- El proyecto constituye un grave riesgo para la seguridad nacional, para el medio ambiente y para la población.
- La concesión minera se ubica a un lado de la nucleoeléctrica Laguna Verde.
Para su publicación
México, D.F, a 28 de Febrero del 2012
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) se congratula por el anuncio del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien señaló que la mina Caballo Blanco en Veracruz no es un proyecto viable, puesto que una extracción de estas características generaría impactos negativos, irreversibles al medio ambiente de la región y un alto riesgo para la población.
Las declaraciones del gobierno de Veracruz deben ser tomadas en cuenta por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para efectos del resolutivo de impacto ambiental que debe emitir. El gobierno federal debe negar la autorización del proyecto a fin de ser congruente con los argumentos que tanto el gobierno del estado de Veracruz, como organizaciones de la sociedad civil como la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, así como científicos y expertos en el tema han presentado respecto de la amenaza que representa el proyecto minero Caballo Blanco.
La concesión minera Caballo Blanco se ubica cerca del Golfo de México, a 65 kms. del puerto de Veracruz en dirección noroeste y a 3 km en línea recta de la planta Nucleoeléctrica Laguna Verde. Abarca 10 km de largo por 12 de ancho, en aproximadamente 120 mil hectáreas (según los mapas presentados por la empresa). Cabe señalar que el proyecto canadiense incluye el polígono XI de la planta a nuclear.
El CEMDA, conjuntamente con un grupo de científicos expertos, al revisar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada por la empresa como parte de los trámites para obtener la autorización correspondiente, encontró que Caballo Blanco y la nucleoeléctrica Laguna Verde son dos empresas que colindan, lo cual implica graves riesgos para la seguridad nacional y ambiental en caso de que se produzcan accidentes o de que puedan ser blanco de ataques.
Por otro lado, el transporte de materiales explosivos, altamente sensibles y en extremo tóxicos como el cianuro para alimentar las lagunas de lixiviación (proceso mediante el cual se trata una sustancia compleja, como un mineral, con un disolvente adecuado para separar sus partes solubles de las insolubles) pasa por ciudades como Xalapa, Córdoba y Orizaba, lo cual constituye también un riesgo alto para la población.
Adicionalmente a lo anterior, no se ha realizado una evaluación independiente sobre el efecto que tendrían las explosiones (más de 5000 kg de explosivos diarios) a sólo 3 km de Laguna Verde, puesto que la generación de microsismos diarios derivados de dichas explosiones podría constituir una afectación potencial a la infraestructura y funcionamiento de la planta nuclear.
Otras de las deficiencias encontradas en la MIA son, la no existencia de una evaluación independiente sobre la contaminación de los mantos freáticos de los acuíferos Actopan y de la planicie costera. Asimismo, para iniciar la construcción sería necesario el desmonte de 320 hectáreas, las cuales se sumarían al desmonte que ya ha ocurrido debido a la apertura ilegal de caminos que se ha hecho para explorar los socavones.
De igual forma, el proyecto implicaría una grave devastación de la vegetación en una zona de selva baja caducifolia, en la cual se encuentra gran variedad de especies endémicas como encinos tropicales, que son remanentes pleistocénicos de origen boreal en el clima tropical subhúmedo. Una de las afectaciones más graves sería a las cicadáceas, especie de plantas milenarias endémicas, contemplada en la Norma 059 de Semarnat para especies en peligro de extinción, las cuales tienen una antigüedad estimada de dos a tres mil años, colocándose así como la vegetación viviente más antigua de México. De igual forma, muchas aves acuáticas estarían en riesgo de contaminarse en la laguna de lixiviación.
Gustavo Alanís Ortega, director ejecutivo del CEMDA, señaló que «es muy relevante que el gobernador de Veracruz haya señalado públicamente que no está de acuerdo con la construcción de la mina Caballo Blanco. Lo que debe seguir ahora es que el gobierno federal no otorgue la autorización de impacto ambiental al proyecto, pues la inversión productiva en la región debe ir de la mano con una visión de sustentabilidad que permita a un estado tan rico en recursos como Veracruz lograr un crecimiento económico que genere desarrollo y bienestar social, así como la preservación del medio ambiente».
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