Finaliza el último mes del 2022, durante el cual continuamos nuestro trabajo en defensa del derecho a un medio ambiente sano. Les queremos desear un muy feliz 2023 a ustedes y a sus seres queridos. Aquí les contamos un poco sobre nuestra labor durante el mes de diciembre.
Llamado de ONU al gobierno mexicano refuerza denuncias sobre violaciones y abusos del “Tren Maya”
En el comunicado publicado el pasado 7 de diciembre, un grupo de personas expertas de la ONU1 manifestaron su “preocupación porque el proyecto de 1.500 kilómetros del Tren Maya en la península de Yucatán, en México, ponga en peligro los derechos de los pueblos indígenas y otras comunidades a la tierra y los recursos naturales, los derechos culturales y el derecho a un medio ambiente sano y sostenible.”
El hecho de que hayan participado nueve Relatorías, además del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos en la elaboración del documento es relevante considerando que esta es la segunda ocasión en dos años que hay una comunicación de este tipo dirigida al Estado mexicano por el “Tren Maya”. Lo anterior, confirma que esta obra conlleva impactos NEGATIVOS en diversos ámbitos, como son el ambiental, social y cultural, entre otros, tal como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones desde hace cuatro años cuando fue anunciado el proyecto.
Como también lo hemos denunciado en reiteradas ocasiones, la ONU manifiesta su preocupación por la falta de cumplimiento a la debida diligencia, así como por el limitado acceso a la justicia para las personas opositoras al “Tren Maya”, quienes “se enfrentan a amenazas y ataques, y a un acceso seguro muy limitado a un tribunal independiente e imparcial.” Recordemos que el Poder Judicial de la Federación ha retardado los procesos judiciales, se ha negado a otorgar medidas cautelares e incluso ha “extraviado” expedientes con información confidencial de los quejosos. Frente a esto, las organizaciones que llevan procesos han presentado denuncias, acciones jurídicas, así como una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal, sin que hasta el momento exista una respuesta efectiva por parte del poder judicial.
Para las personas expertas de la ONU, “como proyecto dirigido por el Estado, el gobierno mexicano debe tomar medidas adicionales para que se respeten los derechos humanos y al medio ambiente”. Y respecto a la decisión del gobierno de catalogar el proyecto como de seguridad nacional, se le recuerda que “este cambio de estatus dirigido por el Estado no permite a México eludir su obligación internacional de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de las personas afectadas por este megaproyecto y de proteger el medio ambiente de acuerdo con las normas internacionales».
En este mismo sentido, la ONU expone que esta decisión del gobierno tiene el potencial de permitir que los abusos a los derechos humanos sigan sin ser abordados y de que no se garanticen el desarrollo social, económico inclusivo y sostenible para los estados por los que atravesará. De igual forma, expone su “creciente preocupación” por la participación del Ejército mexicano en la construcción y manejo del proyecto.
Los puntos señalados por la ONU, coinciden plenamente con las acciones y denuncias que en México hemos presentado personas defensoras, comunidades indígenas, colectivos y organizaciones de las sociedad civil en contra de violaciones a la legislación ambiental, así como a la obligación no sólo de realizar una consulta, sino de privilegiar la obtención del consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas afectadas, sin que hasta la fecha esto ocurra.
En este sentido, la ONU pide al gobierno garantizar la “participación significativa” de las comunidades afectadas, así como evaluar “de forma transparente los impactos acumulativos reales y potenciales de los proyectos, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos y medioambientales”, esto, “antes de cualquier decisión futura relacionada con el proyecto, como elementos clave para identificar, prevenir y abordar cualquier otro impacto negativo».
Este llamado de las Naciones Unidas, que no es cosa menor, se enmarca en un contexto en donde las comunidades indígenas, personas expertas, académicas, organizaciones y personas afectadas han sido sujetas de estigmatización por alzar la voz y denunciar los impactos negativos presentes y futuros de la obra del “Tren Maya”.
Por lo anterior, recibimos positivamente el comunicado en cuestión y pedimos de nueva cuenta al gobierno de México detener las obras hasta que se garantice el derecho al consentimiento previo de los pueblos indígenas y comunidades equiparables, en tanto que el proyecto sea evaluado en materia de impacto ambiental de manera integral, completa y no en partes, no en segmentos.
Tribunal federal ordena revisar el incumplimiento del Ayuntamiento de La Paz por falta de verificación vehicular
Un Tribunal Colegiado de Circuito Federal ordenó la emisión de una nueva sentencia, ante el recurso de revisión presentado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) y Cómo Vamos La Paz, en contra el Ayuntamiento de La Paz por no realizar las acciones necesarias para medir y reducir la contaminación emitida por los vehículos en el municipio.
Este resolutivo sienta un precedente relevante en la defensa ambiental, toda vez que el Tribunal reconoce el interés legítimo de la sociedad civil, es decir, que están facultadas para demandar de reclamar afectaciones ante el incumplimiento de la ley, por lo que el procedimiento deberá ser restituido y se tendrá que emitir una nueva resolución.
“Esta decisión nos permite avanzar hacia el acceso a la justicia ambiental y contribuye en la construcción de una mejor calidad de vida en nuestro estado. Sin embargo, lamentamos que las autoridades del municipio no consideren los impactos negativos que representa el incumplimiento de la verificación vehicular en La Paz y continúen sin realizar acciones de fondo para atender esta problemática”, comentó Mario Sánchez, Director Regional Noroeste del CEMDA.
Por otra parte, el Ayuntamiento de La Paz deberá presentar las constancias de las gestiones y estudios realizados por la anterior Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología, respecto al inventario de emisiones contaminantes relacionado con el Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire (ProAire), así como las referentes a las gestiones e investigaciones correspondientes a la Mesa de Estudio del Programa Municipal de Desarrollo 2021-2024, documentación que solo fue referenciada en el informe presentado al juez en el proceso inicial.
De acuerdo con la regulación ambiental vigente, el XVII Ayuntamiento de La Paz es responsable de implementar un sistema de verificación vehicular en el municipio, contar con un inventario de fuentes móviles, un sistema de monitoreo de la calidad del aire, así como un inventario de fuentes contaminantes con su debido monitoreo; sin embargo, a la fecha no se han cumplido con estas obligaciones.
“La Paz es la ciudad más motorizada del país, existe en promedio un auto por habitante, por lo que implementar la verificación vehícular y el monitoreo de calidad de aire es urgente para conocer a qué elementos nocivos están expuestos los habitantes de La Paz y por cuánto tiempo se rebasan los límites tóxicos permitidos de acuerdo con la ley ambiental, a fin de poder realizar acciones que reduzcan la contaminación atmosférica y proteger la salud pública”, puntualizó Lucia Frausto, Directora General de Cómo Vamos La Paz.
Las organizaciones ambientales confiamos en que el juzgado de distrito lleve a cabo un análisis de fondo sobre esta problemática y ampare el derecho humano a un medio ambiente sano de las personas que habitan en La Paz.
CEMDA se solidariza con Ciro Gómez Leyva ante el ataque en su contra
Quienes laboramos en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), enviamos un mensaje de solidaridad para el periodista Ciro Gómez Leyva, por el reprobable ataque recibido contra su persona y nos sumamos a las voces que demandan una investigación y la sanción correspondiente a los responsables.
El gobierno federal debe cumplir con su labor de garantizar que exista un entorno seguro para el ejercicio periodístico en nuestro país.