El futuro que queremos
I. Nuestra visión común.
Los Jefes de Estado y de Gobierno y los representantes de alto nivel, habiéndose reunido en Río de Janeiro (Brasil) entre el 20 y el 22 de junio de 2012, con la plena participación de la sociedad civil, renovaron su compromiso a favor del desarrollo sostenible y de la promoción de un futuro económico, social y ambientalmente sostenible para nuestro planeta y para las generaciones presentes y futuras.
Se reconoció que la erradicación de la pobreza, la modificación de las modalidades insostenibles y la promoción de modalidades sostenibles de producción y consumo, la protección y ordenación de la base de recursos naturales del desarrollo económico, social y humano, la promoción de un crecimiento sostenido, inclusivo y equitativo, la protección del medio ambiente, el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento de la cooperación internacional son objetivos y requisitos generales del desarrollo sostenible.
II. Renovación del compromiso político.
Reafirmando los principios de Río y los planes de acción anteriores, se buscó revitalizar la voluntad política y elevar el nivel de compromiso internacional para hacer avanzar la agenda de desarrollo sostenible, resolviendo adoptar medidas concretas que aceleren la puesta en práctica de los compromisos con importantes objetivos acordados internacionalmente en materia económica, social y ambiental desde 1992.
Se reconoció que en los 20 años trascurridos desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 los avances han sido desiguales e insuficientes, incluso en lo que respecta al desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. A pesar de los ejemplos de progreso en materia de desarrollo sostenible en los planos regional, nacional, subnacional y local, se subrayó que sigue siendo necesario un entorno propicio nacional e internacional, así como una cooperación internacional ininterrumpida y reforzada, especialmente en las en las esferas de las finanzas, la deuda, el comercio y la transferencia de tecnología según lo acordado mutuamente, y de la innovación, el espíritu de empresa, la creación de capacidad, la transparencia y la rendición de cuentas.
Asimismo, se reconoció la importancia de que todas las instancias pertinentes encargadas de adoptar decisiones participen en la planificación y la aplicación de políticas de desarrollo sostenible. Se reafirmó el papel fundamental que desempeñan los órganos legislativos y de gobierno a todos los niveles, recalcando también que la participación amplia del público, el acceso a la información y los procesos administrativos y judiciales son esenciales en la adopción del desarrollo sostenible; por lo que destaca la participación activa de los grupos principales como los miembros de la sociedad civil, el sector privado, las comunidades científica y tecnológica, los pueblos indígenas, las mujeres, los agricultores, los jóvenes, los trabajadores y los sindicatos, las organizaciones no gubernamentales y otros interesados en el proceso de toma de decisiones.
III. La economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza.
Se considero que la economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza es uno de los instrumentos más importantes disponibles para lograr el desarrollo sostenible y que podría ofrecer alternativas en cuanto a formulación de políticas, pero no debería consistir en un conjunto de normas rígidas, por lo que cada país puede elegir un enfoque apropiado de conformidad con los planes, estrategias y modelos e instrumentos en función de sus circunstancias y prioridades nacionales.
Así, la economía verde debe de aumentar la inclusión social, mejorar el bienestar humano y crear oportunidades de empleo y trabajo decente para todos, manteniendo al mismo tiempo el funcionamiento saludable de los ecosistemas de la Tierra. De esa forma, en Río se reconoció que la adopción de medidas urgentes en relación con las modalidades insostenibles de producción y consumo, cuando ocurran, sigue siendo fundamental para ocuparse de la sostenibilidad ambiental y promover la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica y los ecosistemas, la regeneración de los recursos naturales y la promoción de un crecimiento mundial inclusivo y equitativo.
Por ello, se declaró que es necesario que se tomen en cuentan las oportunidades y los desafíos, así como los costos y los beneficios, de las políticas de la economía verde, por lo que se debe de promover el intercambio de conocimientos, la cooperación técnica y la creación de capacidad. Tomando en cuenta la importancia de evaluar todos los factores sociales, ambientales y económicos y alentando su integración en el proceso de adopción de decisiones, la aplicación de una combinación de medidas a nivel nacional y en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales, incluidas medidas reguladoras, voluntarias y de otra índole, podría promover la economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza.
