• Otorga voto de confianza tribu Yaqui al Estado mexicano de que cumplirá su palabra.
  • Acceden yaquis a levantar bloqueo siempre y cuando el agua sea utilizada únicamente para consumo humano y sin afectar los volúmenes de agua decretados a la comunidad indígena.

 

Representantes de las autoridades tradicionales de la Tribu Yaqui firmaron ayer un convenio con el Estado mexicano en el cual otorgan un voto de confianza al gobierno mexicano para resolver el conflicto generado por la construcción del Acueducto Independencia en Sonora.

El convenio, firmado en la Secretaría de Gobernación quien fungió como mediador en el conflicto con las partes involucradas, señala que las partes reconocen la necesidad de que la ciudad de Hermosillo cuente con los volúmenes de agua suficientes para consumo humano, pero estableciendo que la operación del Acueducto Independencia se entregará a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que éste lo opere en tanto se resuelve el fondo del asunto.

Asimismo, se establece que «la extracción de agua que se autorice sólo para consumo humano obedecerá únicamente a necesidades reales y de emergencia de Hermosillo y no afectará de manera alguna los volúmenes de agua a los que tienen derecho la Tribu Yaqui». Esto implica que el agua que se extraiga del Acueducto Independencia no puede utilizarse para actividades de la industria de la construcción, automotriz, aeroespacial y minera.

En virtud de lo anterior, y en tanto el gobierno mexicano cumpla con el convenio se levantará el bloqueo que actualmente mantiene la Tribu Yaqui en la carretera federal 15, conocida como Carretera Internacional México-Nogales a la altura del pueblo de Vicam, Sonora.

 

Al respecto, Mario Luna, secretario de Vicam, señaló que «el gobernador de Sonora firmó el convenio y acató las clausulas que manifiestan que no puede seguir robando el agua que le corresponde a la Tribu Yaqui, como debió haber hecho hace más de tres años, acatando los mandatos del poder judicial desde 2010». Y es que de no respetar el convenio, no sólo se continuaría violentando el Estado de Derecho, sino que se traicionaría a los Yaquis y la voluntad de las dependencias federales por solucionar el conflicto por el agua.

En el convenio suscrito el día de ayer, el gobierno federal -a través de Conagua y las dependencias competentes- asumió también el compromiso de analizar «alternativas hídricas sustentables que no generen conflictos, respetando en todo momento las resoluciones judiciales emitidas», y se comprometió a evaluar los daños a la Tribu Yaqui «derivado de la extracción que se hecho del agua del La Presa El Novillo, para proceder, a su indemnización».

Mario Luna agregó que «en esta reunión y en la anterior le reiteramos al gobierno federal que nuestra lucha es milenaria por defender nuestro territorio, nuestros recursos naturales y nuestra cultura, el cual está sujeto al mandato histórico de nuestros ancestros, de la gente de nuestros pueblos nacidos y no nacidos y que en todo momento ha sido pacifica y respetuosa, incluso con el gobernador de Sonora. Si hay un conflicto ahora no ha sido originado por la Tribu Yaqui ni el sur del estado. El Convenio representa un avance siempre y cuando se cumpla por la federación y se respeten los derechos de agua de la Tribu Yaqui».

Dado que a raíz de este conflicto la Tribu Yaqui ha padecido acoso y represión al grado de habérsele quitado recursos económicos que solventaban becas de estudiantes, proyectos productivos y sueldos de técnicos, en el convenio el gobierno federal se comprometió a establecer diversas mesas técnicas con diversas secretarías a fin de priorizar la aplicación de programas y recursos para el desarrollo económico, productivo, bienestar social, cultural, ambiental e infraestructura básica de servicios de apoyo para la Tribu. En este sentido, se reconoce que la solución del conflicto por el agua sólo es una parte del conjunto de elementos que el Estado mexicano tiene que resarcir respecto a los derechos de los Yaquis como indígenas y como ciudadanos.

Por parte del gobierno federal el convenio fue suscrito por el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Juan José Guerra Abud, así como por Luis F. Miranda Nava, subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (Segob); por parte del estado de Sonora firmó el gobernador Guillermo Padrés Elías y por parte de la Tribu Yaqui los gobernadores de Cocorit, Potán Pinitos, Loma de Bacúm, Belem y Vicam, así como Tomás Rojo, vocero de la tribu y Mario Luna, vocero y secretario de la Primera Cabecera; como testigos figuran el gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, así como los presidentes municipales de Cajeme y Guaymas, Rogelio Díaz Brown y Guillermo Claussen Iberry.

Convenio yaqui

 

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