• El país debe elevar de 22 a 36% su meta de reducción de Gases Efecto Invernadero.
  • Oportunidad para fomentar inversiones en energía renovable y promover transporte limpio y eficiente.

El anuncio del presidente de Estados Unidos Donald Trump, de que su país se retirará del Acuerdo de París, constituye un mensaje muy desalentador para los habitantes de un planeta cada vez más amenazado por los efectos meteorológicos que está ocasionando el cambio climático.

En este contexto, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) considera que México está obligado a reforzar sus esfuerzos para elevar sus metas de mitigación de Gases Efecto Invernadero (GEI), así como en establecer una hoja de ruta con plazos claros para el cumplimiento de sus Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC por sus siglas en inglés).

Para América Latina y, particularmente para México, esto constituye una oportunidad para tomar liderazgo en la región y reforzar las acciones en el combate al cambio climático. El presidente Enrique Peña Nieto reaccionó al anuncio de Trump  señalando que el país seguirá firme en sus compromisos del Acuerdo, lo cual debe verse reflejado en acciones concretas y cumplimiento de compromisos.

Estados Unidos es el segundo principal emisor de Gases Efecto Invernadero (GEI), después de China y el ex presidente Barak Obama había logrado un paso muy significativo al incorporar a su país a este acuerdo histórico luego de que Estados Unidos había estado fuera del Protocolo de Kioto.  Cabe señalar que, pese a lo señalado por Trump, estados como Nueva York y California han reafirmado que seguirán adelante con las acciones e inversiones encaminadas a combatir el cambio climático, como son la promoción de energías renovables y de tecnologías más limpias para la industria y el transporte.  En el mismo sentido se han pronunciado poderosas empresas y organizaciones sociales en Estados Unidos.

El Acuerdo de París es una convención histórica firmada por 194 países en diciembre de 2015 y ratificada por 147, que entró en vigor en noviembre 2016.  Si bien no impone compromisos vinculantes a los países, establece que cada Estado debe fijar sus metas de reducción de GEI e informar a la comunidad internacional los plazos para cumplirlas, a través de sus NDC.  El peso del Acuerdo radica en que constituye un compromiso internacional pactado por todas las naciones y en el reconocimiento explícito de la necesidad de trabajar conjuntamente como humanidad por mitigar las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI).

En lo que se refiere a México, la meta de reducir  22% de GEI para 2030 nos coloca en la línea de los 3°C, cuando debido a la vulnerabilidad del país frente al cambio climático deberíamos buscar el 1.5°C. Para ello, es necesario elevar dicha meta a un 36%, lo cual requiere llevar a cabo acciones en los sectores con mayor potencial.  En materia de generación de energía, es necesario impulsar una transición energética basada en renovables. Las prospectivas del sector eléctrico de la Secretaría de Energía (Sener) no van en línea con la meta de generar 50% de energías limpias para 2050.

Asimismo, es necesario impulsar esquemas de generación distribuida, especialmente en las zonas con menor acceso a energía, con el fin de cumplir nuestros objetivos de desarrollo sustentable y con estricto respeto a los derechos humanos de las comunidades en los que pretenden realizarse los proyectos.

También se debe impulsar la movilidad urbana sustentable, lo cual implica la renovación de la flota vehículos por una más eficiente, transporte público limpio y el fomento a la movilidad no motorizada. Estas acciones nos permitirán también cumplir los compromisos de reducción de carbono negro y ayudar a combatir los problemas de calidad del aire y de salud.

Actualmente, el Instituto Nacional de Cambio Climático (INECC) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUD), están identificando las acciones más costo- efectivas para que México cumpla con las NDC.  En este sentido, se deben abrir más  espacios públicos de discusión para estos temas y  permitir el incremento de la ambición de las NDC cada cinco años, como lo indica el Acuerdo de París.

Todo lo anterior, debe verse reflejado en el presupuesto público, con un aumento al presupuesto de cambio climático, en el Anexo 16, al Fondo de Cambio Climático, y los recursos destinados a la inversión en energías renovables, transporte público eficiente y movilidad no motorizada.  Al respecto, se presenta una buena oportunidad para que el gobierno federal convoque de inmediato al Sistema Nacional de Cambio Climático, el cual evalúe las políticas federales y estatales sobre el tema y las traduzca en metas sectoriales.