Así, corresponde al sistema de Naciones Unidas, en colaboración con los donantes y las organizaciones internacionales pertinentes, realizar funciones de coordinación e información en lo que respecta a la asignación de apoyo a los países interesados, al conjunto de instrumentos o mejores prácticas para la aplicación de políticas sobre economía verde y a las metodologías que evalúen el funcionamiento de éstos. Asimismo, se reconoció la función de liderazgo de los gobiernos en la formulación de políticas y estrategias, y se invitó a las empresas, industrias, cooperativas, microempresas y alianzas entre el sector público y privado a que contribuyan al desarrollo sostenible.
IV. Marco institucional para el desarrollo sostenible.
Subrayamos la importancia de fortalecer el marco institucional como medio para el desarrollo sostenible a fin de que responda de forma coherente y eficaz a los desafíos actuales y futuros y reduzca las lagunas en la ejecución de la agenda de desarrollo sostenible. Por ello, éste debería integrar las tres dimensiones del desarrollo sostenible de manera equilibrada y mejorar la aplicación de medidas, entre otras cosas, fortaleciendo la coherencia, la inclusión, la transparencia y la eficacia, coordinando las actividades, evitando la duplicación de esfuerzos, examinando los progresos realizados en la consecución del desarrollo sostenible, y encontrando soluciones comunes para los problemas mundiales relacionados con el desarrollo sostenible.
Así, el marco institucional se basará en un enfoque orientado hacia la obtención de resultados teniendo debidamente en cuenta todas las cuestiones intersectoriales pertinentes con el fin de contribuir a llevar a efecto el desarrollo sostenible y subrayará la importancia de los vínculos entre cuestiones y problemas fundamentales y la necesidad de afrontarlos con un enfoque sistemático en todos los niveles pertinentes.
Se buscó el fortalecimiento de los mecanismos intergubernamentales de desarrollo sostenible, reconociendo la importancia vital de contar con un sistema multilateral eficaz, inclusivo, transparente, reformado y fortalecido a fin de abordar mejor los problemas mundiales urgentes que obstaculizan el desarrollo sostenible, reconociendo la universalidad y el papel central de las Naciones Unidas, así como la importancia de fortalecer la coherencia y coordinación en todos los organismos de éstas.
Se decidió establecer un foro político de alto nivel de carácter intergubernamental y universal que aproveche las experiencias, los recursos y las modalidades de participación inclusiva de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, y que posteriormente la reemplace. Éste vigilará la aplicación de los planes de desarrollo sostenible y debería evitar la superposición de tareas entre las estructuras, los órganos y las entidades de una manera eficaz en función de los costos.
Este foro proporcionará liderazgo político, orientación y recomendaciones; mejorará la integración de las tres dimensiones del desarrollo sostenible de manera global e intersectorial en todos los niveles; proporcionará una plataforma dinámica para un diálogo periódico y para la evaluación y elaboración de programas que promuevan el desarrollo sostenible; examinará los progresos realizados en el cumplimiento de los compromisos; mejorará la cooperación y la coordinación de políticas y programas; y tendrá una agenda específica, dinámica y orientada a la acción que tenga debidamente en cuenta los nuevos problemas relacionados con el desarrollo sostenible.
Se reafirmó la necesidad de fortalecer la gobernanza ambiental internacional en el marco institucional para el desarrollo sostenible, a fin de promover la integración equilibrada de las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo sostenible. Por ello, los Estados se comprometieron a fortalecer la función del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) como principal autoridad ambiental mundial que establece las actividades mundiales en pro del medio ambiente, y se subrayaron la necesidad de seguir examinando periódicamente el entorno cambiante de la Tierra y sus efectos sobre el bienestar de los seres humanos, acogiendo iniciativas como el proceso de los informes “Perspectivas del Medio Ambiente Mundial”, cuyo objetivo es reunir información y evaluaciones del medio ambiente y fomentar la capacidad nacional y regional para apoyar la adopción de decisiones informadas.
Se reconoció que el desarrollo sostenible debería incorporarse en las actividades de los programas, fondos y organismos especializados de las Naciones Unidas, otras entidades pertinentes como las instituciones financieras internacionales y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Por ello, se reafirmó la importancia de ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en los procesos internacionales de adopción de decisiones y establecimiento de normas, tomando nota de las recientes e importantes decisiones adoptadas en relación con la reforma de las estructuras de gobernanza, las cuotas y los derechos de voto de las instituciones de Bretton Woods, que incrementan la influencia y la participación de los países en desarrollo.
