La contaminación que genera el uso de combustóleo en la generación de energía eléctrica impide “gozar del cielo, el sol y el aire puro”, como señala el punto seis del “Decálogo para salir del coronavirus y enfrentar la nueva realidad”, presentado por Andrés Manuel López Obrador hace unos días. Para demostrar este punto, Greenpeace México uso las instalaciones de la Central Termoeléctrica de Tula, en donde proyectó sobre las columnas de humo y vapores que genera la central mensajes que señalan la contradicción del discurso con los hechos y solicitar una transición energética hacia fuentes renovables.

La demostración se dio horas antes de que un juez concediera la suspensión definitiva al amparo que Greenpeace, en estrategia conjunta con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), en contra del acuerdo y política de generación de energía eléctrica publicadas hace unas semanas, las cuales bloquean a las energías renovables.

Anaid Velasco, coordinadora de Investigación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), señaló que “la suspensión es congruente con la responsabilidad de garantizar mejores condiciones de vida para las generaciones presentes y futuras. Los impactos en el medio ambiente y en la salud de las personas expuestas a una mala calidad del aire por el uso de combustibles fósiles en la generación de electricidad, así como las pérdidas y los daños de las comunidades por los efectos del cambio climático son cada vez mayores y requieren de decisiones proporcionales y alineadas con este escenario de vulnerabilidad”.

“Con esta decisión se garantizan los derechos humanos a la salud, a un medio ambiente sano, a la sustentabilidad y a la legalidad”, explicó María Colín, especialista en Derecho Ambiental de Greenpeace México, quien consideró a este fallo como una victoria ciudadana que “restablece derechos que habían sido vulnerados por ambos instrumentos jurídicos”.

“Para gozar del derecho al medio ambiente sano y respirar aire puro, necesitamos un cambio en la política energética que apoye las energías renovables con respeto a los derechos humanos. Para este año se destinó 95.7% de los recursos de la Sener a la explotación de fuentes fósiles, frente a la asignación de tan solo 1.3% a actividades que permiten lograr una transición energética en México. En este sentido, los compromisos incluidos en el Prosener deben ser traducidos en una asignación y ejercicio de presupuesto público que permita poner en marcha una transición energética justa”, abundó Pablo Ramírez, especialista en Energía y Cambio Climático de Greenpeace México.