Como es sabido por la opinión pública, la Ley que Regula los Servicios de Agua potable, saneamiento y alcantarillado para el estado de Querétaro fue aprobada  y publicada con inusual rapidez, en apenas cuatro días, del 18 al 21 de mayo de 2022. Dicha ley tiene un corte abiertamente mercantilista, porque busca ceder a grupos particulares mediante concesiones los diferentes servicios asociados al agua, sin contemplar ni el bienestar social ni la salud ambiental. Ante los potenciales impactos de la ley a nuestros derechos humanos, las comunidades y pueblos urbanos, rurales e indígenas, colectivos de ambientalistas, académicas, feministas, juventudes, organizaciones civiles y redes nacionales de agua, nos hemos movilizado durante once semanas para exigir el veto y su abrogación. Ante la  legítima lucha en defensa del agua y nuestros derechos, la respuesta que hemos recibido por parte del gobierno del estado, especialmente el gobernador Mauricio Kuri y la secretaria de gobierno Guadalupe Murguía, ha sido la represión y violencia de Estado, materializada en violaciones a nuestros derechos humanos y la criminalización de nuestro movimiento.

El pasado 10 de junio, el gobierno del estado mandó reprimir una concentración pacífica que llevamos a cabo en la Av. 5 de Febrero, a través de la policía estatal y haciendo uso excesivo de la fuerza. En la represión detuvieron violenta y arbitrariamente a tres de nuestros compañeros quienes estuvieron desaparecidos por varias horas, y sufrieron tortura psicológica e incomunicación intermitente. A pesar de que logramos liberarlos con presión y movilización social, la fiscalía les imputó los cargos por los delitos contra la seguridad y el normal funcionamiento de los medios de transporte, desobediencia y resistencia de particulares, por lo que su libertad aún está en riesgo.

A estas violaciones de derechos humanos, se suma el hostigamiento e intento de detención arbitraria de otro compañero, integrante de la Confederación Indígena del barrio de San Francisquito, cuatro días después de la concentración. También se suma la persecución emprendida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra del consejero ciudadano Bernardo Romero Vázquez en represalia a declaraciones que hizo a medios, denunciando la negativa de dicha institución a interponer acción de inconstitucionalidad contra la ley. Dentro de los comunicados en donde la CNDH y su análoga a nivel local  rechazan la petición ciudadana de ejercer acción legal frente a la ley aprobada, ambas instituciones realizan afirmaciones que incumplen el artículo 1o de la Constitución Mexicana y exceden su esfera de competencia.

Por otro lado, nuestro movimiento en defensa del agua y la vida también ha sido estigmatizado. Desde la publicación de la ley en el periódico oficial, distintos funcionarios del gobierno del estado de Querétaro han señalado a la crítica social como fuente de “desinformación”, no solamente en declaraciones públicas, sino a través de infografías pagada con nuestros impuestos y circuladas como publicidad en redes, así como declaraciones hechas por funcionarios en medios masivos de comunicación. También hemos sido señalados como “foráneos”, “oportunistas”, “militantes de partidos políticos”, “grupos de choque” y hasta de “anarquistas” desde cuentas oficiales de servidores públicos del estado de Querétaro. Incluso se ha justificado la represión bajo el argumento de que somos un grupo que no busca el diálogo. Sin embargo, esto es falso. El Congreso local ignoró la solicitud formal de Parlamento Abierto, respaldada por más de 30 entidades colectivas, mientras que el gobernador fue omiso en la solicitud formal de veto respaldada por 3,239 firmas ciudadanas. La Comisión Estatal de Aguas declinó la invitación a participar dentro del Festival Agua que corre, un espacio ciudadano donde durante el mes de julio elaboramos trabajo diagnóstico y analítico en favor de la Ley de Agua que la entidad necesita. Toda esta cerrazón al diálogo, la represión, estigmatización, criminalización, la alineación de los poderes, incluidos los organismos entre comillas “autónomos” y la respuesta negligente e intimidatoria, han puesto en evidencia intereses ilegítimos, contrarios al bien común, a los derechos humanos y a la justicia socioambiental.