Asimismo, se alentó a las autoridades regionales, nacionales, subnacionales y locales a que elaboren estrategias de desarrollo sostenible y las utilicen como principales instrumentos para orientar la adopción de decisiones y las actividades de desarrollo sostenible a todos los niveles, promoviendo el acceso a la información, la participación del público en la adopción de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
V. Marco para la acción y el seguimiento.
Para renovar el compromiso político en favor del desarrollo sostenible, y para abordar los temas de la economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza y del marco institucional para el desarrollo sostenible, los Estados se comprometieron a afrontar los problemas nuevos y aprovechar las nuevas oportunidades mediante la adopción de las medidas enunciadas en diferentes esferas temáticas y cuestiones intersectoriales.
En materia de erradicación de la pobreza se reconoció que los progresos han sido uniformes y que el número de personas que viven en la pobreza va en aumento, constituyendo las mujeres y los niños la mayoría de los grupos más afectados, especialmente en los países menos adelantados y, en particular, en África. A este respecto, se puso de relieve que las iniciativas nacionales de los países en desarrollo deberían apoyarse en un entorno que contribuya a ampliar las oportunidades de desarrollo de esos países, haciendo frente a las causas profundas y a los desafíos de la pobreza mediante estrategias integradas, coordinadas y coherentes en todos los niveles. Por ello, se reconoció que promover el acceso universal a los servicios sociales puede contribuir de manera importante a la consolidación de los beneficios ya logrados en materia de desarrollo y al logro de otros nuevos.
Se reconoció que la seguridad alimentaria y la nutrición se han convertido en un desafío mundial apremiante, por lo que se reafirmó el compromiso de aumentar la seguridad alimentaria y el acceso de las generaciones actuales y futuras a alimentos suficientes, sanos y nutritivos. De igual forma, se reconoció el papel importante que las comunidades rurales desempeñan en el desarrollo económico de muchos países, pues gran parte de los pobres del mundo habitan estas zonas. Por ello se consideró necesario revitalizar los sectores de la agricultura y el desarrollo rural y aumentar el acceso de los productores agrícolas, las agricultoras, los indígenas y las personas que se encuentran en situaciones vulnerables, a créditos y otros servicios financieros, mercados, regímenes seguros de tenencia de la tierra, atención de la salud, servicios sociales, educación, capacitación, conocimientos, y tecnologías apropiadas y asequibles, en particular para el regadío eficaz, la reutilización del agua residual tratada y la captación y el almacenamiento de agua.
De esta forma, se reafirmó la necesidad de promover una agricultura más sustentable que mejore la seguridad alimentaria, erradique el hambre y sea económicamente viable, conservando a la vez los ecosistemas. Destacó también la necesidad de abordar las causas fundamentales de la excesiva inestabilidad de los precios de los alimentos, incluidas sus causas estructurales, en todos los niveles, y de gestionar los riesgos derivados del alza de los precios de los productos básicos agrícolas y sus consecuencias para la seguridad alimentaria y la nutrición a nivel mundial, así como para los pequeños agricultores y los pobres de las zonas urbanas.
En lo referente al agua y saneamiento, se reconoció que el agua está estrechamente vinculada a diversos desafíos mundiales por lo que es importante integrar los recursos hídricos y su saneamiento en las tres dimensiones del desarrollo sostenible. Por ello, se reafirmó el compromiso de reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que carezcan de acceso al agua potable y al saneamiento básico y de elaborar planes de gestión integrada y aprovechamiento eficiente de los recursos hídricos, asegurando el uso sostenible de esos recursos. Además, se reafirmó un compromiso relativo al derecho humano al agua potable y el saneamiento, que ha de hacerse efectivo gradualmente respetando la soberanía nacional. Finalmente, se subrayo la necesidad de adoptar medidas para reducir la contaminación del aguay mejorar su calidad y para hacer frente a inundaciones, sequías y escasez de agua, mediante un equilibro entre el suministro y la demanda y mejoras en el tratamiento de aguas residuales.
