De acuerdo con el proceso de aprobación de tratados internacionales en México, el Senado de la República dio su aprobación al Acuerdo de París tras considerar la pertinencia del mismo conforme al marco jurídico nacional. Al respecto, el 14 de septiembre de 2016 emitió un decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que indica la aprobación del tratado en el país. Así, el Poder Ejecutivo ya está en condiciones de ratificar el tratado, que se espera se dé durante la visita del Presidente a Nueva York para la 71ª Asamblea de las Naciones Unidas este 19 y 20 de septiembre de 2016. Para ello, fue preparado el instrumento de ratificación, el cual va firmado por el Presidente de la República y refrendado por la Secretaria de Relaciones Exteriores. Finalmente, es a través de esta ratificación por parte del Ejecutivo que México se compromete a cumplirlo y observarlo.

El Acuerdo de París, aprobado por las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) en diciembre de 2015, tiene por objeto reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza. Es importante mencionar que aunque las emisiones del país representan el 1.4% a nivel global, la aprobación del Acuerdo por parte de México, suma a los esfuerzos internacionales de la entrada en vigor del instrumento antes del 2020, con el objeto de limitar el aumento de la temperatura media global por debajo de los 1.5°C y evitar que los efectos adversos del cambio climático sigan impactando a los países y las poblaciones más vulnerables.

Una vez ratificado el Acuerdo de París, México al interior deberá establecer una ruta de implementación para lograr cumplir las metas acordadas en su contribución nacionalmente determinada (NDC, por sus siglas en inglés), presentada ante la CMNUCC en marzo de 2015. Dichas metas establecen dos escenarios: las no condicionadas, que son aquéllas que el país realizará por sus propios medios (recursos, capacidades, información, inversión y gasto) y, por otro lado, las metas condicionadas que establecen una mayor nivel de ambición, sujeto a la existencia de un acuerdo internacional, financiamiento, transferencia de tecnología y cooperación técnica.

Domésticamente, México deberá sentar las bases de un plan de ruta eficaz, asequible y realista que sea congruente con la situación actual del país. Actualmente, el panorama económico, social y político no permite vislumbrar cuál será el camino para el cumplimiento de dichas metas y ser cada vez más ambiciosos con miras al 2030. Al respecto, aún existen varios temas pendientes de la agenda nacional que están vinculados con la meta no condicionada y el proceso de ser cada vez más ambiciosos en nuestros compromisos internacionales sobre cambio climático.

En primer lugar, la matriz energética del país es dependiente en un 91% de combustibles fósiles, lo que ha resultado en que la explotación de hidrocarburos mantenga un tercio de la economía nacional.  Del porcentaje restante, menos del 8% se compone de energías renovables, donde las grandes hidroeléctricas tienen una participación mayoritaria, mientras que la capacidad instalada de energía solar y eólica aún es marginal. Por ello, es urgente que México aproveche el amplio potencial que tiene de generar energía por medio de fuentes renovables, garantizando así un futuro energético sustentable y seguro a largo plazo.

Por otro lado, durante los últimos dos años el presupuesto a nivel federal ha disminuido en un 50%. Específicamente, el sector ambiental sufrió un recorte de 12 mil millones de pesos entre 2015 y 2016, pasando de 68 mil a 56 mil millones de pesos, es decir, del 18%. Para 2017, se anuncia que el recorte para el sector ambiental será aún mayor, alcanzando el 35%. Al respecto, este recorte también se ve reflejado en el Anexo 16 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), que incluye todos los programas presupuestarios que destinan recursos a la mitigación y adaptación al cambio climático. El Proyecto de PEF para 2017 reduce en 21% los recursos del Anexo, que además incluye sólo el 0.72% del total del presupuesto federal. En este sentido, existe un retroceso en el destino de los recursos a la atención del cambio climático, ya que la cantidad asignada en 2017 es sólo 1.5% superior a la de 2013, e inferior a los años siguientes. En ese contexto, es necesario asignar más recursos públicos a la atención de este fenómeno, al tiempo que se fortalecen los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que permitan dar un seguimiento a los recursos desde su origen hasta su uso final, permitiendo conocer su impacto en la mitigación o adaptación al cambio climático.

Asimismo, es indispensable fortalecer el liderazgo de otros actores en la implementación de la política climática nacional y el cumplimiento de las metas, donde el papel de los gobiernos locales y la iniciativa privada es fundamental para aumentar el nivel de ambición del país en la lucha contra el cambio climático. También, México debe tener el compromiso de generar las condiciones ideales para atraer inversiones limpias, reducir las externalidades negativas de los proyectos de mitigación y adaptación, respetar y garantizar los derechos humanos y promover la participación de los diversos actores claves en la toma de decisiones, con el fin de desarrollar una meta de reducción de emisiones de GEI y aumento de la resiliencia en el marco del desarrollo sustentable.

Por ello, deben existir en el país instrumentos que garanticen y fortalezcan el acceso a la información, la transparencia y  la rendición cuentas, por medio, entre otras cosas, de mecanismos de monitoreo, reporte y verificación (MRV), así como de evaluación y seguimiento de los compromisos nacionales e internacionales en materia climática.  Abordar esos temas pendientes permitirá a México cumplir con el objetivo del Acuerdo de París y asegurar su efectiva implementación a nivel nacional.