dentro de las tierras del ejido. La minera y la comunidad han acordado que la disputa por esta propiedad sea resuelta por los tribunales. Durante este tiempo, la compañía ha celebrado contratos con el ejido para el usufructo temporal de parte de las tierras del ejido por diversos años cubren una superficie. Dicho contrato cubre 1,200 hectáreas, incluyendo las 192 que se encuentran en disputa.

En 2013 un Juez de Distrito en materia Administrativa y del Trabajo del estado de Jalisco ordenó una suspensión de plano de los permisos y concesiones otorgados sobre tierras del ejido y otorgando la libre circulación del ejido y sus miembros sobre sus tierras, las cuales abarcan una superficie de 50 mil hectáreas, incluyendo las que se encuentran en disputa y que se encuentran dentro de los estados de Jalisco y Colima. Esta resolución tiene como efecto suspender el acceso de la compañía a las tierras de la comunidad.

Con base en esta sentencia, cuando más de 500 integrantes de la comunidad realizaba un recorrido en sus tierras para asegurar que la compañía estaba cumpliendo con la suspensión ordenada por el juzgado, al lugar arribó policía estatal quien actuó violentamente contra ellos, golpeando incluso a ancianos y niños.

Algunos integrantes de la comunidad fueron detenidos y acusados por los delitos de secuestro consumado, despojo, robo calificado, lesiones graves y daños. En torno al delito de secuestro, la compañía Peña Colorado señaló que la comunidad privó de la libertad a tres de sus empleados y solicitó un rescate, el cual supuestamente fue cubierto por la empresa. Como evidencia del supuesto pago que la compañía hizo por el rescate se exhibieron comprobantes que corresponden en realidad a los fondos transferidos a la comunidad por concepto de los contratos señalados anteriormente.

El 30 de julio de 2015, un juez penal de Colima ordenó la liberación de los 33 miembros de la comunidad nahua bajo fianza y negó este derecho a Eduardo Arturo Mosqueda Sánchez, dictando en su contra auto de formal prisión.

Posterior a estos hechos se ha hecho evidente la intención de los gobiernos de Colima y Jalisco para criminalizar y desprestigiar a IDEA. Esto ha incluido sembrar división dentro de la comunidad y desconfianza hacia esta organización. Las acciones de intimidación y hostigamiento en contra de los miembros de esta organización fundamentan el temor de que se fabriquen nuevos delitos y detenciones en contra de los abogados y abogadas de IDEA, por lo que se reitera el llamado urgente para que las autoridades correspondientes atiendan a esta delicada situación y cumplan de inmediato con la obligación que tiene el Estado mexicano de proteger a los defensores ambientales.