Termina el último mes de este 2021, antes que nada queremos agradecer el habernos acompañado todo este año en la lucha por el derecho humano a un medio ambiente sano. Les deseamos además que el 2022 sea un año de salud y éxito para ustedes y sus seres queridos. Para finalizar, compartimos con ustedes algunas de nuestras actividades más relevantes durante el mes de diciembre.

 

Desaparecer al INECC y el IMTA debilita aún más la capacidad de México para proteger el medio ambiente y combatir el cambio climático

El 16 de diciembre, junto con otras organizaciones, suscribimos un posicionamiento sobre las acciones encaminadas a desaparecer al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), las cuales se enmarcan dentro de la política de desmantelamiento del sector ambiental que viene ocurriendo desde hace varios años y que se ha agudizado durante la presente administración federal. Tema sobre el cual expresamos nuestra enorme preocupación.

En el documento, que hasta el momento han firmado más de 180 personas y organizaciones del sector, consideramos que la decisión de desaparecer al INECC envía un muy desafortunado e incongruente mensaje en cuanto al compromiso que el país tiene para combatir el cambio climático, justo a pocos días de haber concluido la Conferencia de las Partes (COP26) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), realizada en Glasgow, Escocia, donde México suscribió varias declaraciones para mitigar sus emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI).

El INECC es de gran relevancia toda vez que funge como entidad de coordinación interinstitucional así como con otras entidades de la República para que la política nacional incluya una perspectiva transversal en temas de bioseguridad, desarrollo sustentable, protección del medio ambiente; informes de la calidad del aire y del desempeño de las redes de monitoreo atmosférico de los estados, preservación y restauración del equilibrio ecológico y conservación de los ecosistemas y cambio climático. Ha apoyado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el diseño de programas e instrumentos de política pública ambiental para lograr que éstas sean robustas.

Respecto al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), éste es un organismo público cuyo objeto ha sido la investigación, desarrollo, adaptación, transferencia de tecnología, entre otros, para el manejo, conservación y rehabilitación del agua. Dentro de sus funciones más relevantes está el diseño de sistemas regulatorios y tarifarios para el agua potable, la certificación de laboratorios de calidad del agua, los dispositivos para la medición del agua en cantidad, sistematizar y publicar la información técnica asociada con los recursos hídricos del país; en síntesis, es el centro especializado en el conocimiento de la gestión integrada de los recursos hídricos. El IMTA ha sido una institución clave para el cumplimiento de los derechos humanos al agua y a un medio ambiente sano.

El INECC y el IMTA, por lo tanto, son dependencias que contribuyen a que el país tenga una visión y una ruta clara de acción frente al gran reto que significa combatir el calentamiento global y cumplir con los derechos humanos por el presente y futuro que todos queremos. En este sentido, hacemos un enérgico y respetuoso llamado al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal para que reconsideren y reviertan la política de desmantelamiento de nuestro sector ambiental, asignando los recursos humanos y materiales necesarios para el ejercicio efectivo de nuestro derecho humano a un medio ambiente sano.

 

Para 2022 el presupuesto de las Áreas Naturales protegidas baja a menos de 10 pesos por hectárea

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2022 aprobado por la Cámara de Diputados, asigna recursos insuficientes para la conservación de las 182 Áreas Naturales Protegidas (ANP) en el país. El presupuesto asignado a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), entidad encargada de la conservación de dichas áreas, dejará sin atender importantes rubros, que son indispensables para la operación diaria de la institución, así como para realizar tareas dentro de las ANP.

Pese al incremento del presupuesto al sector ambiental, los recursos no son suficientes para que la Conanp lleve a cabo las actividades mínimas necesarias para un manejo efectivo de las ANP; cuyo presupuesto se ha ido reduciendo año con año desde 2017. Sin duda, esta escasa asignación de recursos, impide una adecuada atención a los diversos problemas ambientales que existen en las ANP, como la deforestación, la degradación de los bosques y de las áreas costero-marinas, la contaminación, el aprovechamiento irracional de los recursos naturales, la expansión descontrolada de la mancha urbana y de las actividades económicas, la construcción de infraestructura turístico inmobiliaria en zonas costeras de alto impacto para el ambiente y actividades extractivas como la minería, por citar algunos ejemplos.

Para 2022, la Conanp, contará apenas con 9.7 pesos por hectárea para el manejo y cuidado de las ANP, lo cual sin duda, repercutirá en una menor capacidad para la operación y protección de sitios de alto valor ecológico, económico y cultural, que sustentan la vida de miles de comunidades en México.

Es evidente que, al igual que en sexenios anteriores, la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad sólo está en el discurso. El mantenimiento del patrimonio natural del país no es de importancia para esta administración.

 

Poder Judicial admite amparo en contra de Profepa por cierre de oficinas en Tijuana y Ensenada, BC

El Poder Judicial admitió una demanda ciudadana de amparo presentada el pasado mes de octubre, después de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) cesara actividades en sus oficinas en Tijuana y Ensenada, Baja California, lo que significa un retroceso en materia de inspección y vigilancia, limitando el acceso a la justicia ambiental y a la denuncia de delitos ambientales.

Bajo el argumento de austeridad, el pasado 29 de septiembre, el Gobierno federal anunció el cierre de dos de las tres oficinas de la Profepa en Baja California, sin embargo, no se proporcionó mayor información para sustentar la decisión. Cabe señalar que en la Ley Federal de Austeridad Republicana, emitida por el Presidente en 2019, se menciona que “los recursos deberán ser administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados”; no obstante, el reducir la capacidad de atención de la autoridad ambiental en este estado, dificulta el cumplimiento de su función de incrementar los niveles de observancia de la normatividad ambiental, a fin de contribuir al desarrollo sustentable y hacer cumplir las leyes en materia ambiental.

“El cierre de estas oficinas representa una violación grave al derecho humano a un medio ambiente sano de los habitantes de Ensenada y Tijuana. Con este demanda de amparo activamos un mecanismo legal para exigir el cumplimiento de nuestros derechos, esperamos tener una sentencia favorable y que haya una reapertura de estas sedes de la Profepa en Baja California, que se incremente su presupuesto, y se capaciten a los funcionarios públicos adscritos a la Procuraduría” comentó Gabriel Camacho, representante de Ciudadanía Mexicana A.C.

“Desde el CEMDA estamos apoyando esta acción porque consideramos que la buena administración de los recursos económicos no debe comprometer el cumplimiento de los derechos humanos, en este caso particular nuestro derecho a un medio ambiente sano, no es posible considerar como ahorro la disminución de la capacidad de las instituciones encargadas de velar y proteger el medio ambiente.“ señaló María Inés Pérez, abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (Cemda).

Lejos de reducir costos, este cierre podría significar un aumento en los gastos operativos que requiere la autoridad para ejercer sus acciones de inspección y vigilancia, ya que para trasladarse a los sitios a monitorear, las personas inspectoras necesitarán más combustible, viáticos e insumos.