Más de tres meses han pasado desde la Conferencia de las Partes (COP21), órgano supremo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), donde 195 países adoptaron el Acuerdo de París. Este busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para mantener la temperatura global promedio por debajo de 2ºC respecto de la era preindustrial y proseguir los esfuerzos para evitar su incremento por encima de 1.5ºC, con el fin de encarar los riesgos e impactos negativos del cambio climático.

Con el acuerdo alcanzado en París cada gobierno tiene la tarea y la responsabilidad ética de llevar a cabo sus planes de acción y trabajar para la necesaria e inminente descarbonización de las economías y la redefinición de las relaciones con la naturaleza bajo nuevos patrones de producción y consumo como la única ruta posible hacia la conservación y el respeto de la vida en el planeta. Además deben garantizar que los flujos de financiamiento sean consistentes con el desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero y resiliente al clima, tal y como lo indica el Acuerdo de París.
Por tal motivo, las organizaciones de América Latina y el Caribe, urgen a los Gobiernos a:
  • Participar en la ceremonia oficial de la firma del Acuerdo de París, convocado por el Secretario General de las Naciones Unidas, este 22 de abril y reforzar sus compromisos nacionales.
  • Avanzar con los respectivos procesos de ratificación del Acuerdo de París en sus Congresos Legislativos y/o nacionales para su aplicación en las políticas públicas.
  • Impulsar la preparación de estrategias de desarrollo de largo plazo. Esta visión deberá enmarcar y direccionar las medidas de cada país, de tal manera que no solo promuevan una transición justa y segura para un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, sino también la preparación proactiva de todos los sectores ante los impactos crecientes del cambio climático.
  • Implementar medidas urgentes de mitigación y adaptación durante los próximos cinco años (2016- 2020) hasta que el nuevo acuerdo entre en vigencia. Estas medidas deben estar orientadas a: Acelerar la transición energética, tanto desde el punto de vista de políticas públicas como en materia de infraestructura, a fin de abandonar el uso de combustibles fósiles e impulsar el aprovechamiento de la energía renovable a diversas escalas, y particularmente para el uso local; mejorar el transporte urbano eficiente e incentivar la movilidad no motorizada; reducir la deforestación y la degradación; y preparar sectores productivos clave ante los impactos del cambio climático. La toma de medidas de corto plazo será fundamental para responder con la urgencia necesaria al desafío que enfrentamos, aprovechar oportunidades emergentes, orientar a las inversiones para que estén alineadas a la estabilidad climática y la resiliencia social y preparar el terreno para una implementación más efectiva de las contribuciones nacionales (INDCs) post-2020.
  • Asegurar la coherencia entre los compromisos establecidos en las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (INDC por sus siglas en inglés) y los instrumentos de planificación nacional de tal manera que se garantice la transparencia, y rendición de cuentas en su preparación e implementación y aprovechar el período que se da desde la firma del acuerdo hasta el 2018 para identificar nuevas oportunidades para aumentar la ambición de dichos compromisos, y demostrar una voluntad real frente a los compromisos derivados del Acuerdo de París y la propia Convención.
  • Abandonar el uso de la energía nuclear, las técnicas de fractura hidráulica (fracking), construcción de hidroeléctricas de gran escala, la captura y secuestro artificial de carbono y otras prácticas tecnológicas cuyos beneficios son inciertos y de los cuales las externalidades ambientales y sociales son mayores a las soluciones que proporcionan.
  • Desarrollar políticas ambiciosas de protección y uso sostenible de los ecosistemas naturales, recursos hídricos y zonas marino costeras de la región, incorporando proactivamente un enfoque ecosistémico para todo proyecto de inversión pública o privada.
  • Crear estrategias nacionales de financiamiento climático que ayuden a la implementación de las acciones de manera coherente y armónica con las prioridades de los países y garantizar la creación de sistemas de medición, reporte y verificación del financiamiento que llega a los países y que se otorga vía presupuestos públicos para dar seguimiento y evaluación y garantizar la efectividad del mismo.
  • Fortalecer los espacios y mecanismos efectivos de coordinación nacional entre los distintos actores del Estado incluyendo a los gobiernos subnacionales; así como generar mecanismos eficaces de diálogo y participación de diversos actores de la sociedad civil (pueblos indígenas, juventud, ONG, privados, mujeres, academia y organizaciones religiosas), para permitir un trabajo inclusivo y resolutivo en torno a la gestión y revisión de los avances de las NDC y el Acuerdo de París a nivel nacional.
  • Poner fin a la criminalización y persecución de representantes y líderes en la defensa del ambiente y, específicamente, al gobierno de Honduras que avance con la investigación sobre el asesinato de Berta Cáceres, reconocida líder ambiental, así como juzgue a los responsables con el debido rigor.
  • Tomar medidas efectivas en favor de las comunidades ya afectadas por el cambio climático, que generalmente son las más empobrecidas de América Latina, entre ellas las poblaciones indígenas y campesinas.
Asimismo es importante que los organismos regionales colaboren en el proceso de cumplimiento del Acuerdo, por tal motivo:
  • Solicitamos al Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), promover en los Congresos legislativos de cada país de América Latina y Caribe la ratificación del Acuerdo de París.
  • Invocamos a UNASUR y CELAC a hacer todo el esfuerzo a nivel regional para que los Gobiernos cumplan con avanzar los compromisos del Acuerdo y trabajar en el desarrollo de posturas conjuntas para la próxima Conferencia de las Partes (COP 22).
Recordamos a los líderes y representantes de América Latina y el Caribe, el llamado del Papa Francisco en su encíclica «Laudato Si» a detener el cambio climático y promover estilos de vida en armonía con la naturaleza (al cual se han unido alrededor de 900.000 firmas de la Petición Católica por el Clima que han sido entregadas en la COP21 en París).
Instamos a las organizaciones, redes y movimientos a sumar esfuerzos conjuntos, para la vigilancia y el seguimiento al Acuerdo de París para que los Gobiernos cumplan sus compromisos y aseguren un futuro saludable para nuestros pueblos, nuestros hijos e hijas y nuestro planeta.
Organizaciones y redes firmantes:
 
