· El 27 de septiembre 15 naciones, incluido México, firmaron el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
·Es el primer tratado de la historia que incluye disposiciones específicas para proteger a personas defensoras del medio ambiente y los derechos humanos de las comunidades originarias.
Organizaciones de la sociedad civil hicieron llegar el pasado miércoles 7 de noviembre, al presidente de México, Enrique Peña Nieto, una carta en la que le solicitan turnar, a la brevedad, al Senado de la República, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, para lograr su ratificación lo más pronto posible.
El pasado 27 de septiembre en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, se logró la firma del citado acuerdo, conocido como Acuerdo de Escazú, por parte de quince Estados latinoamericanos. Este hecho fue celebrado como una gran victoria para el medio ambiente y los derechos humanos, pues abre la puerta para la efectiva protección a las personas defensoras de los derechos humanos.
El Acuerdo de Escazú es el primer tratado de la historia que incluye disposiciones específicas para proteger a las personas defensoras del medio ambiente; y es una herramienta novedosa para la defensa de los derechos humanos de las comunidades originarias, planteando un ejemplo para el mundo entero.
El paso siguiente y necesario para que dicho Acuerdo pueda entrar en vigor y puedan empezar a adoptarse las medidas conducentes para asegurar su plena implementación, es que sea ratificado por el Senado mexicano. Por esa razón, se requiere que el Ejecutivo lo haga llegar cuanto antes a esta Cámara legislativa.
La sociedad civil reconoce al Estado mexicano por haber dado este importante paso en beneficio de los de derechos de las personas defensoras de derechos humanos. Asimismo, exhorta a la presente administración federal a concluir su gestión dando muestra de congruencia, permitiendo que este proceso avance hasta la plena implementación del Acuerdo. De esta forma, probará en los hechos su voluntad de dotar a la región de los más altos estándares en materia de protección a los derechos humanos y ambientales.
