Pronunciamiento del Centro Mexicano de Derecho Ambiental sobre transparencia y acceso durante el Foro del Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI "Transparencia y Participación Ciudadana: fortaleciendo a las Organizaciones de la Sociedad Civil",
Mienten Elías Ayub y
la CFE
al decir que han ganado el amparo y que ahora se encuentran autorizados para construir; nada más lejano a la verdad. Si algo ha prevalecido como constante en el entorno y la atmósfera del proyecto hidroeléctrico
La Parota
, eso ha sido la opacidad y sigilo con el que
la CFE
ha intentado llevar acabo este proyecto.
Siendo el evento del día de hoy un foro sobre la transparencia y el derecho de acceso a la información pública gubernamental, nada más natural que denunciar a
la CFE
, como una autoridad transgresora, de manera recurrente, del derecho al acceso y la transparencia en proyecto hidroeléctrico
La Parota.
La transparencia en
La Parota
, así como en cualquier otro proyecto de infraestructura de grandes magnitudes, resulta fundamental para que los ciudadanos a ser afectados puedan decidir de manera informada y libre, sobre una cuestión tan simple como es si se quiere o no proyecto.
En el caso de
La Parota
, el acceso a la información que
la Ley
determina como un bien público, ha sido más bien escaso. En otras palabras el ejercicio de este ha resultado insuficiente como mecanismo por medio del cual una comunidad pueda acceder al conocimiento de un proyecto que los afectará de manera irreversible en sus vidas, propiedades y derechos.
Volviendo los pasos, sobre la decisión por parte de la comunidades de si se quiere o no la presa, mencionamos que: (i) esa decisión había sido imposible de adoptar en virtud de la desinformación imperante y que fue generada por la propia paraestatal, (ii) la división interna de los pueblos y comunidades llevó a la confrontación entre hermanos e incluso la muerte de 4 compañeros y (iii) el pasado 12 de agosto de 2007, después de que
la CFE
se digno a ir a las comunidades con el fin de informar sobre el proyecto hidroeléctrico, la asamblea reunida ahí decidió de manera unánime rechazarlo.
Las mentiras de
la CFE
y por ende la desinformación imperante en la zona de
La Parota
se tradujeron en 2005 en la aprobación de manera ilegal de las asambleas agrarias donde se facultó a
la CFE
a ocupar previamente los terrenos y la posterior expropiación de los tierras comunales y ejidales. Mentiras consistentes en la falsificación de firmas, convocatorias fuera de término, participación de personas ajenas a las comunidades, mismas que fueron reveladas en los tribunales agrarios, cuando éstos decretaron la nulidad de las asambleas en comento.
Las mentiras y opacidad de
la CFE
, en complicidad con
la SEMARNAT
y
la CNA
, llevaron a que estas últimas emitieran
la Autorización
de Impacto Ambiental y los títulos de concesión en contravención de los derechos de las comunidades consagrados en los artículos 14 y 16 de
la Constitución
(garantía de audiencia y garantía de legalidad).
Resulta evidente que el estado de derecho que pregona el gobierno mexicano no es más palabras huecas
Incomprensible es el hecho de pensar que el primer obligado a cumplir con
la Ley
, como es la autoridad, no lo haga. Manifiesta es la intención del gobierno federal de imponer y construir esta presa a toda costa, incluso en franca violación de tratados internacionales en materia de derechos humanos.
El gobierno mexicano tiene un conflicto de interés derivado del hecho de que él es el principal promotor y la autoridad competente para determinar sí este proyecto hidroeléctrico se realiza o no, lo cual a todas luces contraviene los principios sobre los cuales se funda la democracia.
El obrar de
la CFE
y por tanto del gobierno mexicano, en la consecución de este proyecto, claramente contravienen el derecho de consulta y participación de los pueblos indígenas consagrados en
la Constitución.
En resolución y de acuerdo con los fallos que los tribunales han hecho,
la CFE
se encuentra impedida legalmente para entrar y construir las obras del proyecto hidroeléctrico dentro de los terrenos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, Dos Arroyos,
La Palma
y Los Huajes.
Reitero que las declaraciones vertidas por Elías Ayub, son falsas pues la suspensión definitiva otorgada por la juez octava de circuito se mantiene en pie y vigente, hasta en tanto los Tribunales Colegiados de Circuito digan otra cosa.
Esto significa que en virtud de la suspensión y nulidad de las asambleas mencionadas,
la CFE
no se encuentra legalmente autorizada para ejecutar las obras de
La Parota
y miente cuando dice lo contrario.
Por la importancia del caso el asunto debe llegar al más alto nivel de discusión dentro del estado mexicano, es decir,
la Suprema Corte
de Justicia de
la Nación.
Sin
embargo y de no encontrar justicia dentro de las instituciones nacionales recurriremos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en busca de la tan anhelada y tantas veces negada justicia.
La imposición atenta contra el alma misma de la democracia y la mentira le da muerte. Sólo la información y transparencia pueden hacer que la ciudadanía decida sobre su futuro de manera libre. La democracia se perfecciona con la transparencia.