Las implicaciones del desecho de toneladas de residuos biológicos infecciosos, sin tratamiento alguno, que se recibieron en el tiradero ubicado en el pueblo de San Luis Ayucan, Jilotzingo (zona indígena Otomí); son de tal magnitud, que ponen en riesgo directo a más de un millón de personas que habitan en cuatro de los municipios del Estado de México. Además de que el tiradero se encuentra sobre el manto freático “Acuífero Cuautitlán-Pachuca, Estado de México-Hidalgo”,

el cual a su vez, abastece a muchos otros municipios del Valle de México, llegando hasta la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Siendo que el tiradero operado por la empresa Confinam, desde un inicio presentó una serie de irregularidades e ilegalidades desde los permisos del Uso de Suelo, inicialmente autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para residuos no peligrosos y orgánicos con solo el 35% de humedad, y que el tiradero viola las normas 087 de residuos biológico infecciosos y la 083 de rellenos sanitarios de la Semarnat; en dichas condiciones de noviembre del 2007 al 8 de mayo de 2008, el tiradero recibió toneladas de desechos biológico infecciosos, sin tratamiento alguno, por camiones de SaniRent.

Aun después de que el tiradero fue cerrado por el presidente municipal Jaime Mayén Núñez el 8 de mayo, luego de que el tiradero fue visitado por la comisión de Regidores encargada de revisar el caso del relleno, y por el Notario Publico 109 Lic. Gabriel Luis Ezeta Morales, y que las muestras que se sacaron del material se mandaron a analizar al Laboratorio Imagen Unidad Popotla por la QBP Guadalupe Ramírez Nieto, jefa de Laboratorio de Análisis Clínicos, en el cual se aplicaron metodologías microbiológicas correspondientes a técnicas idóneas para establecer y clasificar, además de identificar y cuantificar con exactitud, la presencia de microorganismos patógenos, es decir, aquellos que provocan daño en la salud humana clasificadas como infectocontagiosas de alto riesgo; la negligencia de la empresa operante no paró. Actualmente los lixiviados de biológico infecciosos, son bombeados, a la barranca que conduce agua a la Presa Madín, la cual abastece de agua a gran parte de los municipios de Naucalpan, Atizapán y Tlalnepantla.

Tanto las muestras analizadas como los resultados de los análisis fueron turnados a un Perito Químico Forense en materia de química toxicológica y microbiológica, quién ha presentado un dictamen a la autoridad correspondiente en el cual se confirma que los desechos de la muestra (algunos marcados con el sello del Hospital General de México) son efectivamente los que clasifica la Norma 087 como “biológico infecciosos” o sea desechos peligrosos o infectocontagiosos de alto riesgo; y que no se cumple  con las disposiciones de las normas aplicables en cuanto a la forma de cómo deben ser manejados dichos desechos y cuál es su tratamiento obligatorio y su disposición final, violando varios artículos de la Norma 087.

Así, en el peritaje se determina que las enfernmedades infecciosas transmisibles por agentes patógenos contenidos en los residuos sanitarios infecciosos son: cólera, fiebres hemorrágicas causadas por virus, brucelosis, difteria, meningitis, encefalitis, fiebre q, muermo, tuberculosis activa, hepatitis vírica, tularemia, tufus abdominal, lepra, ántrax, fiebre paratifoidea a, b, y c, disentería bacteriana, rabia y sida.

Por lo anterior, el Comité Técnico Ciudadano de Jilotzingo, presidido por Rubén Mayén, el día de ayer, miércoles 23 de julio, presentó ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, ante la Secretaría de Salud y ante la Comisión Nacional del Agua, una demanda popular donde solicita de manera urgente y determinado por la ley, aplicar como medida de seguridad la clausura total de la fuente contaminante, así como de las instalaciones del supuesto relleno sanitario en que se almacenan residuos biológico-infecciosos a cielo abierto; y aplicar como medida de seguridad, el aseguramiento de los biológico-infecciosos, o la neutralización de cualquier acción análoga que impida que los residuos biológico-infecciosos generen repercusiones peligrosas para la salud pública que amenaza a los habitantes de Jilotzingo, Atizapán, Naucalpan y Tlalnepantla. Así como iniciar los procedimientos de inspección y vigilancia que sean procedentes, y reconocer la coadyuvancia solicitada, en términos de los dispuesto por el artículo 4° Constitucional.

Las organizaciones convocantes alertamos de manera urgente a la ciudadanía en general, a las asociaciones de colonos, a los presidentes de los municipios mencionados y sus directores de ecología, a las organizaciones de la sociedad civil, a la iniciativa privada, en particular al director jurídico del aeropuerto de Atizapán; y por supuesto a la prensa, para que exijamos de manera inmediata, que la Profepa aplique las medidas de urgente aplicación solicitadas en la demanda popular presentada.