1. Acción Ecológica, Chile
2. Acción por la Tierra, Chile
3. Aclimatando, Argentina
4. Adapt-Chile, Chile
5. Alianza Mexicana contra el Fracking, México
6. Ambiente, Desarrollo y Capacitación (ADC), Honduras
7. Asociación Ambiente y Sociedad, Colombia
8. Asociación Amigos de los Parques Nacionales, Argentina
9. Asociación Civil Radio Marañón, Perú
10. Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo (AUAS), México
11. Asociación Jóvenes en Red El Salvador
12. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), Perú
13. Centro Columbano de Estudios Misioneros, Perú
14. Centro de Análisis e Investigación, México
15. Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo S.J.» (CSMM), Ecuador
16. Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES), Uruguay
17. Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales (CELEAM), Colombia y México
18. Centro Mesoamericano de Estudios sobre Tecnología Apropiada, Guatemala
19. Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), México
20. Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas (CEUTA), Uruguay
21. Climate Action Network Latinoamérica (CAN LA)
22. Club Botánico Ambiental, Colombia
23. CO2.cr, Costa Rica
24. Colegio San Bernardino, Colombia
25. Comisión Interdisciplinaria de Medio Ambiente (CIMA), Argentina
26. Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas (COMCAUSA), México
27. Consejo Latinoamericano de Iglesias, Ecuador
28. Cristianos en Red, Uruguay
29. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Perú
30. Derechos Humanos y Medio Ambiente, Perú
31. Diálogo Energético, Minero y Extractivo Latinoamericano, Colombia
32. ECOBIO Uruguay
33. Ecoclubes Pergamino, Argentina
34. Encuentro Ciudadano Lagunero, México
35. Engajamundo, Brasil
36. Familia Espiritual «Carlos de Foucauld», Uruguay
37. Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (FOCO), Argentina
38. Foro del Buen Ayre (FOROBA), Argentina
39. Foro Social Panamazonico, Perú
40. Freshwater Action Network, México
41. Fuerzas Unidas por un Mejor Planeta (FUMPLA), Venezuela
42. Fundación Biosfera, Argentina
43. Fundación Corazones Unidos para Servir (FCUS), Colombia
44. Fundación Myrna Mack, Guatemala
45. Fundación Solar, Guatemala
46. Fundación Terram, Chile
47. Fundación TIDO (Trabajo, Investigación, Desarrollo y Organización), Argentina
48. Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC)
49. Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia (GTCCJ), Bolivia
50. Grupo Luna Nueva, Uruguay
51. Grupo Siembra, Perú
52. Instituto de Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable (IDEADS), Guatemala
53. Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa (IDEAC), República Dominicana
54. Instituto de Estudios de las Culturas Andinas (IDECA), Perú
55. Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, México
56. Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JUPIC) – Claretianos, Chile
57. Klimaforum Latinoamérica Network (KLN), Colombia
58. Llamado Global de Acción Ante la Pobreza, Región LAC, El Salvador
59. Mesa Nacional de Cambio Climático Guatemala
60. Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo (MNGR), Nicaragua
61. Movimiento Católico Mundial por el Clima, Punto focal Ecuador
62. Movimiento Ciudadano «Para Que No Se Repita», Perú
63. Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), Perú
64. Movimiento climático de Jóvenes Colombianos (MCJC), Colombia
65. NOA Sustentable, Argentina
66. Nuestra Sra. de los Dolores y Transito de San José, Argentina
67. Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), Perú
68. Pastoral Social Diócesis alto Valle de Rio Negro, Argentina
69. Pax Christi International, Bélgica
70. Plataforma Colombiana frente al Cambio Climático, Colombia
71. Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD Regional), Ecuador
72. Programa Internacional sobre Democracia, Sociedad y Nuevas Economías- Universidad de Buenos Aires, (PIDESONE- UBA), Argentina
73. Reacción Climática, Bolivia
74. Red Colombiana para la Defensa de los Derechos Humanos, el Medio Ambiente y la Paz, Colombia
75. Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas (RLIE), Perú
76. Red Muqui, Perú
77. Red Nacional Jóvenes de Ambiente, Colombia
78. Red Regional Agua Desarrollo y Democracia, Perú
79. Red Uniendo Manos, Perú
80. Red Universitaria Ambiental nodo Universidad Nacional Ingeniera, Perú
81. Red Uruguaya de ONG´s Ambientalistas, Uruguay
82. Sostenibilidad Forestal y Ambiental (SFA), Perú
83. Viração Educomunicação, Brasil
Para recibir adhesiones al comunicado aquí el link: http://goo.gl/forms/4jzvl6Acfj
Para mayor información:
 
Antonio Zambrano
Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático-MOCICC
Fabián Campos
Movimiento Católico Mundial por el Clima
Osver Polo Carrasco
Miembro MOCICC