Estos hechos no son aislados. Lo acontecido en Querétaro alrededor de una ley que pone en riesgo derechos, ecosistemas y justicia hídrica, se da en un contexto de racismo y agresión hacia personas y comunidades defensoras de la tierra, entre las que destacan las amenazas, detenciones arbitrarias y prisión política contra la comunidad hñähñu de Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco. En 2020 la  Iniciativa Mesoamericana de mujeres defensoras alertó sobre una campaña de descalificaciones, calumnias, desprestigio, amenazas y criminalización de la defensa territorial en dicha comunidad. Asimismo, en 2020 Front Line Defenders emitió una alerta global por las distintas agresiones a mujeres ambientalistas, periodistas y ejidatarias en la zona Metropolitana de Querétaro. Estos son solo algunos de muchos ejemplos acontecidos en una entidad en donde la prensa local ha denunciado gasto público en publicidad mayor al destinado a la atención de problemáticas sociales y grupos vulnerables, como mujeres o transporte.

La criminalización y violencia institucional no solo vulneran derechos, estigmatizan la organización y fragmentan el tejido social, también son particularmente graves en un contexto de represión sistemática de defensores ambientales. Las agresiones a defensores en 2021 en México ascendieron en más de 100% que en el 2020 de acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los funcionarios públicos deben abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen a defensores por su labor. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha identificado que en muchas ocasiones, el uso indebido del derecho penal es precedido por declaraciones estigmatizantes por parte de funcionarios públicos y ocurre con mayor frecuencia en contextos con tensiones o conflictos de interés por la explotación de recursos naturales. También ha manifestado que esto no sólo interfiere con el trabajo de defensa sino que afecta el rol que las y los defensores tienen en la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho.

Existe estigmatización cuando desde el poder público se difama, se desacredita o se desprestigia la labor de defensa de derechos humanos. Existe agresión cuando se vulnera, hostiga, deshumaniza o violenta a un individuo o grupo. Existe criminalización cuando se manipula el derecho penal y el sistema judicial para limitar la labor de personas defensoras. Existe violencia de Estado cuando la ley y los órganos de gobierno son utilizados para reprimir a un individuo o grupo. En Querétaro se cumplen todas las anteriores.

Ante ello, diversas organizaciones mexicanas han emitido llamados al gobierno queretano a retirar los cargos imputados en contexto de movilización y garantizar el ejercicio del derecho a defender derechos humanos vinculados al territorio. Entre ellas, la Coordinadora Nacional Agua para Todos Agua para la vida, las organizaciones y redes del Comité Subregional Mexicano de la Coalición Latinoamericana Redes del Agua y 30 organizaciones del estado vecino de Guanajuato. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México ha documentado el caso y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas busca la incorporación de los tres defensores arrestados. En el plano internacional Front Line Defenders y la Red #EscazúAhora se sumaron al llamado.  El 13 de junio la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro emitió medidas cautelares DDHQP/264/2022 para el ejercicio de la libertad de expresión.

Hay que señalar también que la movilización en defensa del agua se enmarca en el contexto de violencia sistemática y estructural en el estado de Querétaro. En lo que va de 2022 Querétaro ha atraído la atención nacional por la masacre cometida en el Estadio Corregidora, una menor asesinada en el municipio de El Marqués,  un menor otomí quemado dentro del recinto educativo por dos compañeros y la represión a la defensa del agua. En los últimos 13 años han aumentado los conflictos socioambientales derivados de la urbanización desmedida y despojo de tierra, agua e identidad. En este momento siguen siendo efectuados desmontes forestales de áreas naturales con relevancia ecohidrológica, tales como Peña Colorada, cuyos cambios de uso de suelo comprometen las fuentes naturales, disponibilidad e infiltración de agua. En otras palabras, el agua para la vida y el futuro.