En materia de energía, se reconoció que el acceso a servicios energéticos modernos y sostenibles contribuye a erradicar la pobreza, mejorar la salud y satisfacer las necesidades humanas básicas. Por ello, los Estados se comprometieron a facilitar la prestación de apoyo para que obtengan acceso a esos servicios los 1.400 millones de personas de todo el mundo que actualmente no disponen de ellos. Se consideró necesario movilizar recursos financieros suficientes, de manera que en los países en desarrollo se puedan proporcionar servicios de ese tipo que sean fiables, de costo razonable, económicamente viables y social y ambientalmente aceptables. Asimismo, se promovió uso de fuentes de energía renovables y otras tecnologías de bajas emisiones, el uso más eficiente de la energía, la mayor utilización de tecnologías energéticas avanzadas, incluidas tecnologías menos contaminantes de aprovechamiento de los combustibles fósiles, y el uso sostenible de los recursos energéticos tradicionales; reconociendo también que mejorar la eficiencia energética, aumentar la proporción de energía renovable y usar tecnologías menos contaminantes y de alto rendimiento energético son elementos importantes para el desarrollo sostenible, incluso para hacer frente al cambio climático.
Se observó la necesidad de apoyar las actividades de turismo sostenible y la creación de capacidad que permitan crear conciencia ambiental, conservar y proteger el medio ambiente, respetar la diversidad cultural y aumentar el bienestar y mejorar los medios de vida de las comunidades locales apoyando a las economías locales y el medio humano y natural en su conjunto, lo que al tener estrechos vínculos con otros sectores puede crear empleo decente y generar oportunidades comerciales. Por ello, se considera necesario fomentar las inversiones en el turismo sostenible, incluyendo el ecoturismo y el turismo cultural.
Posteriormente, se reconoció que el transporte sostenible puede intensificar el crecimiento económico y mejorar el acceso, mejorando la integración de la economía y a la vez respetando el medio ambiente. Así, la circulación eficiente de personas y mercancías y el acceso a sistemas de transporte ambientalmente racionales, seguros y asequibles son medios para mejorar la equidad social, la salud, la resiliencia de las ciudades, los vínculos entre las zonas urbanas y las rurales y la productividad de las zonas rurales. Por ello, los Estados apoyaron el desarrollo de sistemas de transporte sostenibles, entre ellos sistemas de transporte multimodal que sean eficientes energéticamente, en particular de transporte público, combustibles y vehículos no contaminantes, así como sistemas de transporte mejorados en las zonas rurales.
También se reconoció la necesidad de aplicar un enfoque holístico del desarrollo urbano y los asentamientos humanos que prevea viviendas e infraestructuras asequibles y priorice la mejora de los barrios marginales y la renovación urbana. Por ello, los Estados se comprometieron a promover un enfoque integrado de la planificación y construcción de ciudades y asentamientos urbanos sostenibles, desarrollando la prestación de servicios sociales y de vivienda inclusivos, condiciones de vida seguras y saludables, transporte y energía asequibles y sostenibles, agua potable y saneamiento, una buena calidad del aire, protección y restablecimiento de espacios urbanos verdes y seguros, u la gestión sostenible de desechos mediante la aplicación del principio de las “3 erres” (reducción, reutilización y reciclado).
En materia de salud y población, se observó la importancia de una cobertura sanitaria universal para fomentar la salud, la cohesión social y el desarrollo humano y económico sostenibles., por lo que los Estados se comprometieron a reforzar los sistemas de salud para proporcionar una cobertura universal equitativa. Para ello, se pidió una mayor cooperación a nivel nacional e internacional para reforzar los sistemas de salud mediante una mayor financiación de la sanidad, la contratación, desarrollo, capacitación y retención del personal sanitario, una mejor distribución y acceso a fármacos, vacunas y tecnologías médicas seguros, asequibles, efectivos y de calidad y una mejor infraestructura de salud.
Asimismo, se buscó la promoción del empleo pleno y productivo, de un trabajo decente para todos y de protección social, mediante la inversión y el desarrollo de infraestructuras sociales y económicas sólidas, efectivas y eficientes y capacidades de producción para lograr el desarrollo sostenible y un crecimiento económico sostenido, inclusivo y equitativo. Con ello, se reconoció que los trabajadores deberían tener acceso a la educación, las capacidades, los cuidados de salud, la seguridad social, los derechos fundamentales en el trabajo, las protecciones sociales y jurídicas, incluida la seguridad y la salud en el trabajo, y oportunidades de trabajo decente.
