Reunión entre sociedad civil y el Grupo de Trabajo de la ONU en Guadalajara, México

Marcelina López, vocera de las comunidades indígenas afectadas por el proyecto hidroeléctrico Las Cruces, expone el caso ante el Grupo de Trabajo de la ONU en Guadalajara. Crédito: Sandra Moguel.

Septiembre 8, 2016

El Grupo de Trabajo hace un llamado al gobierno mexicano a avanzar en la transparencia, la consulta previa, la debida diligencia y el respeto a las personas y el medio ambiente. La sociedad civil exhorta a las empresas a cumplir los Principios Rectores sobre Empresas y DDHH. Durante la visita, el Grupo de Trabajo escuchó el testimonio sobre 81 casos de personas y comunidades afectadas por actividades empresariales: Ciudad de México (19), Oaxaca (17), Guadalajara (11), Hermosillo (6) y Xochicuautla (28).

Ciudad de México, México. El Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos de la ONU en visita oficial a México se reunió con autoridades, empresas, organizaciones de la sociedad civil; personas y comunidades afectadas por diferentes actividades empresariales. Dichas reuniones permitieron al Grupo de Trabajo conocer el incumplimiento del deber del Estado de proteger los derechos humanos y de las empresas de respetarlos, así como de proveer un adecuado acceso a la justicia en caso de afectaciones a estos derechos.

Los testimonios que escucharon durante su visita el Sr. Pavel Sulyandziga y el Sr. Dante Pesce, expertos miembros del Grupo de Trabajo, fueron de personas y comunidades afectadas por las actividades empresariales por la falta de acceso a la información y a la consulta y consentimiento, violaciones a derechos laborales, impactos graves a la salud y medio ambiente; entre otros.

En Oaxaca se reunieron con comunidades afectadas principalmente por proyectos mineros, eólicos, de extracción de hidrocarburos, entre otros, y se presentaron 17 casos en total. Las personas asistentes hablaron sobre abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por parte de las empresas, los gobiernos locales, estatal y federal; así como de la falta de información y garantías al derecho a la consulta libre, previa e informada como en el caso de Eólica del Sur.

En Guadalajara, los expertos visitaron el río Santiago, donde les sorprendió el nivel de contaminación y los daños a la salud del corredor industrial en el que se vierten desechos de diferentes actividades empresariales, algunas de grandes empresas transnacionales. Los expertos determinaron que había “una catástrofe ecológica”. Posteriormente, el Grupo escuchó los testimonios de casos relacionados con las presas de El Zapotillo y Las Cruces, proyectos turísticos, proyectos mineros en Wirikuta y Zacualpan y con las maquilas de la industria electrónica; haciendo de su conocimiento casos de criminalización y amenazas a defensores de derechos humanos.

En Hermosillo, Sonora, el Grupo de Trabajo visitó a la comunidad de Ures para conocer en persona las afectaciones del derrame de lixiviados por parte de Buenavista del Cobre (subsidiaria de Grupo México), ocurrido en 2014 en los ríos Sonora y Bácanuchi. Luego se reunieron con representantes de diferentes comunidades. Las personas participantes hicieron énfasis en la negligencia y omisiones por parte del Estado para hacer cumplir la ley, la impunidad con la que operan las empresas afectando los derechos humanos, y las dificultades en el acceso efectivo a la justicia.

En Xochicuautla, Estado de México, comunidades indígenas, urbanas y rurales presentaron 28 casos sobre hidroeléctricas, minería, energía, infraestructura y privatización de agua. El pueblo de Xochicuautla solicitó al Grupo de Trabajo que “pusieran fin al ecocidio; la cancelación del proyecto de la autopista Toluca-Naucalpan, y que se terminen las persecuciones hostigamientos y detenciones a los indígenas”.

Los expertos se reunieron con al menos una decena de empresas, y Grupo Higa fue la única empresa que no respondió a la invitación de dialogar con el Grupo de Trabajo de la ONU.

En su visita en la Ciudad de México se ejemplificaron casos de todo el país. Entre ellos,  la situación del estado Guerrero en donde víctimas y organizaciones expusieron la situación de violencia, corrupción con autoridades y colusión con el crimen organizado en la que se desarrolla el trabajo de las empresas; ambiente que propicia un sinnúmero de violaciones a derechos humanos toleradas e impulsadas por autoridades estatales y federales. Asimismo, se ejemplificó la semiesclavitud en los campos agrícolas, en donde las principales empresas responsables son extranjeras.

El resto de casos se pueden consultar en el informe que presentaron al Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de la ONU una coalición de más de 100 organizaciones y movimientos sociales. En los 68 casos documentados se muestra que los derechos vulnerados con más frecuencia son: a la tierra y el territorio (32 casos), al acceso a la información (28 casos) y al medio ambiente sano (22 casos). Los sectores sobre los cuales se documentaron más abusos fueron: minería (11 casos), hidrocarburos (9), energía (8), construcción (8) y agroindustria (6). Además, en más de 50% de los casos se documentaron intimidación y amenazas en contra de opositores a proyectos empresariales.

La coalición de organizaciones y movimientos sociales consideramos que el gobierno debe aceptar las recomendaciones y plantear un plan claro para su cumplimiento.

Desde sociedad civil exhortamos al Estado a:

  • Informar sobre cómo implementará las salvaguardas para prevenir impactos sociales y ambientales negativos vinculados a las reformas, a actividades extractivas; así como a las demás violaciones a derechos humanos producidas por las empresas y a lo largo de su cadena de valor.
  • Informar sobre cómo se garantizará la participación de sociedad civil, personas afectadas por la actividad empresarial, pueblos indígenas y sindicatos independientes en el monitoreo del cumplimiento de dichas recomendaciones.

A las empresas a:

  • Comunicar cómo cumplirán los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos y cómo implementarán la debida diligencia a lo largo de du cadena de valor para cumplir con los cambios sugeridos por el Grupo de Trabajo.

 

Organizaciones firmantes en orden alfabético:

Alianza de la Costa Verde

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)

Bios Iguana

Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País

Cartocrítica

Casa del Migrante Saltillo

Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”

Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria”

Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro Prodh)

Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan

Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo

Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL)

Centro Fray Jualián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local

Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH)

Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL)

Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”

Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)

Colectivo sí a la vida No al basurero tóxico en Noria de la Sabina

Colectivo de Mujeres en Defensa de los Pedregales

Comités de Cuenca Río Sonora

Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CODIGODH)

Comité de Derechos Humanos de Tabasco (CODEHUTAB)

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

Consejo en Defensa de la Vida y el Territorio Tiyat Tlali

DECA Equipo Pueblo

DH Rayoactivo

El Barzón Chihuahua

EcoRed Feminista la Lechuza Buza

Enfoque DH

Estancia del Migrante en Querétaro

Frente de Derechos Humanos de la Sierra de Puebla

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA)

Fundar, Centro de Análisis e Investigación

Foro de Derechos Humanos y Resistencias de la Sierra de Puebla

Greenpeace México

Grupo de Estudios Ambientales

Grupo Focal sobre Empresas y Derechos Humanos

Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos

Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC)

Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma

Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4)

Organic Consumers Association (México)

Oxfam México

Programa Universitario de Derechos Humanos, Programa de Incidencia, Programa de Medio Ambiente, UIA

Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC)

Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)

Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

Semillas de Vida

SMR, Scalabrinianas: misión con Migrantes y Refugiados

Serapaz, Servicios y Asesoría para la Paz

Y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana)