Durante el mes de agosto celebramos nuestro 27 aniversario, y en el contexto de la pandemia, continuamos con nuestra intensa labor de defensa y protección de la salud de las personas, su calidad de vida, así como al cuidado del medio ambiente.

La defensa de los derechos humanos y de la naturaleza fortalece la democracia y no debe criminalizarse

En respuesta a las acusaciones realizadas por el presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, en contra de las personas defensoras indígenas y de las organizaciones sociales suscribimos un comunicado para exigir una disculpa pública por las agresiones directas dirigidas a las Organizaciones de la Sociedad Civil que hemos trabajado en defensa de los derechos humanos de todos y todas. En particular, solicitamos a la Fiscalía General de la República el estricto apego al Estado de Derecho y a los derechos humanos en las investigaciones que se hayan eventualmente comenzado en contra de las personas defensoras, sin que sean utilizadas como mecanismos de criminalización e intimidación.

Estamos convencidos que el disenso es legítimo y deseable en una democracia, en un marco institucional y de respeto mutuo. Cualquier mexicano y mexicana que considere que un acto de autoridad viola sus derechos humanos, está en su derecho de ejercer una legítima defensa legal, ya sea de forma individual o colectiva. Estos y otros derechos no sólo están consagrados en la Constitución federal, sino que, además, son compromisos internacionales asumidos libre y soberanamente por México y frente a los cuales, esta administración tiene la obligación legal de cumplirlos y respetarlos.

Los megaproyectos han explotado y destruido los territorios de los pueblos indígenas, reduciendo su autonomía, sus ecosistemas y el goce y disfrute de sus derechos humanos. Las personas y colectivos defensoras indígenas que se han opuesto a los megaproyectos han sido objeto de múltiples agresiones e intimidaciones que en algunos casos han llevado a su encarcelamiento y hasta su ejecución, como se ha documentado ampliamente. El Tren Maya es un megaproyecto que representa graves riesgos e impactos ambientales, sociales económicos y patrimoniales, como ha sido advertido por comunidades, académicos, organizaciones e incluso por instancias del mismo gobierno federal.

Ante el libre ejercicio del derecho al acceso a la justicia, el gobierno federal ha iniciado una campaña de deslegitimación del trabajo de las organizaciones civiles, a través de agresiones a organizaciones defensoras e indígenas, y, de manera reciente, a través de una campaña mediática que pretende hacer ver la cooperación internacional como ilegal.

Atacar la labor de las organizaciones de derechos humanos, no solo implica una grave violación al universal derecho a defender los derechos humanos, sino también tiene como objetivo invisibilizar que son las y los integrantes de las propias comunidades quienes se oponen a un proyecto que impactará de manera irreparable su territorio y forma de vida. Reiteramos que los amparos interpuestos en contra del proyecto Tren Maya por parte de personas indígenas de varias comunidades de la Península constituyen un camino dentro del marco institucional, para oponerse a un proyecto que viola los derechos humanos al territorio, un medio ambiente sano, al agua, al consentimiento libre, previo e informado, a la salud, a su vivienda, a su hábitat y a la vida.

Al celebrar 27 años de existencia, CEMDA llama a una “nueva normalidad” sustentable con el medio ambiente

El mes de agosto celebramos 27 años de nuestra fundación como una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa y protección de la salud de las personas, su calidad de vida, así como al cuidado del medio ambiente y el respeto a los derechos humanos, haciendo un llamado para que el retorno a la “nueva normalidad” sea ambientalmente sustentable.

En medio de la emergencia sanitaria que atraviesa todo el planeta, derivada de la pandemia del COVID-19, CEMDA lanza un llamado a todos los sectores públicos y privados del país, a repensar nuestro modelo de desarrollo y patrones de consumo, basados en una visión depredadora y extractivista del medio ambiente, para sustituirlos por la procuración del bienestar al que aspiramos todos los seres humanos, en el cual se coloque en el centro de cualquier proyecto el respeto y garantía de nuestro derecho humano a un medio ambiente sano.

Conceden a CEMDA suspensión definitiva contra acuerdo y política en generación de energía eléctrica de Cenace y Sener

El 14 de agosto, se concedió al Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) la suspensión definitiva en el amparo, interpuesto conjuntamente con Greenpeace México, en contra del Acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y de la Política de Confiabilidad de la Secretaría de Energía (Sener), ambos en materia de generación de energía eléctrica.

Con ello, será posible que sigan avanzando los proyectos de energía renovable que ya habían sido autorizados, siempre y cuando cumplan en todo momento con el marco legal vigente, y respeten los derechos humanos de las personas en las comunidades donde pretenden instalarse.

Gracias a las suspensiones concedidas, quedan sin efecto tanto el Acuerdo para garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), emitido por el Cenace el pasado 29 de abril, como la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional, emitida por la Sener el 15 de mayo de este año, por lo menos durante el tiempo que dure el juicio o hasta que la suspensión se revoque o modifique.

Organizaciones civiles piden a AMLO hacer frente a desabasto energético en BCS con energía renovable

En el marco de la visita que el presidente Andrés Manuel López Obrador del 7 de agosto a Los Cabos, el Centro de Derecho Ambiental (CEMDA), el Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental (CERCA) y el Observatorio Ciudadano “Cómo Vamos La Paz”, hicieron un llamado al Gobierno Federal para que impulse una transición energética hacia fuentes de energía renovable y cumpla con el compromiso que el pasado 21 de febrero hizo, durante la conferencia mañanera, con los sudcalifornianos de “resolver en definitiva el abasto de energía eléctrica sin contaminación, sin uso de combustóleo”.

En la Paz se genera más del 60% de la energía que se consume en la entidad, sin embargo, la demanda está rebasada, lo cual ocasionó el verano pasado una serie de apagones, registrándose hasta 32 cortes de energía en todo el estado y afectando al 59% de usuarios en La Paz y al 46% en Los Cabos. Para cubrir el suministro del servicio, el mandatario anunció en febrero pasado la construcción de una unidad más de generación en la central de combustión de Interna (CCI VI) y un proyecto de ciclo combinado que funcionará con gas natural, lo cual detiene al estado para avanzar hacia la generación de energía con fuentes renovables.

“Solicitamos al Gobierno y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que desista de continuar impulsando proyectos que generan energía a base de combustibles fósiles; la inversión pública en materia energética para Baja California Sur debe estar dirigida al aprovechamiento de energías renovables como la solar y la eólica, el esfuerzo no debe venir sólo de la iniciativa privada”, comentó Mario Sánchez, director regional Noroeste del Centro Mexicano de Derecho Ambiental.