Se destacó la importancia de la conservación y uso sostenible de los océanos y mares y sus recursos para el desarrollo sostenible, en particular mediante su contribución a la erradicación de la pobreza, el desarrollo económico sostenido, la seguridad alimentaria, la creación de medios de vida sostenibles y trabajo decente, y al mismo tiempo, la protección de la biodiversidad y el medio marino y las medidas para hacer frente a los efectos del cambio climático. Se observó que el aumento del nivel del mar y la erosión costera suponen una seria amenaza para muchas regiones costeras e islas, por lo que se exhortó a la comunidad internacional a que aumente sus esfuerzos por hacer frente a esos problemas. Asimismo, se promovieron medidas para evitar la acidificación y fertilización de los océanos y para restaurar las poblaciones de peces y proteger los ecosistemas marinos.
En lo referente a los pequeños Estados insulares en desarrollo, se reafirmó que los pequeños Estados insulares en desarrollo siguen constituyendo un caso especial para el desarrollo sostenible debido a sus vulnerabilidades únicas y particulares, entre ellas su pequeño tamaño, el alejamiento, la limitada base de recursos y exportaciones y la susceptibilidad a los problemas ambientales mundiales y las conmociones económicas externas, incluyendo una amplia gama de efectos del cambio climático y desastres naturales potencialmente más frecuentes e intensos. Por ello se pide a los Estados a que brinden asistencia a éstos para que puedan hacer frente a los muchos desafíos actuales y emergentes a que se enfrentan para lograr el desarrollo sostenible.
En cuanto a los países menos adelantados, se busca lograr que la mitad de los éstos cumplan los criterios para quedar excluidos de la lista de países menos adelantados para 2020. Por otro lado, se busca construir, mantener y mejorar las instalaciones de transporte y almacenamiento y otros servicios relacionados con el tránsito, incluso para encontrar rutas alternativas, concluir las conexiones que falten y mejorar la infraestructura de comunicaciones y energía a fin de apoyar el desarrollo sostenible de los países menos adelantados sin litoral.
Asimismo, se subrayó que siguen existiendo problemas importantes para lograr el desarrollo sostenible de África, por lo que se exhortó a la comunidad internacional a que aumente su apoyo y cumpla los compromisos para promover medidas en esferas fundamentales para el desarrollo sostenible del continente. Por otro lado, se alentó a que se emprendan medidas regionales coordinadas para promover el desarrollo sostenible.
Posteriormente, se abordó la necesidad de abordar la reducción del riesgo de desastres y el aumento de la resiliencia ante los desastres con un renovado sentido de urgencia en el contexto del desarrollo sostenible, para lo que se invitó a los gobiernos a todos los niveles, así como a las organizaciones subregionales, regionales e internacionales, a que comprometan recursos adecuados, oportunos y predecibles para la reducción del riesgo de desastres a fin de aumentar la resiliencia de las ciudades y las comunidades ante los desastres, según sus propias circunstancias y capacidades. También se reconoció la importancia de los sistemas de alerta temprana como parte de una reducción efectiva del riesgo de desastres para reducir los daños económicos y sociales, incluida la pérdida de vidas humanas, por lo que se alentó a los Estados a que integren esos sistemas en sus estrategias y planes nacionales de reducción del riesgo de desastres.
De la misma forma, se reafirmó que el cambio climático es uno de los mayores problemas de nuestro tiempo. En este sentido, se subrayó que la adaptación al cambio climático representa una prioridad mundial inmediata y urgente. Para ello, es necesaria la cooperación más amplia posible y la participación de todos para acelerar la reducción de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, así como movilizar financiación para apoyar medidas de mitigación nacionales apropiadas, medidas de adaptación, desarrollo y transferencia de tecnologías y aumento de la capacidad en los países en desarrollo.
Se resaltaron los beneficios sociales, económicos y ambientales que tiene los bosques para las personas, por lo que se apoyaron las políticas intersectoriales e interinstitucionales que promuevan la ordenación sostenible de los bosques. Asimismo, se pidieron mayores esfuerzos para lograr la ordenación sostenible de los bosques, la reforestación, la restauración y la forestación. Por ello, se observó la importancia de iniciativas en curso como la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques en los países en desarrollo, y el papel de la conservación, la ordenación sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono en los países en desarrollo.
