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El Sistema de Bioseguridad en México no funciona: denuncia el pueblo Maya

13 noviembre 2017

Bajo la mirada de las autoridades federales, más de 23 mil hectáreas de soya transgénica se sembraron sólo en el municipio de Hopelchén en Campeche, lo que equivale al 85% de toda la soya cultivada en este municipio, aún cuando no existe permiso para liberar transgénicos en la región.

El director jurídico de Monsanto ha reconocido que existe un mercado negro y que no saben de dónde ha salido la semilla sembrada en la Península de Yucatán.

Hopelchén, Campeche, 13 de noviembre de 2017.- El día de hoy, varios miembros de comunidades mayas de Campeche y representantes de organizaciones no gubernamentales han interpuesto denuncias por siembra y comercialización de soya transgénica resistente a glifosato en el Estado ante el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria (SENASICA), organismo autónomo de la SAGARPA. La denuncia presenta información de varios predios en la región del municipio de Hopelchén en los que se sospecha que se sembró soya genéticamente modificada patentada por Monsanto. Las denuncias buscan que SENASICA indague sobre las responsabilidades de Monsanto y de terceros que han producido y comercializado soya transgénica en la región, entre ellos menonitas, en violación a la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados.

Desde el 2015, Monsanto Comercial S.A. de C.V. no cuenta con permiso para la liberación al medio ambiente con fines comerciales de soya genéticamente modificada en la región. Sin embargo, según observaciones locales y reportes obtenidos en la región, esta temporada el 85% de la soya que se sembró en el municipio de Hopelchén es genéticamente modificada. El  SENASICA, la autoridad encargada de regular, administrar y fomentar las actividades de sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria en el país, reportó que en el 2016 se sembró y comercializó soya transgénica en el estado de Campeche. En dichos reportes se contiene información de que la soya transgénica que fue sembrada en Campeche es la patentada por Monsanto y que es de dos tipos distintos (MON-04032-6 y  MON-89788-1) o una combinación de ellos.

El tipo de soya genéticamente modificada MON-89788-1 no fue incluido en la solicitud de liberación presentada por la empresa Monsanto ni ha sido evaluado por SENASICA, según lo establece la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM). Esto es muy grave y significa que se están liberando transgénicos sin ninguna autorización, ni evaluación previa en el país. Es aún más grave que la empresa dueña de las patentes no tenga información de cómo éstas han llegado hasta el territorio ancestral de los Mayas y de cómo sus semillas están siendo comercializadas en un mercado negro. Según la ley, Monsanto está obligado a reportar esta información a las Secretarías de Gobierno encargadas de aplicar la ley por los riesgos que esto implica para el medio ambiente, la biodiversidad y/o la salud humana, sin embargo parece que no ha presentado reportes ni información al respecto a las autoridades federales. Rodrigo Ojeda, el director jurídico de Monsanto en México, ha ido tan lejos como para declarar que no es responsable por la presencia de su semilla en territorios prohibidos por la ley. Si ellos no asumen la responsabilidad según la LBOGM y su reglamento, y los principios rectores de empresas y derechos humanos, y las autoridades federales son incapaces de vigilar y controlar, entonces no se deberían otorgar permisos para transgénicos en este país.

Esta no es la primera vez que se hace notar que no funciona el sistema de bioseguridad en México. Desde el 2012, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) reportó irregularidades en las etapas experimental y piloto de la soya genéticamente modificada de Monsanto, porque se sembraron miles de hectáreas de este producto fuera de los perímetros permitidos y en Áreas Naturales Protegidas. Esta precariedad del sistema de bioseguridad era una de las razones por las que CONABIO se negó a recomendar la autorización a Monsanto en el 2012. En contra de la ley de ese momento, SEMARNAT desdeñó las razones y la opinión de CONABIO y dio su visto bueno para que se le diera el permiso a Monsanto. Ahora las consecuencias las sufren los Mayas de Campeche al ser fumigados con glifosato y otros químicos todos los días a todas horas desde avionetas, y reportando glifosato en su orina y en el agua que ellos, los Campechanos y muchas otras personas en la península beben a diario.

La situación de impunidad que reportan las comunidades mayas ha llegado a un grado inconcebible. El año pasado el SENASICA, con conocimiento de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM), permitió que los productores que sembraron ilegalmente soya genéticamente modificada en el estado de Campeche (y que tienen además procesos penales en su contra ante la PGR) vendieran su producto en violación de la ley, permitiendo su liberación para fines comerciales, bajo el argumento que era una medida de bioseguridad a fin de evitar su propagación en los siguientes ciclos agrícolas y escudándose en un dictamen de SEMARNAT que fue ilegal y ha sido cuestionado por su falta de imparcialidad y objetividad.

Por otro lado, no hay conocimiento de que se investigue, ni se haya infraccionado a algunas de las empresas que los agricultores señalan como las que les vendieron la semilla en el pasado ciclo agrícola, en este caso: Comercializadora Mayorista del Golfo, S.A. de C.V., Elicamp S.A. de C.V., empresas que venden semillas, entre otros insumos, a través de la organización Los Temporales de Hopelchén, S.P.R de R.L.

Cabe señalar que diversos funcionarios que trabajan en SENASICA-SAGARPA han actuado de mala fe ocultando información a las comunidades Mayas sobre los avances y resultados del monitoreo de siembra de soya transgénica que realizaron durante el 2016 y 2017, desconociendo denuncias presentadas por internet por miembros de esas comunidades, y ordenando que se comercialice soya transgénica aún cuando no existe permiso en esta región del país para hacerlo. Por estas razones, miembros de las comunidades mayas y organizaciones han presentado quejas administrativas contra varios funcionarios. Los servidores públicos que están envueltos en este entramado de opacidad son al menos: Ing. Pedro Macias Canales, Director de Bioseguridad para OGM del Senasica; MVZ Hugo Fragoso Sánchez, Director General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera del Senasica; y el Licenciado Luis Escobar Aubert, Director General Jurídico del Área Jurídica del SENASICA.

Estas irregularidades demuestran que el sistema de bioseguridad en nuestro país no funciona, y únicamente sirve los propósitos de empresas como Monsanto con ambiciones económicas en este ramo. La política pública establecida por las autoridades federales que otorgan dos subsidios importantes a la soya y no cuenta con apoyos generalizados al maíz, se suma a este ambiente de impunidad en materia de transgénicos y pone en riesgo a las comunidades Mayas de la península de Yucatán y a todo México y su patrimonio biocultural. A esta grave situación se agrega que el poder judicial es incapaz y falto de voluntad de proteger los derechos colectivos de los Mayas en la región frente a esta situación. Las sentencias que la Suprema Corte de Justicia de la Nación presume como progresivas en la materia siguen sin cumplirse y sin hacer verdad el derecho de los pueblos a determinarse libremente y decidir por sí mismos lo mejor para sus territorios y sus miembros.

Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C., Greenpeace México, A.C.,  Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. y MA OGM

Para mayor información y entrevistas contactar a Leydy Pech M. a quejamaya@gmail.com

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