• Pide CEMDA a Semarnat realizar proceso de acuerdo a estándares internacionales señalados por la Suprema Corte

Dado que este miércoles 16 de octubre dio inicio el proceso de consulta a la tribu Yaqui respecto de la construcción y obra del Acueducto Independencia en el estado de Sonora, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) desea hacer un llamado al Estado mexicano para que dicho proceso se lleve a cabo de acuerdo con los estándares internacionales en la materia señalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

De acuerdo con lo que establece la Constitución de nuestro país, el Estado mexicano está obligado a promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, así como a reconocer y garantizar el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación. Esto incluye, entre otras cosas, decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural; conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras, así como garantizar su derecho al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan.

En el caso de la construcción y operación del Acueducto Independencia, la SCJN, en un hecho inédito para nuestro país, resolvió dejar sin efecto la Autorización de Impacto Ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), señalando que no se había realizado el proceso de consulta correspondiente a la Tribu Yaqui, a pesar de que la obra extrae agua del Río Yaqui, fuente fundamental de subsistencia de la tribu y del cual tiene un derecho sobre el agua que ahí se encuentra.

«A fin de que no se sigan violando los derechos humanos fundamentales de la tribu Yaqui, es fundamental que el Estado mexicano, a través de la Semarnat, lleve a cabo el proceso de consulta conforme a los estándares internacionales, los cuales establecen que ésta debe ser previa, informada, libre y de buena fe», señaló Úrsula Garzón, abogada del CEMDA.

Añadió que esta consulta sentará un importante precedente en lo que se refiere a los derechos humanos de los pueblos indígenas, no solamente en México, sino en América Latina, por lo que nuestro país debe ser un ejemplo del respeto que debe haber a los derechos de los pueblos originarios y de la protección de sus recursos naturales.

Como han señalado los representantes de la Tribu Yaqui, este proceso resulta trascendente para que pueda continuar vigente el pacto entre esta tribu y el Estado mexicano y prevalezca una relación de armonía y paz en beneficio de todos los mexicanos así como de plena vigencia de las instituciones mexicanas.

 

 

 

 

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