Durante el tercer mes de 2022 presentamos nuestra edición 2021 del Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales, además el pueblo masewal ganó ante tribunales su lucha en contra de la minería y además se dio a conocer que el proyecto “Ampliación del Muelle API-BCS del Puerto de Pichilingue” en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, solicitó finalizar su proceso de evaluación de impacto ambiental. 

 

Continúa en ascenso la violencia contra las personas y comunidades defensoras del medio ambiente durante 2021

En el periodo que abarca del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 ocurrieron, al menos, 108 eventos de agresión en contra de personas defensoras de los derechos humanos ambientales. Cabe señalar que en un evento de agresión se pueden perpetrar varias agresiones de diversos tipos, por lo cual, el número total de éstas fue de 238.  Esto significa que el número de eventos de agresión se incrementó en un 66.15% y las agresiones aumentaron 164.44% respecto al año 2020.

Así lo destaca la edición 2021 del Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales que anualmente elabora el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), el cual también destaca que el 2021 se convierte en el más violento para la defensa del patrimonio natural en México desde el año 2014, fecha en que CEMDA elaboró su primer informe.

El informe contiene datos sobre las agresiones por categoría, por entidad federativa, por tipo de víctimas, por sector, y por agente perpetrador.

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Como resultado del ejercicio realizado por CEMDA en los últimos ocho años, ha sido posible identificar algunos factores que explican la grave situación de violencia contra personas y comunidades defensoras. En primer término se pueden mencionar procesos en materia ambiental  que no se realizan de manera legal, que no son culturalmente adecuados, que no respetan los derechos a la información, participación ni autonomía y que, en general, no se apegan al estándar de protección constitucionalmente instaurado en el actual bloque de constitucionalidad mexicano. Ejemplo de ello es el Acuerdo presidencial de 22 de noviembre de 2021 por el cual se considera a proyectos y obras del Gobierno de México como de interés público y seguridad nacional, así como prioritarias y estratégicas para el desarrollo nacional, el cual, al generar un estado de excepción,  trae consigo importantes consecuencias que ponen en riesgo el cumplimiento de derechos humanos y principios jurídicos reconocidos en la Constitución Política y los tratados internacionales, ambientales y de derechos humanos.

En segundo lugar destaca la lentitud y omisión del poder judicial para resolver los conflictos socioambientales que han sido llevados ante tribunales. Además, en algunos casos contribuye a convalidar actos de criminalización en contra de personas defensoras. En tercer lugar persisten fiscalías omisas en su obligación de investigar hechos de violencia; finalmente, destaca la ineficacia de los mecanismos de protección de personas defensoras para desarrollar su labor. 

Atendiendo a esta alarmante realidad en la que se ejerce la defensa ambiental en México, desde el CEMDA nos sumamos a las exigencias de verdad, justicia y reparación para las personas defensoras de derechos humanos ambientales víctimas de agresiones en México.

 

VÍDEO DE LA CONFERENCIA DE PRENSA

 

 

 

Muelle de cruceros en La Paz, BCS, queda sin autorización ambiental

El 26 de marzo, el gobierno de Baja California Sur dio a conocer que el proyecto “Ampliación del Muelle API-BCS del Puerto de Pichilingue” en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, solicitó finalizar su proceso de evaluación de impacto ambiental. Esto coincide con la información visible en el sitio creado para el seguimiento del proyecto por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Esto quiere decir que el promovente del proyecto se desistió de que su proyecto hubiera seguido siendo evaluado por la propia SEMARNAT.

“La acción de la empresa reafirma los argumentos sobre la incompatibilidad de la obra y las opiniones que se presentaron durante el proceso de evaluación de impacto ambiental. Esperamos que las autoridades municipales y estatales secunden las peticiones ciudadanas y en el futuro tengan una postura más sólida en defensa de los recursos naturales”, señaló Mario Sánchez, Director Regional del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).

Debido a la interacción de este megaproyecto con zonas de importancia biológica y áreas naturales protegidas, así como su incompatibilidad con la regulación urbana, diferentes sectores de la población sudcaliforniana, apoyados por el CEMDA, solicitaron la apertura de una consulta pública, participando en su evaluación mediante análisis, comentarios y observaciones, sumada a una fuerte movilización de la comunidad paceña para que la Semarnat denegara la petición.

“El crecimiento urbano, el desarrollo económico y turístico no deben comprometer la estabilidad y buen funcionamiento de los ecosistemas, las especies que los habitan y las ciudades o territorios que los contienen. Desde el CEMDA, estaremos al pendiente sobre la posibilidad de que se busque someter nuevamente el proyecto a la EIA” finalizó Mario Sánchez.

 

Pueblo masewal gana lucha en contra de la minería

Tras un largo proceso judicial, el pasado 16 de marzo, el Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Sexto Circuito, dio a conocer su resolución donde otorgó la razón al pueblo masewal en su demanda en contra de las concesiones mineras Atexcaco I, Atexcaco II y Macuilquila, ubicadas en los municipios de Tlatlauquitepec, Yaonáhuac y Cuetzalan del Progreso, estado de Puebla, al considerar que la expedición de dichas concesiones violentó sus derechos a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado, y por lo mismo ordenó dejarlas insubsistentes, es decir, canceladas.

Esta decisión constituye un paso fundamental en la protección de los derechos de las comunidades indígenas a la información, participación en la toma de decisiones y consentimiento previo, en relación con los derechos a gozar de un medio ambiente sano y de tener acceso al agua; así como en la construcción del llamado Estado pluricultural.

Ante la amenaza de la actividad extractiva sobre su territorio, en septiembre del 2014, las comunidades del pueblo masewal mandataron la defensa y cuidado de su territorio ancestral al Consejo Masewal Altepetajpianij. En el ejercicio de ese mandato, el Consejo interpuso, con acompañamiento del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), un juicio de amparo en la primavera de 2015, en el cual se argumentó que la Ley Minera es violatoria de sus derechos fundamentales al territorio, al acceso a los recursos naturales tradicionalmente manejados, así como de su derecho al agua, además de ser inconstitucional por contener y desarrollar una estructura que legitima la violencia estructural.

Asimismo, se argumentó que las concesiones vigentes en su territorio fueron otorgadas sin garantizar su derecho a la consulta y sin su consentimiento, de acuerdo con lo que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del cual México es parte.

Para el pueblo pueblo masewal la tierra es un sitio sagrado pues ahí se encuentra el Talokan, que es el sitio donde moran los señores de la vida y donde se resguardan las semillas, las plantas, los animales, el agua y el fuego, y el Tlaltipak, la tierrita, que abarca todo lo que habita en el suelo. De ejecutarse el proyecto minero en su territorio (altepet), el Talokan dejará de existir y lo que hay en él, como la milpa (milah), el monte o selva intervenida (kwohtah), el monte en el que se produce (kwohtakiloyan), el potrero (ixtawat), el cafetal bajo sombra (kaffentah), y los sitios sagrados, como las cuevas y manantiales (ameyalmeh y apameh) irán desapareciendo hasta terminar con todo lo indispensable para el buen vivir (yeknemilis).