El Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 2013-2018, que está por publicarse a más tardar el 30 de abril, es el instrumento de planeación de las acciones prioritarias que el gobierno federal debe implementar para reducir las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI).

Por tanto, debe ser un programa ambicioso y contribuir de manera importante con las metas de reducción de emisiones de GEI del 30% al 2020, para lo cual el gobierno mexicano debe llevar a cabo las acciones correspondientes y coordinar una política climática integral que involucre a todos los sectores y agencias gubernamentales.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), ha señalado que para alcanzar esta meta de reducción de emisiones es necesario abatir 37.2 MtCo2e por año[1], lo que implica que México debe ser capaz de implementar una política climática robusta donde el PECC sea parte de los instrumentos que establecerán las acciones prioritarias. De lo contrario, nuestro país no sólo incumplirá sus acuerdos a nivel internacional sino que se seguiría poniendo en riesgo al 15% del territorio nacional, al 68% de la población y 71% del Producto Interno Bruto (PIB)[2].

Para poder cumplir con los compromisos establecidos a nivel nacional e internacional el país debe acelerar una serie de acciones que involucran a distintos sectores de la sociedad, pero en cuya coordinación debe haber un claro liderazgo del gobierno mexicano; de otra forma no será posible reducir las emisiones en los niveles que se han planteado, lo cual agravaría la condición de vulnerabilidad de México frente al cambio climático.

Cabe recordar que, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)[3][3], el Fondo Nacional de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) ha invertido alrededor de 140 millones de pesos entre 2005 y 2011. Sin embargo, en el mismo periodo, el Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN) ha invertido cerca de 5.2 mil millones de pesos para la reconstrucción de desastres.

Esta enorme brecha evidencia que los desastres ocurridos, vinculados con el aumento de la frecuencia y la intensidad de los fenómenos meteorológicos, están superando por mucho la capacidad de planeación y reacción del gobierno, y están impactando gravemente en las finanzas del país.

El PECC no sólo debe orientar las acciones de la administración pública federal centralizada y paraestatal, sino generar un marco que permita la participación de los sectores social y privado como corresponsables de la formulación de la política climática tal como lo establece el artículo 26 de la LGCC. De igual forma, debe servir como base para que los estados formulen sus Programas Estatales de Cambio Climático y se fortalezca el Sistema Nacional de Cambio Climático permitiendo la concurrencia, coordinación y alineación de los esfuerzos de mitigación y adaptación de la política nacional en los tres órdenes de gobierno.

La política nacional de cambio climático, incluyendo al PECC debe observar principios de sustentabilidad en el aprovechamiento y uso de los ecosistemas, corresponsabilidad de la sociedad y el Estado, precaución, prevención, adopción de patrones de producción y consumo por parte de los sectores público, social y privado para transitar hacia una economía baja en carbono, integralidad y transversalidad, participación ciudadana en la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de la los instrumentos, responsabilidad ambiental y desarrollo económico nacional.

Por tanto es necesario fomentar la participación y coordinación de las diferentes dependencias del gobierno federal que conforman la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC), pero al mismo tiempo, fortalecer el compromiso de las mismas y sus respectivos papeles para construir una política de cambio climático sustantiva y no meramente adjetiva. El Programa debe estar fundamentado en eje transversal en todas las políticas de la administración pública, fomentando la interdisciplinariedad.

La sociedad civil organizada, junto con otros sectores como la academia y los grupos vulnerables al cambio climático deben participar igualmente en la planificación y desarrollo de la política climática a nivel nacional, para lo cual el gobierno debe asegurar esquemas de participación, transparencia y rendición de cuentas.

Por lo anterior, el CEMDA ha solicitado al gobierno mexicano que:

  • Apruebe un PECC lo suficientemente ambicioso para cumplir con las metas de emisiones de la LGCC.
  • Fomente y agudice los compromisos de las diferentes secretarias de Estado para gestar una política climática transversal e integral.
  • Fomente el desarrollo de capacidades de estados y municipios
  • Desarrolle esquemas de reducción de emisiones respetando los derechos humanos en un marco de salvaguardas sociales y ambientales y al mismo tiempo fomentando acciones costo efectivas y de mayor impacto a la reducción de GEI.
  • Asegure la transparencia y rendición de cuentas, así como la participación de distintos sectores de la sociedad al implementar el programa.
  • Incorpore en el PECC no sólo las acciones prioritarias, sino la asignación de responsabilidades, tiempos de ejecución, coordinación de acciones y de resultados y estimación de costos.


[1] Megatoneladas de Bióxido de Carbono equivalente. 261 MtCo2e que corresponde al 30% de reducción al 2020 entre 7 años que es el periodo del 2014 al 2020.

[3] OCDE (2013), Estudio de la OCDE sobre el Sistema Nacional de Protección Civil en México, OECD Publishing.

http://dx.doi.org/10.1787/9789264200210-es