En México, muchas de las violaciones a derechos humanos en contra de pueblos y comunidades indígenas y rurales se han perpetrado en el marco del desarrollo de megaproyectos.  Esto se debe, en gran parte, a la existencia de una política económica y social que carece de toda perspectiva de sustentabilidad y pertinencia biocultural, que ocasiona el consumo desmedido de los recursos naturales, la destrucción ecológica, la deforestación, la erosión de suelos y del patrimonio biocultural, la desertificación, la sobreexplotación de recursos naturales y la contaminación de agua y aire.

Los megaproyectos o “grandes proyectos de desarrollo” representan procesos de inversión de capital público y/o privado, nacional o internacional, para la creación o la mejora de la infraestructura física de una región determinada, la transformación a largo plazo de las actividades productivas con los correspondientes cambios en el uso de la tierra y los derechos de propiedad sobre la misma, así como la explotación en gran escala de los recursos naturales.  Los megaproyectos abarcan principalmente a los sectores minero, turístico, energético, de hidrocarburos, agroindustrial y de construcción de infraestructura carretera, entre otros.

Para que México pueda transitar hacia un desarrollo verdaderamente sustentable que genere bienestar social, el Estado mexicano debe, en el terreno de lo jurídico e institucional, suscribir y ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales como una muestra de su compromiso internacional para promover y garantizar los derechos humanos en el país.  Debe también, alinear y armonizar el marco legal y las políticas públicas del sector agropecuario, ambiental, agua y de pueblos indígenas-comunidades equiparables, bajo un enfoque de derechos humanos y el principio del Estado pluricultural.

El Estado mexicano debe cumplir con la Recomendación emitida por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre derechos humanos y empresas en la que pide fortalecer las capacidades jurídicas y materiales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para vigilar la observancia de las normas ambientales en las actividades empresariales.  En ese sentido, se requiere fortalecer con capacidades jurídicas, materiales y humanas a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a sus órganos desconcentrados y descentralizados.

La legislación mexicana requiere implementar una perspectiva de género, que integre mecanismos efectivos de participación que incluyan a las mujeres y que proteja la biodiversidad, garantizando su continuado uso y manejo por comunidades locales, poblaciones indígenas y mujeres.

En la práctica, debe garantizarse el derecho a la reparación integral de las personas, grupos, comunidades indígenas, campesinas y equiparables por la violación a sus derechos, conforme a la Ley General de Víctimas y al estándar internacional en la materia, así como combatir la impunidad y adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la justicia.