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El Mecanismo Federal de Protección emite pronunciamiento público para reconocer y condenar las agresiones contra las personas defensoras de la tierra y territorio

03 mayo 2018

 

A inicios del mes de abril, la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas publicó un pronunciamiento denominado “Reconocimiento a las Personas Defensoras de los Pueblos y Comunidades Indígenas al Derecho a la Tierra y el Territorio”,[1] en el cual no sólo reconoce la importancia de las y los defensores de la tierra y el territorio sino que además hace un llamado a las autoridades de todos los niveles de gobierno de abstenerse de cualquier tipo de agresión en su contra.

Como organizaciones que promueven la defensa y protección de los derechos humanos y de libertad de expresión, apreciamos el pronunciamiento público que hace el Mecanismo y resaltamos el reconocimiento expreso de este organismo hacia la labor de las y los defensores que promueven el respeto de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como de las y los defensores de los derechos de las comunidades y pueblos indígenas de México, a quienes reconocen como uno de los grupos más vulnerables.

No obstante, esta declaración de buena voluntad del Mecanismo es únicamente el primer paso para hacer valer con plenitud los derechos humanos de las y los defensores de la tierra y territorio, pues, como lo señala el mismo cuerpo del comunicado, para terminar con las agresiones a este sector se debe “garantizar a los pueblos y comunidades indígenas de todo el país sus derechos a la libre determinación y, en ejercicio de la misma, a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales; a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, de buena fe y plenamente consensuada”.

Organizaciones del Espacio OSC han documentado desde los últimos meses del 2010, más de 390 casos de agresiones a personas defensoras del medio ambiente, del territorio y recursos naturales. En particular, desde julio de 2016 hasta diciembre de 2017 se han registrado 88 casos con 29 asesinatos de personas defensoras del medio ambiente, del territorio y recursos naturales[2].

En este sentido, en varios estados de la República Mexicana, como el estado de Guerrero, se viven escenarios de conflictos y militarización en las tierras sagradas de los pueblos indígenas, así como una serie de vulneraciones contra su territorio. En fechas recientes se han documentado intentos de desplazamiento y acciones violentas contra los pueblos opositores a la explotación de sus territorios. La criminalización y acoso contra los líderes de las luchas indígenas es continua, cada vez más sofisticada y contundente, además de prevalecer una situación de discriminación estructural en su contra. Dichas violaciones son parte de la vida cotidiana de los pueblos indígenas y las personas defensoras de sus derechos.

Varias organizaciones hemos sido testigo de las diversas violaciones a los derechos humanos de las comunidades indígenas y de la insistencia del Estado para la prevalencia de megaproyectos hidroeléctricos y de minería en la región de la Montaña y la Costa Chica de Guerrero. Su realización en territorios ancestrales desdibuja la identidad indígena y los derechos colectivos e individuales de sus miembros.

Coincidimos con el Mecanismo Federal sobre la necesidad de “garantizar que no se utilice el sistema penal de justicia para criminalizar a los pueblos indígenas en la defensa legítima de sus derechos, y sancionar a quienes incurran en actos de violencia y hostigamiento en su contra”. Por ello, queremos resaltar que la emisión de este pronunciamiento se enmarca en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos en contra de 25 miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa “La Parota” (CECOP), quienes el 7 de enero de 2018, en la comunidad de La Concepción (Acapulco), fueron privados de su libertad y acusados de homicidio calificado, en el marco de un mega operativo de diversas fuerzas de seguridad -entre ellas el ejército-, mientras que otras 3 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente y varios de los detenidos torturados. Los enfrentamientos de esa noche se debieron a la tensión inter-comunitaria promovida por agentes estatales y privados para frenar la defensa por el territorio de sus comunidades y el río Papagayo contra la construcción de la presa hidroeléctrica “La Parota”.

Varios de los miembros del CECOP han sido objeto tanto del uso faccioso del sistema de justicia penal, como de agresiones en su contra desde 2003. A raíz de estos ataques, un miembro del CECOP se incorporó y es beneficiario del Mecanismo de Protección. Por ello, las nuevas agresiones ocurridas en La Concepción contra las y los defensores del CECOP se proyectan como una nueva forma de buscar terminar con el movimiento e instalar el proyecto hidroeléctrico, el cual aún se contempla en proyectos de las autoridades federales, como el Plan Nuevo Guerrero.

Por todo ello, exhortamos que a la declaración de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, le sigan acciones por parte de otras instancias para garantizar efectivamente que, a diferencia del caso de los 25 miembros del CECOP, el sistema de justicia penal no se utilice para criminalizar la defensa por el territorio y para que hechos como los del 7 de enero del 2018 no se repitan.

Espacio OSC

Las organizaciones que integran el Espacio OSC: Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH); ARTICLE 19; Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México (AMARC Mx); Casa de los Derechos de Periodistas A.C.; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C. (CIC-PC); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comité Cerezo México; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por las Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México y Amnistía Internacional.

 

Para mayor información, favor de contactar a contacto@espacio.osc.mx

[1]Disponible en https://www.gob.mx/defensorasyperiodistas/articulos/el-mecanismo-para-la-proteccion-de-personas-defensoras-de-derechos-humanos-y-periodistas-151803

[2] Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C., Informe sobre la situación de personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México, 2017, CEMDA, 5 de marzo de 2018, disponible en http://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2018/03/DERECHOS-HUMANOS-AMBIENTALES.pdf

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