El acceso universal y equitativo al agua potable y al saneamiento es una de las metas cuyo cumplimiento progresivo es obligado para el Estado mexicano. Así lo ha reconocido la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, agenda internacional que el gobierno ha ratificado.
En febrero de 2012 se incluyó de manera expresa en el artículo 4º de la Constitución el derecho de toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Esta reforma constitucional estableció un plazo de 360 días para que el Congreso de la Unión expidiera una Ley General de Aguas en la cual deberán definirse las bases, las modalidades y los apoyos para garantizar el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, con la participación de la Federación, los estados, los municipios y la ciudadanía. Al mes de diciembre de 2018 esta legislación no había sido expedida.
Actualmente, prevalece un rezago en el acceso al agua, siendo las personas más afectadas aquellas que se encuentran en condición de pobreza, situación que aumenta su vulnerabilidad. En México existen aún cerca de 9 millones de personas sin acceso al agua potable y 11 millones sin servicios de alcantarillado. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha estimado que para lograr la cobertura universal al 2030, considerando las tasas del crecimiento poblacional en México, deberá encontrarse la manera de dar acceso al agua potable a 36.8 millones de personas e incluir en servicios de alcantarillado a 40.5 millones de habitantes.
Aun logrando la cobertura universal de los servicios de agua potable y saneamiento -lo que podría considerarse el primer paso hacia el cumplimiento del derecho humano al agua-, persisten enormes retos para garantizar el acceso a agua suficiente y segura para las generaciones futuras. Hacer realidad este derecho, además de imponer importantes retos de política pública y presupuestarios, implica contar con agua en cantidad y calidad suficientes. Para ello, es fundamental revertir los procesos de contaminación de cuerpos de aguas que reducen la disponibilidad del vital líquido, además de poner en riesgo la salud de las personas y los ecosistemas. Las comunidades humanas y los territorios se forjan a partir del manejo que se hace del agua. En México, la situación de este vital líquido es muy compleja toda vez que su distribución en el territorio nacional es muy desigual, se encuentra contaminada y existe un manejo pluricultural de la misma.
El agua, por lo tanto, debe ser el elemento integrador y la piedra angular en la construcción de los ordenamientos de planificación (v.gr. Planes de Desarrollo y Ordenamiento Ecológico), razón por la cual es indispensable que se modifique el marco jurídico aplicable en aras de que los instrumentos de planeación del desarrollo y conservación del patrimonio natural sean acordes con el enfoque del manejo integrado de las cuencas.