La Iniciativa Climática de México (ICM) junto con Carbon Trust (CT), el Centro Mario Molina (CMM), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), El Poder del Consumidor (EPC), y el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP México) presentaron la Alianza por la Transición a un Transporte de Carga de Bajas Emisiones (ATB), en la conferencia de prensa virtual “El papel del transporte de carga hacia una transición a un sector de cero emisiones”.
La ATB se presenta como un espacio de diálogo y colaboración con una postura neutral y propositiva que busca socializar y sensibilizar sobre la importancia de transitar hacia un sector cero emisiones. La ATB está integrada principalmente por miembros de la sociedad civil y academia, con el objetivo de promover estrategias, medidas y políticas públicas que conlleven a descarbonizar el sector transporte de carga, y así reducir el impacto en la calidad del aire y el cambio climático para el beneficio de la población, del entorno ambiental y de una economía sostenible.
El sector transporte contribuye con el 25% de las emisiones del país, equivalente a un poco más de 171 MtCO2e. De esta cifra, el autotransporte es responsable de emitir alrededor de casi 160 MtCO2e, es decir 93% del total de emisiones del sector transporte. En este sentido, el transporte de carga juega un papel fundamental en la estrategia de mitigación de cambio climático del país, además de ser un eslabón fundamental en la economía nacional.
Es imperante generar e impulsar medidas y políticas públicas encaminadas a lograr que la flota de carga se encuentre en condiciones óptimas para seguir siendo el eslabón crucial en la economía nacional, mejorar la calidad del aire y sobre todo que ayude a los objetivos nacionales de reducción de emisiones.
Anaid Velasco, Gerente de Investigación del CEMDA, señaló que “la descarbonización del sector transporte, y en específico, del transporte de carga, contribuye al cumplimiento de derechos humanos reconocidos por el marco legal mexicano, en particular, el derecho humano a un medio ambiente sano y el derecho humano a la salud”. También resaltó que “la falta de políticas públicas que fomenten la descarbonización así como las regulaciones ambientales con estándares obsoletos, además de poner en riesgo el cumplimiento de estos derechos humanos, son contrarias a las obligaciones nacionales e internacionales de cambio climático plasmados en la Ley General de Cambio Climático, el Acuerdo de París y compromisos de calidad de aire conforme al Capítulo Ambiental del T-MEC”.