1. PATRIMONIO BIOCULTURAL Y DERECHOS HUMANOS

México es uno de los doce países megadiversos. Además, de acuerdo con nuestra Constitución, es un país pluricultural. Significa que nuestro país es parte de los doce países que poseen la mayor diversidad de plantas y animales existentes en el planeta y, además, que existen multiplicidad de pueblos y comunidades con diferentes visiones que deben ser tomadas en cuenta. Gran parte de esta diversidad se encuentra en territorios de comunidades indígenas, quienes han tenido una relación muy estrecha con su entorno, han conservado y han generado importantes conocimientos y prácticas culturales.

Las comunidades indígenas y campesinas han construido relaciones culturales y sistemas de producción propios enfocados en la seguridad y soberanía alimentaria, los cuales están siendo modificados a causa de, entre otras cosas, las políticas públicas, el acceso a nuevas tecnologías y sin que se reconozca la importancia de preservar dichos sistemas. Ejemplo de lo anterior son los permisos que han sido autorizados por el Estado mexicano para liberar maíz genéticamente modificado en etapas experimentales y piloto, así como soya en etapa comercial en diversos estados de México. Aunque no existe certeza científica acerca de los efectos de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) en el medio ambiente, la salud humana[1] y la cultura[2], sí existe evidencia de la contaminación que los OGM han generado hacia los cultivos nativos en el país[3].

PROPUESTAS:

  • Reconocer la importancia de los sistemas agroalimentarios existentes en las comunidades indígenas y campesinas, así como su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria.
  • Implementar políticas destinadas a su protección, conservación y reconocimiento; asimismo, implementar políticas públicas destinadas al fomento de la agroecología y sistemas alternativos dirigidos a mantener la diversidad de los sistemas de producción existentes. Se deben evaluar los impactos ambientales, sociales y culturales, así como aplicar el principio precautorio ante iniciativas destinadas a la siembra de cultivos genéticamente modificados y toda clase de monocultivos a gran escala, principalmente respecto de cultivos donde México es centro de origen, como el caso del maíz. Todo ello contribuiría a la protección del patrimonio biocultural de México.

 

2. CALIDAD DEL AIRE, CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA

2.1. Calidad del aire

La calidad del aire es un elemento necesario del derecho a un medio ambiente sano, reconocido en el marco jurídico nacional de México, particularmente en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), donde se establece que se debe garantizar la conservación de varios elementos, entre los cuales está la protección a la atmósfera.  En México, se estima que en 2015 cerca de 29 mil muertes y casi 558 mil DALY (años de vida ajustados por discapacidad), serían atribuibles a la mala calidad del aire.[4]

PROPUESTAS:

  • Promover y garantizar mecanismos de transparencia, participación social y rendición de cuentas efectivos, que promuevan la aplicación de las normas sobre salud y calidad del aire, con mecanismos de coordinación y participación de las diferentes áreas involucradas (salud, medio ambiente, hacienda, economía) y otros sectores (iniciativa privada, academia y sociedad civil) con el fin de actualizar la normatividad.
  • Actualizar las normas de salud de contaminantes criterio, de acuerdo con los estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud. (NOM-026-SSA1-1993 NOM-025SSA1-2014, NOM-025SSA1-2014, NOM-023-SSA1-1993, NOM-SSA1-022-2010, NOM-021-SSA1-1993, NOM-020-SSA1-2014).
  • Actualizar las normas de tecnologías para el control de emisiones en vehículos nuevos ligeros y pesados (NOM 042 y 044).
  • Garantizar la distribución en todas las gasolineras del país de Diesel limpio Ultra Bajo Azufre (UBA).
  • Utilizar sistemas de diagnóstico de emisiones de contaminantes a bordo (OBD).
  • Actualizar los estándares de tecnología aplicables a los vehículos para que sean conformes al modelo vigente en Estados Unidos y Europa (EPA10 y EURO VI).
  • Aprobar y actualizar las normas que regulan los vehículos en circulación, para ajustar sus valores a estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que tiendan a reducir al máximo los impactos en salud.
  • Establecer programas de monitoreo eficientes que incluyan redes estatales integradas en un sistema nacional y que permitan medir la concentración de todos los contaminantes en el aire.

