Durante el mes de julio continuamos con nuestra labor en defensa del derecho humano a un medio ambiente sano. compartimos algunas de nuestras actividades destacadas durante el mes.
“Agua, Nuestro Derecho”. Posición frente a la COP del Convenio de Cartagena
«Agua, nuestro Derecho» somos un grupo de organizaciones de la sociedad civil que aboga y promueve el reconocimiento y defensa de los Derechos Humanos al agua, saneamiento y a un medio ambiente sano, para lo cual buscamos posicionar estos derechos a través de un enfoque de manejo de cuenca, corresponsabilidad y cooperación regional. Nuestras áreas de trabajo son: la cuenca del Sistema Arrecifal Mesoamericano y el Caribe.
Como grupo, reconocemos que el Convenio para la protección y el desarrollo del medio marino de la región del Gran Caribe, Convenio de Cartagena, es un instrumento jurídico vinculante que establece importantes mecanismos para que los Estados adopten medidas en favor de la salud de los ecosistemas y las comunidades costeras del Gran Caribe.
El Convenio de Cartagena es una oportunidad para la cooperación regional y el intercambio de información técnico-científica a fin de que los países adopten medidas adecuadas para proteger el medio marino de la Región del Gran Caribe contra la contaminación procedente de fuentes y actividades terrestres, En particular el Protocolo relativo a la contaminación procedente de fuentes y actividades terrestres (LBS por sus siglas en inglés) establece una serie de parámetros base en materia de calidad de agua de descargas en función de la vulnerabilidad de los ecosistemas presentes. Así mismo, el Protocolo Relativo a la Cooperación para Combatir los Derrames de Hidrocarburos en la Región del Gran Caribe resalta la importancia de la cooperación, el intercambio de información y la toma de medidas preventivas y correctivas para la protección del medio marino contra los incidentes de derrames
Consideramos necesario y urgente regular más y mejor el desarrollo costero y las actividades económicas, principalmente aquellas de impacto regional y que afectan a los ecosistemas y acuíferos costeros.
Miembros de la sociedad civil presentan a la Alianza por la Transición a un Transporte de Carga de Bajas Emisiones (ATB)
La Iniciativa Climática de México (ICM) junto con Carbon Trust (CT), el Centro Mario Molina (CMM), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), El Poder del Consumidor (EPC), y el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP México) presentaron la Alianza por la Transición a un Transporte de Carga de Bajas Emisiones (ATB), en la conferencia de prensa virtual “El papel del transporte de carga hacia una transición a un sector de cero emisiones”.
La ATB se presenta como un espacio de diálogo y colaboración con una postura neutral y propositiva que busca socializar y sensibilizar sobre la importancia de transitar hacia un sector cero emisiones. La ATB está integrada principalmente por miembros de la sociedad civil y academia, con el objetivo de promover estrategias, medidas y políticas públicas que conlleven a descarbonizar el sector transporte de carga, y así reducir el impacto en la calidad del aire y el cambio climático para el beneficio de la población, del entorno ambiental y de una economía sostenible.
El sector transporte contribuye con el 25% de las emisiones del país, equivalente a un poco más de 171 MtCO2e. De esta cifra, el autotransporte es responsable de emitir alrededor de casi 160 MtCO2e, es decir 93% del total de emisiones del sector transporte. En este sentido, el transporte de carga juega un papel fundamental en la estrategia de mitigación de cambio climático del país, además de ser un eslabón fundamental en la economía nacional.
Ante esto, es imperante generar e impulsar medidas y políticas públicas encaminadas a lograr que la flota de carga se encuentre en condiciones óptimas para seguir siendo el eslabón crucial en la economía nacional, mejorar la calidad del aire y sobre todo que ayude a los objetivos nacionales de reducción de emisiones.
Sociedad civil exige cese al ecocidio de la industria petrolera en México
Ante el incendio provocado por una fuga de gas en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) ubicado en aguas del Estado de Campeche, en el Golfo de México, organizaciones de la sociedad civil exigieron el cese del ecocidio que causa la industria petrolera en México.
Un ecocidio es un “acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existen grandes probabilidades de que cause daños graves, extensos o duraderos, al medio ambiente”, tal como sucede con la actividad petrolera en el Golfo de México.
Este accidente, junto con otros que han ocurrido por la actividad en aguas profundas, pone de manifiesto que se trata de una actividad de alto riesgo, no solo para los trabajadores de Pemex, sino para los ecosistemas marinos. El Golfo de México es una zona con una alta biodiversidad y se ve amenazada seriamente por la actividad de la industria petrolera.
Pemex ocupa el tercer lugar entre las empresas petroleras con mayor riesgo ambiental del planeta y se encuentra en el lugar número 9 de 20, a nivel mundial, de las empresas del sector hidrocarburos que generan mayores emisiones de metano y CO2. Esto hace de la paraestatal una empresa insostenible, tanto económica como social y ambientalmente.