Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA)
Julio 2022
Disfrutar de un medio ambiente sano es condición indispensable para garantizar la viabilidad de la vida en todas sus formas y para poder ejercer otros derechos humanos. Por ello, de acuerdo con nuestra Constitución, el Estado está obligado a garantizar el respeto al ejercicio de este derecho. De igual forma, nuestra carta magna establece que el daño y deterioro ambiental generan responsabilidad para quien los provoque.
El derecho a un medio ambiente sano es multidimensional y, si bien corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional y de las áreas estratégicas, se debe garantizar que éstas operen bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad, anteponiendo en todo momento la conservación del medio ambiente.
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (LFRA), la Ley General de Cambio Climático (LGCC), la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), la Ley General de Vida Silvestre (LGVS) y la Ley de Aguas Nacionales (LAN), entre otras, son el conjunto de ordenamientos jurídicos que dan vida y contenido al derecho a un medio ambiente sano y cuyo cumplimiento resulta fundamental para garantizarlo.
Es por ello que una violación de dichas leyes, o bien, una omisión en su cumplimiento por parte de las autoridades -de cualquier poder y orden de gobierno- resultan en una afrenta no sólo para garantizar, respetar y proteger el derecho a un medio ambiente sano, sino otros derechos humanos. Esto es así inclusive si se pretende invocar una cuestión de seguridad nacional o argumentar el desarrollo de un área estratégica o prioritaria, pues la Constitución es clara en establecer que el actuar del Estado siempre debe ser integral y sustentable; en otras palabras, no se puede violentar el Estado de Derecho.
El cumplimiento de las leyes, esto es, el respeto al Estado de Derecho, la división de poderes y el efectivo desempeño de las funciones de cada ente de gobierno, son fundamentales para alcanzar la cooperación entre las personas, instituciones y entidades – públicas y privadas -. Asimismo, son condición fundamental para acordar las pautas de desarrollo y los caminos para enfrentar los diversos desafíos políticos, sociales y económicos en pos de una sociedad más justa.
Por otro lado, cabe recordar que las denominadas áreas estratégicas son actividades económicas de producción y/o distribución de bienes y servicios que exclusivamente realiza el gobierno federal por razones de interés general o beneficio social básico para el desarrollo nacional. Son funciones propias de la soberanía económica que, por su significado social y nacional, también deben atenderse con base en el interés general que sólo se garantiza a través del manejo por parte del Estado.
Por su parte, las áreas prioritarias del desarrollo, son las actividades, sectores, productos o servicios de importancia para el desarrollo económico del país y cuyo ejercicio o producción no son exclusivas de la actividad económica reservada al Estado, pues pueden realizarse en forma mixta o bajo responsabilidad exclusiva de particulares u organizaciones sociales.
En lo que respecta a la seguridad nacional, la Ley del mismo nombre la define como “las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano que conlleven a:
Proteger al país frente a riesgos y amenazas;
Preservar la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio;
Mantener el orden constitucional y la unidad de la federación, así como fortalecer las instituciones democráticas de gobierno;
Defender al país frente a otros Estados o sujetos de derecho internacional;
Preservar el régimen democrático fundado en el desarrollo social, económico y político.”
La Estrategia Nacional de Seguridad Pública y el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de México entienden a la seguridad nacional como una condición indispensable para garantizar la integridad y la soberanía nacionales, libres de amenazas contra el Estado, en busca de construir una paz duradera y fructífera. Todas las acciones y políticas para preservar la seguridad nacional se rigen por los principios de legalidad, responsabilidad, confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia, coordinación y cooperación, respeto a los derechos humanos, así como a sus garantías.
Para el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), el que un área o actividad sea estratégica, prioritaria o considerada de seguridad nacional no significa, de ninguna manera, que pueda eximirse del cumplimiento de la ley, pues la rectoría económica y el desarrollo nacional en el cual concurren los sectores público, privado y social, debe atender al beneficio general, cuidando la conservación y el medio ambiente.
Buscamos que la protección y defensa del medio ambiente en México se den bajo una visión de sustentabilidad y del respeto irrestricto de los derechos humanos, anteponiéndose a cualquier interpretación legal, interés económico y político, así como a cualquier proyecto, programa, plan o política pública.
Para vivir con bienestar, las personas necesitamos llevar a cabo nuestras actividades económicas y sociales, de manera segura y en paz; así como disfrutar de la cultura y de espacios de recreación. Nada de lo anterior es posible si no contamos con un medio ambiente sano. Desde el CEMDA hacemos un llamado a todas las instituciones públicas y privadas del país a refrendar nuestro compromiso con el respeto al Estado de Derecho, lo que implica cumplir con la ley, de forma equitativa, justa y con apego a los derechos humanos.