Como tendencia a una política de mano dura, en los últimos años, se han presentado distintas reformas legislativas que criminalizan tanto a la manifestación pública como a la divulgación de información en la entidad. Por ejemplo, en octubre de 2020 se aprobó en el Código penal la sanción de privación de libertad a quien impidiese “con actos materiales la ejecución de una obra o trabajos públicos, dispuestos por la autoridad competente con los requisitos legales o [únicamente] su autorización”; es decir, con o sin motivación y fundamento. Conocida como Ley Garrote, esta disposición legitimó socialmente el uso de la fuerza pública contra defensores ambientales, motivo por el cual fue objeto de acciones de inconstitucionalidad. En 2022 periodistas locales y defensores de derechos humanos lograron revertir la reforma al artículo 159 del Código Penal del Estado, conocida como Ley Mordaza, que penalizaba con hasta 5 años de prisión por revelar información pública. Este año se anunció la presentación de una iniciativa para sancionar penalmente el “discurso de odio” el cual en palabras de su promovente, la diputada Daniela Salgado, incluye las “expresiones que condenen a una persona  o que provoquen división social”.

En el último mes, se anunció que la policía estatal recibirá capacitación de la Policía Nacional de Colombia, cuyos elementos se encuentran actualmente en proceso de investigación por violaciones a los derechos humanos en el marco de la movilización social de junio de 2021 denunciadas por organizaciones como Human Rights Watch. Por otro lado, el embajador de Estados Unidos en México anunció la intención de enviar recursos a Querétaro para fortalecer la seguridad del estado con la finalidad de dar certeza a las inversiones.

 Ante los hechos antes relatados y la violencia sistémica que vivimos en el estado:

Exigimos el cese inmediato de la represión y estigmatización de la protesta en todas sus formas.

Exigimos el cese inmediato de la agresión y persecución de personas defensoras del agua y el territorio en el estado.

Exigimos que sean retirados de manera inmediata los cargos por los delitos contra la Seguridad y el normal funcionamientos de los medios de transporte, y desobediencia y resistencia de particulares, respecto de los cuales aún se encuentra abierta la investigación, y con los que se criminaliza a tres defensores del agua en contexto de represión del derecho a la manifestación pública.

 

Exigimos que se haga efectivo por parte del estado de Querétaro el Acuerdo de Escazú ratificado por México el 5 de noviembre de 2020 centrado en el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales.

 

RED EN DEFENSA DEL AGUA Y LA VIDA

 

 

Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho Humano al Agua (COMDA)

Comité Subregional Mexicano de la Coalición Latinoamericana Redes del Agua

Coordinadora Nacional Agua para Todxs, Agua para la Vida

FANMex Red Mexicana de acción por el agua

Red de Género y Medio Ambiente (regema)

Confederación indígena del barrio de San Francisquito

Concejo Autónomo de Santiago Mexquititlán

Comunidad Originaria de San Miguel Tlaxcaltepec

Comunidad de Chitejé del Garabato

Centro Mexicano de Derecho Ambiental

Acción Colectiva Socioambiental A.C.

Comité Subregional de Redes del Agua

Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua A.C.

Ambientalistas del Centro

Vocer@s de la Madre Tierra

Centro Regional de Capacitación en Cuencas

Huertos la Banda

Querétaro Salvaje

México Lindo y Qué Limpio

Xata Sustentable

Regeneradora garambullo

DeepBlue Ingeniería Sustentable

Micelio Urbano

Casa de Vinculación Social de Felipe Carrillo Puerto

Laboratorio de Estudios Urbanos y Sustentabilidad (LABUR)

Agua para todxs Querétaro

Bajo Tierra Museo del Agua de Querétaro

Nosotrxs, Representación en Querétaro

Grupo Ecológico Xymbionte SAPI de CV

Comunidad Bosque Vivo

Casa Xantuario

La Otra Bandita

H2Qro

Tianguis cultural Kisi Libertad

Mu̱’ta Biocultural

Guerreros Guardianes

Crece la Voz

Tertulias Feministas