También se reconoció la gravedad de la pérdida mundial de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas, reafirmando el valor intrínseco de la diversidad biológica y el papel primordial que desempeña en el mantenimiento de ecosistemas que prestan servicios esenciales, por lo que es importante consolidar la resiliencia de los ecosistemas e incorporar la consideración de los efectos y beneficios socioeconómicos de la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y sus componentes, así como los ecosistemas que proporcionan servicios esenciales, en los programas y políticas pertinentes a todos los niveles.
Destacó también que la desertificación, la degradación de la tierra y la sequía son problemas con una dimensión mundial que siguen suponiendo un serio desafío para el desarrollo sostenible de todos los países, en particular los países en desarrollo. Por ello, se consideró necesario tomar medidas coordinadas urgentes a nivel nacional, regional e internacional para vigilar, globalmente, la degradación del suelo y restaurar tierras.
Re reconoció la importancia y la vulnerabilidad de los ecosistemas montañosos, por lo que se invitó a hacer más esfuerzos para conservarlos, incluida su biodiversidad, especialmente mediante la incorporación de políticas específicas para las montañas en las estrategias nacionales de desarrollo sostenible, que podrían incluir, entre otras cosas, planes y programas de reducción de la pobreza en las zonas montañosas, en especial en los países en desarrollo.
Asimismo, se reconoció que una gestión racional de los productos químicos es fundamental para la protección de la salud humana y el medio ambiente. Por ello, se reafirmó el objetivo de conseguir para 2020 una gestión racional de los productos químicos durante todo su período de actividad y de los desechos peligrosos de manera que se minimicen los efectos adversos significativos en la salud humana y el medio ambiente, así como el compromiso de un enfoque para la gestión racional de los productos químicos y los desechos a todos los niveles que responda de manera efectiva, eficiente, coherente y coordinada a las cuestiones y problemas nuevos y emergentes.
Se subrayó que indispensable lograr cambios fundamentales en la manera en que las sociedades consumen y producen para lograr el desarrollo sostenible mundial. Así, los países reafirman los compromisos realizados para eliminar los subsidios perjudiciales e ineficientes a los combustibles fósiles que alientan a un consumo derrochador y socavan el desarrollo sostenible. Para ello, se adoptó el marco decenal de programas sobre modalidades de consumo y producción sostenibles.
Así como se reconoció el papel de la minería en el desarrollo económico y social, también se reafirmó que las actividades mineras deben aumentar al máximo los beneficios sociales y económicos y abordar de manera efectiva los efectos negativos ambientales y sociales. En este sentido, se subrayó que los gobiernos necesitan una gran capacidad para desarrollar, gestionar y reglamentar sus industrias mineras en interés del desarrollo sostenible.
Los Estados también reafirmaron su compromiso con el derecho a la educación, buscando lograr el acceso universal a la educación primaria, especialmente en los países en desarrollo. Como condiciones esenciales del desarrollo sostenible se encuentran una educación de calidad, la igualdad de acceso a la educación para los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, las minorías étnicas, las comunidades locales y las personas que viven en zonas rurales. Para ello es necesario mejorar los sistemas educativos, especialmente a través de una mayor cooperación internacional, la consolidación y fortalecimiento de la infraestructura educativa y el aumento de la inversión en educación.
Finalmente, se reconoció que la persistencia de las desigualdades sociales, económicas y políticas no ha permitido aprovechar plenamente el potencial de las mujeres para colaborar con el desarrollo sostenible, por lo que se apoyó la priorización de medidas para promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres en todas las esferas de nuestras sociedades, incluida la eliminación de las barreras para su participación plena y en pie de igualdad en la toma de decisiones y la gestión a todos los niveles.
Por ello, se consideró necesaria la formulación de objetivos para la puesta en marcha de medidas concretas y coherentes sobre el desarrollo sostenible, basados en el Programa 21 y en el Plan de Aplicación de las Decisiones de Johannesburgo y que respeten todos los Principios de Río y los Objetivos de Desarrollo de Milenio. Éstos deben ajustarse al derecho internacional, basarse en compromisos ya contraídos y estar orientados a la acción. A su vez, éstos deben ser ambiciosos, tener un carácter global y ser universalmente aplicables a todos los países, teniendo en cuenta las diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo nacionales y respetando las políticas y prioridades nacionales.
