Este mes continuamos trabajando por que se garantice el derecho humano a un ambiente sano y en defensa del medio ambiente. Aquí les compartimos algunas de nuestras acciones destacadas durante el mes. ¡Conoce nuestra labor y súmate!
Continúa tendencia al alza de agresiones contra personas defensoras del medio ambiente durante 2020
Al igual que las administraciones anteriores, el actual gobierno federal no ha logrado disminuir las cifras de agresiones en contra de personas defensoras de los derechos humanos ambientales. Incluso, el número de éstas de elevó en comparación con el año anterior. En 2020, se contabilizaron 90 agresiones perpetradas en 65 ataques distintos; de este número, la agresión más recurrente fue el homicidio, con 18 personas defensoras ambientales asesinadas.
El Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México, en su edición 2020, detalla por entidad federativa, se registró un aumento de los ataques en Chiapas, Campeche, Estado de México, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero y Veracruz.
Respecto de los sectores generadores de las agresiones, los dos principales son el forestal y el de vías de comunicación con 24.6% del total, cada uno. En el primer caso, la mayoría se relaciona con tala clandestina. En el rubro de obras relacionadas con vías de comunicación, se registraron 8 ataques vinculados con el proyecto del Tren Maya; 3 relacionadas con el proyecto de la carretera en San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México; 3 con el caso de la construcción del Puente Vehicular Xochimilco, en Ciudad de México y 3 más con construcciones de carreteras en diferentes estados.
A lo anterior hay que agregar que la emergencia sanitaria causada por la pandemia del COVID-19 ocasionó que el Estado mexicano suspendiera todos los procedimientos administrativos en materia ambiental, así como los plazos para tramitar juicios calificados como no esenciales. En cambio, no fueron suspendidas actividades económicas extractivas, como la minería y los megaproyectos, ni tampoco las obras de construcción de infraestructura ferroviaria, aeropuertos y refinerías petroleras. Ello ha obstaculizado gravemente el acceso a la información, la participación en asuntos públicos y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Hacemos un enérgico llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno, a traducir en hechos la legislación, los tratados y compromisos nacionales e internacionales de respeto y protección al medio ambiente y a los derechos humanos. El actual gobierno federal tiene la oportunidad histórica de sentar las bases para un México donde la defensa de nuestro patrimonio natural, la tierra y el territorio se realicen con plena garantía y respeto a los derechos humanos.
Ver video de la presentación del informe:
Solicitan a la Suprema Corte de Justicia atraer el caso sobre protección de los ríos de Veracruz
El Juez Décimo Octavo de Distrito en el estado de Veracruz consideró que el Decreto para suprimir vedas existentes en las cuencas hidrológicas de los ríos Actopan y La Antigua, así como los lineamientos sobre inclusión de volúmenes no comprometidos de aguas nacionales superficiales, sí generan impactos significativos sobre las comunidades que habitan al margen de dichas cuencas, pues, de permitirse la concesión de las aguas, se pondría en riesgo la cantidad y la calidad del recurso hídrico. Asimismo, el juez consideró que el asunto tiene la trascendencia necesaria para ser atraído y resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Este caso se remite a la serie de decretos de reserva emitidos en junio de 2018 por la Comisión Nacional del Agua (Conagua). La figura de zonas de reserva de agua es un instrumento normativo cuyo fin es garantizar agua para distintos fines. Sin embargo, por considerar que violentaban sus derechos, comunidades de Veracruz que habitan en la zona presentaron en julio de 2018 un amparo.
Luego de varias acciones legales interpuestas por las comunidades, el Juez Décimo Octavo de Distrito en el estado de Veracruz, mediante sentencia de fecha 28 de mayo del año 2020, determinó que tanto el Decreto como los Lineamientos citados anteriormente, sí generan impactos significativos sobre las comunidades que habitan al margen de estas cuencas hidrológicas.
Es decir, el juez determinó la inconstitucionalidad del Decreto y los Lineamientos, y concedió el amparo. Ante esta resolución, tanto la Semarnat como la Conagua, interpusieron recursos para revertir la decisión del Juez. Únicamente se dio trámite al interpuesto por Conagua y se ordenó remitir el expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito de Veracruz para que se envíe al que corresponda y resuelva.
Sin embargo, al mismo tiempo el Juez consideró que el asunto tiene el interés y la trascendencia necesaria para solicitar su análisis a la SCJN. Ante la posibilidad de que se puedan generar impactos significativos en la vida de las personas quejosas, el juez estimó que debe actuarse de conformidad con el principio de precaución en materia ambiental e in dubio pro natura.
México enfrenta los peores incendios en 10 años
En lo que va de 2021 México ha enfrentado los peores incendios de la década, esto de acuerdo con el Reporte Semanal de Incendios de la Comisión Nacional Forestal (Conafor). Según el documento, se han registrado 735 incendios forestales en 29 entidades federativas, afectando una superficie de 127,110 hectáreas (ha.) de territorio. Las entidades federativas con mayor superficie afectada han sido: Nuevo León, Oaxaca, Estado de México, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Chiapas, Durango, Michoacán, Puebla y Baja California.
Este problema, que se ha agravado en los últimos años debido al cambio climático global y se agudiza aún más en México debido al desmantelamiento de las instituciones ambientales encargadas de diseñar, implementar, coordinar y evaluar las acciones mitigación y adaptación al cambio climático, así como los temas forestales.
A pesar del rechazo de legisladores, académicos e integrantes de la sociedad civil organizada, la serie de fuertes recortes al presupuesto público y de personal de instituciones del sector ambiental, sexenio tras sexenio se disminuyen las capacidades técnicas, humanas, financieras y operativas del sector ambiental, por ejemplo, a la Conafor desde el 2012, se la han reducido casi a la mitad (43%) sus recursos económicos.
El presupuesto con el que operan actualmente la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Conafor y Protección Civil, así como las acciones que llevan a cabo son claramente insuficientes para atender estos desastres. Además, grandes superficies en áreas naturales protegidas siguen careciendo de acciones indispensables para prevenir incendios y no existe articulación entre las políticas agropecuarias con el manejo del fuego. Esto, aunado a la omisión de autoridades municipales y estatales de todos los orígenes partidistas, por la falta de previsiones para esta temporada de secas.
Cabe señalar que, desde 2019 que se canceló el Programa de Empleo Temporal (PET), ha sido más complicado financiar brigadas para la realización de trabajos preventivos y atención a incendios, a eso se suma la eliminación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), desde el cual se financiaba el combate a los incendios forestales.
Los bosques ofrecen una fuente constante y renovable de recursos, así como servicios ambientales indispensables para la vida misma. Las organizaciones de la sociedad civil demandamos al Gobierno Federal contar con una estrategia de prevención y de manejo integral del fuego, en la que se involucre y generen capacidades en las comunidades forestales y empresas sociales; asimismo, exigimos respetuosamente que, a nivel federal, estatal y municipal, las autoridades responsables asignen los recursos presupuestales, el personal y material suficiente, para poder atender de manera integral, sistemática y preventiva el manejo del fuego en el país, así como para que se inicien de inmediato obras de remediación y apoyo a las comunidades afectadas.