- México no responde al desafío de la crisis por cambio climático en su postura internacional y tampoco en su política nacional al cambio climático.
- Pedimos al gobierno mexicano a que se una a los gobiernos que buscan en la COP 28 la eliminación de los combustibles fósiles (phase out) y no adherirse a la posición de otros países que buscan la disminución en el uso de dichos combustibles (phase down).
- A pesar de los discursos, el país no cuenta a la fecha con un Plan Nacional de Adaptación ni una política que atienda el desplazamiento por cambio climático.
- Nuestro país sigue siendo uno de los más peligrosos para defender el patrimonio natural, la tierra y el territorio. En 2023 fueron asesinados 24 personas defensoras ambientales.
El gobierno de México ha tenido pocos resultados que mostrar a un día de que concluya la Conferencia de las Partes (COP28) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCCC). En términos generales, la política del país ha sido regresiva para transitar hacia una economía baja en carbono y dejar atrás el uso de los combustibles fósiles.
El 9 de diciembre, el gobierno de México, a través del subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Joel Hernández García, participó en el segmento de alto nivel de la COP 28, donde, entre otras cosas “celebró la consolidación del Fondo para Pérdidas y Daños, siendo un hito internacional que permitirá que los países más vulnerables a los efectos adversos al cambio climático puedan responder y apoyar a las poblaciones más afectadas”.[1]
Es importante destacar al respecto que México no está destinando esfuerzos ni recursos suficientes para el tema de la Adaptación al cambio climático. A la fecha, nuestro país no cuenta con una política nacional, ni con un plan de acción sobre adaptación al cambio climático. Asimismo, como CEMDA dio a conocer desde que el Ejecutivo envió su propuesta de Presupuesto de Egresos para 2024, los recursos del Anexo 16 que deberían destinarse a acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, se están dedicando en más de un 70% a proyectos como el Tren Maya, Sembrando Vida y para infraestructura para transporte de gas fósil.
De igual forma, como lo ha denunciado Nuestro Futuro, Conexiones Climática y Greenpeace México no existe una política pública orientada a atender el tema de los desplazados climáticos como se ha visto en el caso de la comunidad de El Bosque, en Tabasco, en la cual más de 80 familias han perdido sus hogares por el avance del mar en su territorio a causa de erosión costera exacerbada por fenómenos climatológicos extremos, sin que hasta el momento se les haya reubicado como ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador en una conferencia de prensa mañanera. Otro ejemplo es el reciente caso del huracán Otis que devastó el puerto de Acapulco y para cuya reconstrucción no existen recursos etiquetados ni un plan de acción basado en la Adaptación y resiliencia al cambio climático.
El funcionario de la SRE también se refirió a que “la transición justa es el corazón de la acción climática por lo que debe incluir un enfoque de derechos humanos, interseccionalidad e interculturalidad…” y destacó que “la política climática de México se centra en los principios de justicia social y ambiental, en favor de las comunidades más vulnerables”.
Al respecto, cabe señalar que el funcionario participó también en el evento paralelo que se llevó a cabo el 9 de diciembre, titulado El Acuerdo de Escazú como catalizador del empoderamiento climático, en el cual señaló la importancia de este instrumento como un acuerdo de gobernanza para impulsar la política pública ambiental en la región. Indicó que los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes en México son las más vulnerables al cambio climático y destacó que Escazú establece por primera vez a nivel de Tratado, el derecho a defender derechos humanos, particularmente el derecho a un medio ambiente sano.
En contraste a estos dichos, cabe recordar que México ha sido señalado por la organización internacional Global Witness como uno de los países más peligrosos a nivel mundial para defender el medio ambiente. Asimismo, de acuerdo con el Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales[2] que publica anualmente CEMDA, durante 2022 ocurrieron 197 eventos de agresión contra las personas que defienden el patrimonio natural, la tierra y el territorio; de estos eventos, en 24 casos las personas defensoras fueron asesinadas.
Con respecto a la afirmación del propio funcionario de la SRE de que, en materia de reducción de emisiones de metano, se han invertido más de dos mil millones de dólares durante 2023, es importante destacar que persiste falta de transparencia y rendición de cuentas tanto por parte del gobierno como de los entes regulados emisores de metano en el sector hidrocarburos, por lo que a la fecha únicamente alrededor del 32% de las empresas reguladas ha entregado sus Programas de Prevención y Control de Emisiones de Metano en el Sector Hidrocarburos, según ha informado el Observatorio Mexicano de Emisiones de Metano (OBMEM), del que CEMDA forma parte, conjuntamente con las organizaciones sociales, Iniciativa Climática de México (ICM) y Nuestro Futuro.
Para las organizaciones que hemos seguido desde hace años las negociaciones internacionales para lograr controlar el calentamiento global, es evidente que durante esta administración México ha optado por mantener un perfil más bajo, el cual se debe, en gran medida a que las decisiones dentro del país siguen priorizando el desarrollo a partir del uso del petróleo y el gas fósil como combustibles prioritarios.
Hacemos un llamado para que México responda al llamado de la comunidad internacional, principalmente de la de los jóvenes, mujeres y personas que habitan en los países del Sur global, más vulnerables a los efectos del cambio climático, y realice acciones concretas que le permitan avanzar en el cumplimiento de sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés) y alcanzar su compromiso de reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero, del 35% al 2030, en un marco que verdaderamente garantice la seguridad y la vida de las personas defensoras ambientales.
México debe de unirse a los gobiernos que buscan en la COP 28 la eliminación de los combustibles fósiles (phase out) y no adherirse a la posición de otros países que lo que buscan la disminución en el uso de dichos combustibles (phase down) , lo cual sería gradual y en el tiempo, la ciencia ha demostrado que esta última postura no permitiría alcanzar la meta de 1.5oC para garantizar el derecho a un clima seguro, estable y sostenible.
[1] https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-participa-en-el-segmento-de-alto-nivel-de-la-cop28?idiom=es
Centro Mexicano de Derecho Ambiental A C (CEMDA)
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