VI. Medios de ejecución.
Los medios de ejecución señalados en anteriores compromisos ya contraídos son indispensables para lograr que los compromisos de desarrollo sostenible se traduzcan de manera plena y efectiva en resultados tangibles de desarrollo sostenible. Asimismo, se reiteró que cada país debe de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo económico y social a través de políticas nacionales, recursos internos y estrategias de desarrollo. Sin embargo, países en desarrollo necesitan recursos adicionales para alcanzar el desarrollo sostenible, por lo que es necesaria la movilización de recursos y el uso eficaz de los fondos.
En primer lugar, se exhortó a todos los países a que prioricen el desarrollo sostenible en la asignación de recursos según las prioridades y necesidades nacionales, reconociendo la importancia fundamental de aumentar el apoyo financiero de todas las fuentes para el desarrollo sostenible de todos los países, en particular los países en desarrollo. Por ello, se reconoció la importancia de los mecanismos financieros internacionales, regionales y nacionales para implementar programas de desarrollo sostenible, y se pidió su fortalecimiento e implementación.
Se convino en establecer un proceso intergubernamental bajo los auspicios de la Asamblea General, con el apoyo técnico del sistema de las Naciones Unidas y en consulta amplia y abierta con las instituciones financieras internacionales y regionales pertinentes. El proceso evaluará las necesidades de financiación, tendrá en cuenta la eficacia, la coherencia y las sinergias de los instrumentos y marcos existentes y evaluará las iniciativas adicionales, con miras a preparar un informe en que se propongan opciones sobre una estrategia efectiva de financiación para el desarrollo sostenible a fin de facilitar la movilización de recursos y su aprovechamiento efectivo en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Pondrá en marcha este proceso un comité intergubernamental, integrado por 30 expertos designados por los grupos regionales, con una representación geográfica equitativa, cuya labor concluirá en 2014.
Se buscó mejorar y ampliar la repercusión del AOD en el desarrollo y se reiteró el apoyo a la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y a la cooperación triangular. Se invitó a instituciones financieras internacionales a que proporcionen recursos financieros para promover el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza; así como al sector privado a contribuir al crecimiento económico y promover el desarrollo sostenible. Finalmente, se consideró que los mecanismos de financiación innovadores pueden contribuir positivamente a ayudar a los países en desarrollo a movilizar recursos adicionales para financiar el desarrollo con carácter voluntario.
También se hizo hincapié en la importancia de la transferencia de tecnología a los países en desarrollo, haciendo un llamamiento para promover, facilitar y financiar el acceso a las tecnologías ambientalmente racionales y los conocimientos especializados correspondientes, así como su desarrollo, transferencia y difusión en condiciones favorables, inclusive en condiciones de favor y preferenciales, según arreglos mutuamente convenidos. Ello reconoció la importancia de la inversión extranjera directa, el comercio internacional, la cooperación internacional y el fortalecimiento de la capacidad científica y tecnológica nacional.
Se recalcó la necesidad de crear una mayor capacidad para el desarrollo sostenible y, en este sentido, se pidió el fortalecimiento de la cooperación técnica y científica, incluidas la cooperación Norte-Sur y Sur-Sur y la cooperación triangular. Ello reiteró la importancia de desarrollar los recursos humanos, incluidos la formación, el intercambio de experiencias y conocimientos, la transferencia de conocimientos y la asistencia técnica para la creación de capacidad, lo que implica fortalecer la capacidad institucional, incluidas las capacidades de planificación, gestión y supervisión.
También se reafirmó que el comercio internacional potencia el desarrollo y el crecimiento económico sostenido, por lo que un sistema comercial multilateral universal, reglamentado, abierto, no discriminatorio y equitativo, a través de la liberalización del comercio y la eliminación de subsidios perjudiciales, beneficia a todos los países para que avancen hacia el desarrollo sostenible.
Finalmente, se invita al Secretario General de Naciones Unidas para que recopile los compromisos asumidos voluntariamente en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible y en 2012 y facilite el acceso a otros registros similares en un registro en Internet, proveyendo de información transparente y accesible al público, actualizada periódicamente.