- Afirma la Comisión Nacional de Derechos Humanos que el gobierno de Sonora ha incurrido en desacato de órdenes judiciales y violado los derechos constitucionales al debido proceso, garantía de audiencia y consulta previa del pueblo yaqui.
- Externa la Comisión preocupación por posibles conflictos sociales en el estado.
- El agua debe tratarse como un bien social y cultural y no fundamentalmente como un bien económico.
Para su Publicación
México D.F. 17 de agosto 2012
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) se congratula por la recomendación emitida por la Comisión Nacional de derechos Humanos (CNDH) en torno a la construcción del Acueducto Independencia en el estado de Sonora, en la cual se pide al gobernador, Guillermo Padrés Elías, ordenar que los servidores públicos de dicha entidad acaten los mandamientos judiciales respecto de la suspensión provisional de las obras.
La recomendación de la CNDH confirma las denuncias que han presentado productores agrícolas y organizaciones de la sociedad civil, respecto de que el gobierno de Sonora ha incurrido en violaciones a la ley al incurrir en franco desacato de órdenes judiciales, además de que ha sido omiso «para salvaguardar y respetar el debido proceso, la garantía de audiencia y, específicamente, el derecho a la consulta previa de los integrantes del pueblo yaqui»[1].
De igual forma, la Comisión establece que «contó con elementos que permitieron evidenciar transgresiones a los derechos a la legalidad, seguridad jurídica, desarrollo y trato digno, en agravio de diversos habitantes del estado de Sonora, atribuibles a servidores públicos del gobierno de esa entidad federativa, así como de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por hechos consistentes en el desacato a un mandamiento judicial».
Más grave aún resulta la preocupación advertida por este organismo nacional en torno a que «una inadecuada atención a la problemática social derivada de la instrumentación del proyecto denominado Acueducto Independencia, a cargo del gobierno del estado de Sonora, pueda ser el detonante de un conflicto social, sobre todo por la indebida diligencia que ese gobierno ha mostrado durante el desarrollo del proyecto hídrico a los agraviados».
La CNDH señala al respecto que, en el caso del Acueducto Independencia, la forma como el gobierno de Guillermo Padrés ha enfocado el tema ha generado malestar en diversos grupos sociales pues ha dado la impresión de estar privilegiando a una región, a costa de los recursos de otra, poniendo en riesgo el abasto de agua para el pueblo yaqui.
Desde febrero de 2011, al participar en la consulta pública de este proyecto, el CEMDA señaló que la construcción de esta obra generará alteraciones a los patrones hidrológicos de la región, así como afectaciones negativas a los humedales que son abastecidos de agua por los ríos que se pretenden desviar, aunado al hecho de que la obra pone en riesgo la Región Terrestre Prioritaria (RTP) Bavispe-El Tigre, clasificada así por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), ubicada en la Cuenca del Río Yaqui, así como la Región Hidrológica Prioritaria (RHP) Río Yaqui-Cascada Basaseachic.
El CEMDA considera muy grave que el gobernador interprete esta recomendación como un aval para continuar las obras, puesto que la CNDH recomienda explícitamente al gobernador de Sonora: «Ordenar a quien corresponda, que los servidores públicos de esa entidad federativa, acaten a cabalidad los mandamientos judiciales que se les impongan, especialmente los adscritos al «Fondo de Operación de Obras Sonora Sí», respecto de la suspensión provisional de las obras relacionadas con la licitación y desarrollo del proyecto denominado Acueducto Independencia. Asimismo, se le recuerda que desde octubre de 2010 el gobernador debía haber acatado la suspensión judicial de la licitación y de las obras del Acueducto Independencia.
La recomendación de la CNDH contribuye de forma importante a destacar la importancia de que el Estado mexicano en sus distintos niveles de gobierno garantice, como señala la Constitución, el derecho al agua como un derecho humano, «tratándose éste como un bien social y cultural y no fundamentalmente como un bien económico».
El CEMDA exige al gobierno de Sonora que respete la legalidad y el estado de derecho, aceptando todos los puntos de la recomendación de la CNDH, suspendiendo las obras del Acueducto Independencia y garantizando a los afectados el acceso a la justicia y el derecho al debido proceso, permitiéndoles participar en un proceso de consulta y participación, toda vez que se están afectando derechos humanos fundamentales y poniendo en riesgo la estabilidad social del estado al violentar la garantía de acceso a un recurso vital como es el agua.
[1] Recomendación No. 37/2012 sobre el caso del proyecto «Acueducto Independencia», en el estado de Sonora.México, D.F., a 9 de agosto de 2012. (http://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2012/08/Recomendación-37-2012-2.pdf )
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