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CIBIOGEM fomenta impunidad en fase informativa de la Consulta Maya y omite daños ambientales

07 noviembre 2017

Ciudad de México, 07 de noviembre de 2017.- Dependencias responsables de realizar la consulta a las comunidades mayas por la siembra de soya transgénica, fomentan impunidad y omiten daños ambientales en la fase informativa. El día 5 de noviembre se efectuó en la comunidad de Bolonchén, municipio de Hopelchén, Campeche, una sesión “informativa” a cargo de la CIBIOGEM y la CDI, en ruptura con los acuerdos establecidos con el pueblo maya, y desconociendo a los representantes de 34 comunidades que han sesionado durante más de un año en la etapa de acuerdos previos durante la cual se buscó la construcción de un protocolo consensuado, el cual buscaba establecer las bases para realizar una consulta culturalmente adecuada. Estas actuaciones demuestran la falta de voluntad y capacidad del gobierno federal de entablar relaciones de iguales con los pueblos indígenas en este país y respetar su libre determinación.  La ausencia de representantes de los órganos garantes, la CNDH ni la OACNUDH, fue notoria ya que las autoridades federales impusieron la realización de la sesión aún en contra de la voluntad de un buen número de personas de las comunidades.

En la foto: Los funcionarios públicos Marco Ramírez de CIBIOGEM, David Mendoza de CDI y el Comisario Ejidal de Bolonchén de Rejón, Hopelchén, Campeche; Pedro Federico Castillo Nieves, obviaron responder las preguntas de los pobladores sobre los daños ambientales.

Durante el desarrollo de dicha sesión del pasado 5 de noviembre, en la comunidad de Bolonchén, sólo se presentó información favorable a la soya genéticamente modificada (GM). Todos los temas presentados descartaron los impactos que causa la siembra intensiva de soya GM. No se discutieron los efectos que pueblos enterios viven en Argentina y Uruguay, cuya miel presenta residuos de glifosato por encima de la norma europea, y donde existen graves afectaciones a la salud de las personas. También es preciso recalcar que no se comentaron los informes de CONABIO, CONANP, INE y la SEDUMA (esta última del gobierno del estado de Yucatán) en los que desaconseja la siembra de soya GM en la región por afectaciones a los sistemas biológicos, económicos y legales. Así mismo, se omitió todo análisis y referencia al hecho de que el glifosato ha sido decretado como posiblemente cancerígeno por parte de la OMS, situación que resaltó la SCJN en sus resoluciones, ro sobre la cual no hubo ninguna información en esta sesión.

Diversas dependencias federales como CONAGUA, SENASICA, COFEPRIS de la Secretaria de Salud y SAGARPA proporcionaron información sesgada sobre temas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que acreditaban el impacto significativo que daba sustento a la consulta: 1) los efectos potenciales del uso del herbicida glifosato en la diversidad biológica, así como en la sanidad animal y vegetal; 2) el peligro de dispersión de semillas genéticamente modificadas a zonas libres de organismos genéticamente modificados; y 3) el potencial riesgo de impactos sanitarios.

Las comunidades mayas y el equipo de asesores externaron que, si bien la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación implica que se realice la consulta en 6 comunidades, la CIBIOGEM y la CDI acataron desde sus inicios la recomendación 23/2015 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que hace referencia a todas las comunidades indígenas de Campeche. De igual forma, durante la sesión, los pobladores de Bolonchén realizaron diversas preguntas que fueron aplazadas al final de la fase informativa, dejando sin esclarecer dichos cuestionamientos.

En un análisis posterior de la sesión, el abogado Jorge Fernández Mendiburu hizó las siguientes precisiones:

 

  1. La información proporcionada no fue culturalmente adecuada, pues se hizo de una manera demasiado técnica, en un lenguaje poco comprensible para quienes no son especialistas en los temas abordados.
  2. No hubo traducción-interpretación que hiciera asequible la información que se estaba proporcionando, en la lengua materna de los participantes.
  3. No se dejó ningún documento que respaldara la información proporcionada. Ni CIBIOGEM ni CDI garantizaron que el supuesto sustento de lo afirmado durante las exposiciones quedara en manos de la comunidad. Únicamente hubieron exposiciones a través de diapositivas, pero no se presentó el sustento de las afirmaciones vertidas en la exposición. Lo anterior impide que la comunidad pueda conocer detalladamente y compartir la información proporcionada con el resto de la comunidad. Sin documentos no puede haber discusión y debate en torno a la pertinencia o no de la siembra de soya GM
  4. La decisión sobre el método, las fechas y las formas de la “consulta” en Bolonchén se hicieron entre Marco Ramírez, Subdirector de Políticas y Normatividad Internacional de CIBIOGEM, CDI, y Pedro Federico Castillo Nieves, Comisario Ejidal, desconociendo a los representantes de la comunidad que habían participado en el proceso desde hace un año y medio. Las decisiones se tomaron sin ningún consenso con la comunidad.
  5. Durante la sesión, el representante de CDI, Pedro Mendoza Gaitán, obvió toda la explicación relativa a la información sobre qué es el derecho a la consulta, sus etapas, sus fases, etc. Las personas que acudieron no tenían idea del contenido del derecho a la consulta, y las autoridades fueron omisas en explicar de manera clara y detallada cuáles son los derechos que tienen las comunidades durante un proceso de esta naturaleza.
  6. La calidad del sonido era mala, no se entendía ni se escuchaba en diversas partes del recinto de la Comisaría Ejidal lo que se estaba diciendo.
  7. En el caso de la información dada por Rafael Chan Antillón y Martha Valero Gamboa, de la CONAGUA, hubo una negativa a informar sobre los pozos de absorción, actividad de perforación ilegal para drenar superficies o aréas de cultivo inundadas, actividad que propicia que se contaminen de manera directa aguas profundas. Se limitó a dar datos numéricos sobre el tema de la contaminación del agua por herbicidas, pero ninguna referencia se hizo a los pozos de absorción a pesar de la insistencia de los participantes. Fotos de pozos de absorción en Hoppelchén https://goo.gl/Lvuj7B
  8. Por parte la SENASICA Rafael Aaron Romero habló de los beneficios de la soya GM y el glifosato, omitiendo hablar de la suspensión del permiso por parte de la SCJN, abonando al clima de impunidad que prevalece por segundo año consecutivo por la siembra, cosecha y comercialización de soya transgénica de la empresa Monsanto, cuyo nombre también fue omitido en todo momento.
  9. De la Secretaria de Salud COFEPRIS, José del Jesús Herrera Bazán justificó que el uso de glifosato es “inocuo” por lo tanto no representa daños a la salud humana. Algunos pobladores refirieron que esta sustancia fue declarado como probable cancerígeno, información que fue omitida por el funcionario.

 

Mientras la CIBIOGEM promueve avanza con su estrategia de división al interior de las comunidades y las fases de la consulta que defiende los intereses de la empresa Monsanto, en territorio maya se sigue sembrando soya GM en total ilegalidad y ante la omisión de autoridades como la SENASICA. Aún ante este clima el pueblo Maya de la península piensa continuar con su lucha legal en contra de las violaciones a sus derechos. Fotos: https://goo.gl/AvTpxe

 

Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes / Centro Mexicano de Derecho Ambiental CEMDA / Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. / Greenpeace México / MA OGM Colectivo

Para mayor información y entrevistas contactar a Jorge Fernández a quejamaya@gmail.com

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