Comentarios recientes emitidos desde la propia Presidencia de la República han intentado, una vez más, dañar el nombre y la reputación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) y de su Director Ejecutivo, el Lic. Gustavo Alanís Ortega, con fines intimidatorios que buscan hacernos recular en el trabajo que estamos realizando desde hace casi 29 años, en contextos de gobiernos del PRI, del PAN y ahora de Morena.
En primer término, cabe aclarar que, en la conferencia mañanera, se refirieron a él de manera equivocada como “el Ing. Alanís”, siendo que es Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y cuenta con una maestría en Derecho Internacional, por la American University, Washington, D.C., enfocada en medio ambiente.
También es preciso aclarar que CEMDA NO coordina los amparos en contra del Tren Maya como erróneamente se dijo en la mañanera de hoy. CEMDA sí ha interpuesto amparos en contra de dicha obra, en representación de comunidades que han buscado nuestra asesoría legal por considerar que sus derechos han sido violados y que el proyecto no cumple con el marco jurídico ambiental aplicable. Hasta el día de hoy existen diversos amparos interpuestos en contra del Tren Maya por parte de otras organizaciones de la sociedad civil, lo cual no es coordinado de ninguna forma por el CEMDA.
Por otro lado, erróneamente también se dijo que nuestro Director Ejecutivo era vocero de la campaña “Selvame del Tren”, lo cual no corresponde a la realidad ya que nadie le ha dado o asignado dicho rol dentro de la campaña antes mencionada. Alanís Ortega ha dado entrevistas a los medios de comunicación en función de que en estos días lo han buscando reiteradamente para conversar sobre el Tren Maya.
Los ataques hacia nuestra organización durante la presente administración federal iniciaron poco tiempo después de que denunciamos por la vía legal el desmonte ilegal de vegetación natural en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. ¿Cuál fue el resultado de esto? Que la propia Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) nos dio la razón, confirmando que se había realizado desmonte y destrucción de manglar sin contar con la autorización respectiva en materia de impacto ambiental, ni la de cambio de uso de suelo en terrenos forestales (CUSTF) que determina el marco jurídico ambiental nacional, y decretando multas y sanciones contra los infractores.
Por otra parte, con relación a lo señalado esta mañana en torno a CEMDA y a nuestro director Ejecutivo sobre el proyecto del aeropuerto de Texcoco, durante la administración del presidente Vicente Fox nuestra organización señaló su preocupación en torno a que el tema de las aves no estaba debidamente atendido; de igual forma, se hicieron valer otros temas relacionados con las inundaciones y hundimientos en la zona.
Durante los años 2014 y 2015, el CEMDA formó parte, junto con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y el Centro de Transporte Sustentable (CTS), del Observatorio Ciudadano del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, el cual llevó a cabo una serie de foros multidisciplinarios para recoger las opiniones y posturas de especialistas, académicos, representantes de la sociedad civil y pobladores que se verían afectados por el proyecto. Como resultado, se produjo un documento que fue entregado en el 2015 a las autoridades responsables Ver: https://www.cemda.org.mx/publicaciones-y-estudios-del-cemda/observatorio-ciudadano-naicm/.
Posteriormente, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) fue obligado por la Semarnat, a través de una condicionante en materia de impacto ambiental, a establecer dos figuras: a) la Supervisión Ambiental, a cargo del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y b) el Comité de Vigilancia Ambiental (CVA), cuya función principal era asegurar el cumplimiento de las condicionantes que la Semarnat impuso al proyecto en materia de impacto ambiental. Para efectos de llevar a cabo dicha verificación (“auditoría”), el CVA estaba integrado por instituciones públicas de los tres niveles de gobierno, así como por académicos, colegios de profesionistas y representantes de la sociedad civil; con ese fin, Gustavo Alanís Ortega fue invitado de manera personal a presidir el CVA.
La retribución contemplada por las funciones desempeñadas como integrante del CVA, fue donada por nuestro Director Ejecutivo a una organización altruista/filantrópica.
Por otro lado, respecto al señalamiento de que el CEMDA acudió al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) “a pedir trabajo”, la situación fue exactamente al contrario de lo que se mencionó en la conferencia del Presidente. Nuestro Director Ejecutivo, fue amablemente invitado a comer el martes 5 de febrero del 2019 por parte del Director de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, a las oficinas de dicha dependencia y en dicho encuentro, Jiménez Pons solicitó el apoyo jurídico-ambiental del CEMDA para la obra del Tren Maya. Posteriormente a este encuentro, hubo uno segundo el martes 5 de marzo del mismo año con los equipos de CEMDA y Fonatur en donde se nos planteó el proyecto y nuevamente la solicitud de apoyo. Al respecto, se comentó a los servidores públicos de Fonatur que el asunto se discutiría internamente y que regresaríamos con ellos. Alrededor de dos semanas después -vía Pablo Careaga, quien trabajaba en aquel entonces con Jiménez Pons y quien realizó el vínculo inicial CEMDA-Fonatur-, se les notificó que el CEMDA no podía involucrarse en el apoyo solicitado. Todo esto último puede ser corroborado por Jímenez Pons y por Careaga. Entre otras, una de las razones por las que se decidió no apoyar a Fonatur fue que el proyecto debía ser sometido a su evaluación de impacto ambiental de forma integral, no fragmentada por tramo como se está haciendo, debido a los graves impactos sinérgicos y acumulativos que implicaría.
Finalmente, quisiéramos recordar que, a lo largo de los 29 años de existencia del CEMDA, hemos alcanzado logros muy relevantes en materia de protección jurídica del patrimonio natural de México, con independencia de la filiación política del partido en el poder. Como ejemplos podemos citar la modificación del proyecto del muelle de Cruceros de Cozumel en 1996, que contribuyó a la creación del Parque Nacional Arrecifes de Cozumel y a que este municipio contara con un programa de ordenamiento ecológico local (POEL); la solicitud de Reporte ante la Comisión de Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio (CCA-TLC) en 2004, que contribuyó a que se recomendara a México una moratoria al maíz transgénico en el país; la suspensión en 2011 de autorizaciones para la extracción minera en Wirikuta; la cancelación definitiva en 2012 del megaproyecto turístico Cabo Cortés, el cual amenazaba el Parque Nacional de Cabo Pulmo, en Baja California Sur; la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 2013, en favor de la nación Yaqui en el caso contra el Acueducto Independencia; la cancelación del megaproyecto comercial Dragon Mart en Puerto Morelos, Quintana Roo en 2014; y más recientemente, este mismo año 2022, las sentencias favorables de la SCJN en contra de los permisos para las obras de ampliación del Puerto de Veracruz, así como la cancelación de las dos concesiones mineras que afectaban al pueblo masewal en la sierra norte de Puebla.
Lamentamos que desde el Ejecutivo federal se opte por la vía de la deslegitimación contra las personas y organizaciones defensoras del medio ambiente en un contexto donde se han asesinado a 58 personas defensoras en los últimos 3 años, sin que haya habido sanciones contra los responsables, ni reparación del daño para sus familiares. Ver: https://www.cemda.org.mx/publicaciones-y-estudios-del-cemda/cemda-informe-2021/
Hemos enfrentado ataques y descalificaciones tanto desde el gobierno en sus diferentes niveles, como desde el sector privado cada vez que cuestionamos proyectos que afectan intereses políticos y económicos. Siempre hemos estado abiertos al diálogo y a la colaboración ya que tenemos un objetivo común con el gobierno así como con los distintos sectores de la sociedad: la protección y defensa del patrimonio natural de México.
Ciudad de México, a 30 de marzo del 2022.