Seguimos con nuestra labor de defensa del medio ambiente. Conoce un poco sobre nuestras actividades en el mes de julio.
El uso indiscriminado de desechables, falsa alternativa de protección ante COVID-19
La emergencia sanitaria provocada por el nuevo coronavirus causante del COVID-19 está generando un uso indiscriminado de desechables. La Alianza México sin Plástico (AMSP) alertó sobre esta falsa alternativa y señaló que, lejos de ser una solución, pone en riesgo la salud humana y el medio ambiente. Por ello, hizo un llamado a los gobiernos locales a no tomar en cuenta la petición de algunos sectores industriales y políticos de “reconsiderar la postura de prohibición sobre las bolsas de plástico”, argumentando razones de salud y seguridad para evitar contagios de COVID-19.
La preocupación ante estas propuestas nace ante las investigaciones que apuntan que le coronavirus podría permanecer entre 3 y 6 días sobre superficies plásticas, lo cual significa que cada vez que se usan utensilios de plástico desechables se facilita la permanencia del virus y el contagio entre la población.
Esta situación se suma al incremento en generación de residuos plásticos que pueden permanecer por cientos de años afectando los ecosistemas del país y del planeta. Un dato alarmante es que anualmente se producen más de 300 millones de toneladas de residuos plásticos. De acuerdo a la UNESCO, el 50% de los productos desechables de plástico están diseñados para un solo uso, un tercio de esos productos escapan a los sistemas de recolección.
Recibe el pueblo masewal respaldo nacional e internacional para que la Ley Minera sea declarada inconstitucional
Organizaciones internacionales apoyan la lucha del pueblo masewal, de Cuetzalan del Progreso, en la Sierra Norte de Puebla, y entregaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Amicus curiae en respaldo a su acción, en contra de la Ley Minera, solicitando que el ordenamiento legal sea declarado inconstitucional porque viola los derechos fundamentales de los pueblos indígenas.
Earthjustice, el Environmental Defender Law Center (EDLC) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) apoyaron la causa, elaborando Amicus curiae para entregar a la SCJN a fin de ofrecer argumentos encaminados a reforzar el litigio emprendido por el Consejo Masewal Altepetajpianij y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA).
El sentido de estos Amicus curiae, al igual que el amparo promovido en marzo de 2015, es que la Ley Minera no fue consensuada de forma previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas. La ley no incorporó los valores y visión indígena, pues no se desarrollaron mecanismos para proteger y respetar los derechos humanos de los pueblos indígenas, a pesar de que un gran número de concesiones mineras se encuentran en sus territorios. Esta ley, además, contraviene sus derechos a la libre determinación sobre su territorio, asignando a la actividad minera un carácter prioritario, que la coloca por encima de las demás actividades, amenazando así las formas de vida que las comunidades han decidido mantener.
Finalmente, también se hicieron llegar a la ministra y ministros integrantes de la Segunda Sala de la SCJN cartas de apoyo de otros pueblos indígenas asentados en México, Colombia, Brasil, Bolivia y Guatemala, así como las cuatro mil 091 firmas recabadas hasta el 26 de junio, respaldando la petición lanzada a través de la plataforma www.change.org.mx.
Postura sobre minería a cielo abierto
En el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. impulsamos como parte de nuestros objetivos el proteger la biodiversidad y sus componentes, conservar los ecosistemas terrestres prioritarios y sus servicios ambientales, así como el recurso agua y los servicios ambientales de las cuencas hidrológicas. Tomando esto en consideración, como parte de nuestro trabajo analizamos e intervenimos en casos y procedimientos de proyectos que pueden ocasionar impactos graves en los ecosistemas y violentar derechos humanos de las personas que habitan en las comunidades donde pretenden llevarse a cabo.
Desde finales de 2018, se han presentado en nuestro país diversas iniciativas de reformas a la Ley Minera, además de distintas declaraciones del titular del Ejecutivo Federal, en las que se señala la urgencia de reformar el marco jurídico para compatibilizar el desarrollo sustentable con la creación de fuentes de empleo.
La minería moderna es una actividad e industria extractivista que implica per se riesgos importantes e impactos considerables para las personas, comunidades y ecosistemas, sobre los cuales existe unanimidad en la comunidad científica nacional e internacional.
En este sentido, la minería moderna puede implicar importantes riesgos para los derechos humanos de las personas y comunidades en las que éstas habitan. Históricamente hablando, los impactos más fuertes ocasionados por esta industria extractiva son los impactos ambientales sobre el aire y los suelos, la cantidad de agua y la calidad de ésta, además de importantes impactos socioculturales y en la salud.