2.2. Cambio climático

El fenómeno del cambio climático es uno de los problemas más complejos y amenazantes que afronta la civilización actual.  Los efectos de cambio climático están reduciendo de manera significativa las perspectivas de crecimiento de los países en desarrollo y comprometiendo las metas de reducción de pobreza.[5]

México tiene el compromiso internacional de reducir en un 50% su emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para el año 2050, tomando como base su medición del año 2000[6].  De manera no condicionada, se compromete a reducir el 22% de GEI y el 51% de Carbono Negro, considerando una línea base de emisiones al 2030.[7]  Sin embargo,  de continuar con la tendencia actual, los sectores con mayor crecimiento y emisiones serían la generación eléctrica, con una tasa anual de crecimiento del 1.9%, y el transporte con 3%.  Además, 15% del territorio nacional es vulnerable al cambio climático; 68% de la población y 71% del PIB están altamente expuestos a importantes riesgos asociados.[8]  Se calcula que el cambio climático implica para México un costo superior a los 60 mil millones de dólares cada año -aproximadamente 6% del Producto Interno Bruto (PIB)[9]-.  El incremento en la intensidad y frecuencia de los fenómenos meteorológicos y su impacto serán más graves aún en las comunidades rurales e indígenas más pobres, que dependen de la agricultura de temporal, carecen de medios para adaptarse y muchas veces tienen que migrar a las ciudades u otros países.[10]

Actualmente, en México existe un desequilibrio entre el desarrollo de políticas de mitigación y las de adaptación y resulta indispensable impulsar este último de manera preventiva para potencializar así sus beneficios y también reducir los costos (económicos, sociales y ambientales) asociados.

PROPUESTAS:

  • Dar prioridad al tema de Adaptación (al cambio climático) basada en Ecosistemas, desarrollando medidas a partir de las características y ventajas comparativas que los ecosistemas locales ofrecen y que estén orientadas a ayudar a que las comunidades, ciudades y personas puedan adaptarse a los efectos adversos del cambio climático. La toma de decisiones de la política, las medidas y el presupuesto (Anexo transversal del Presupuesto de Egresos de la Federación en materia de cambio climático) deben ser transparentes y señalar claramente montos bien definidos y un sistema robusto de monitoreo, reporte y verificación (MRV), que facilite el seguimiento de resultados y la identificación de los recursos aplicados en acciones sobre el tema, así como la participación social y la rendición de cuentas.
  • Promover una verdadera transición hacia la generación de energías limpias y renovables, para lo cual se debe mejorar la eficiencia energética con medidas de bajo costo, tales como: incrementar la eficiencia energética, disminuir pérdidas en la distribución y transmisión; promover la producción y uso de las energías renovables; y fomentar el desarrollo de sistemas descentralizados de energías renovables para el suministro a las comunidades rurales.
  • Promover legislación específica y programas encaminados a la reducción de las emisiones de metano. Este gas tiene un acentuado impacto en el cambio climático debido a su efecto modificador del clima 25 veces mayor -en un periodo base de 100 años – al del dióxido de carbono. Las reducciones de metano hechas hoy pueden tener un efecto tangible en el cambio climático del mañana.[11]

2.3. Energía

México presenta grandes retos y oportunidades en materia energética. Por un lado, a pesar de la mayor inversión para extracción de petróleo en la historia, entre 2003 y 2012 las reservas probadas de petróleo -nuestro principal insumo energético-, disminuyeron 31.2%.[12] Al mismo tiempo, enfrentamos graves impactos a la salud y al medio ambiente derivados de la generación y uso de la energía a partir de los hidrocarburos.  En términos de contribución al calentamiento del planeta, la producción de combustibles fósiles y su uso son los componentes más importantes de las emisiones de GEI, ya que aportan más del 60% de las emisiones totales.  Por otra parte, las condiciones geográficas, geológicas y climatológicas de nuestro país le brindan un inmenso potencial para generar energía por medio de fuentes renovables, con lo cual podría terminar con su dependencia del petróleo, combatir el cambio climático, y mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos.

En este sentido, la próxima administración federal debe asegurar el cumplimiento de los objetivos encaminados a alcanzar el 35% de la generación de energía, a través de fuentes limpias al 2024, así como garantizar el cumplimiento del Acuerdo de París y las metas climáticas establecidas en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas de México (NDC por sus siglas en inglés) y en la Ley General de Cambio Climático (LGCC).

La transición energética debe fomentar proyectos que aseguren el acceso de toda la población a energías limpias, con redes inteligentes y suficientes; todo lo cual conduzca al país a un desarrollo sustentable y a un crecimiento de bajo carbono.  Es imperioso el respeto a los derechos humanos de las poblaciones cuyos territorios se vean afectados por la implementación de proyectos energéticos, especialmente sus derechos al territorio, a la información, participación y consulta.

PROPUESTAS:

  • En el caso de los hidrocarburos no convencionales resulta indispensable realizar estudios rigurosos sobre las implicaciones de la explotación del shale gas, así como del petróleo en aguas profundas, que tomen en cuenta tanto los costos económicos, los impactos sociales y ambientales (externalidades), así como el costo de oportunidad de invertir en estos recursos fósiles no renovables frente a otras alternativas. Asimismo, se requiere promover la creación de un marco legal sólido y específico para este tipo de energéticos, regulando estrictamente las emisiones y fugas de GEI, especialmente de metano.  Resulta prioritario que no se comprometa la cantidad y calidad suficiente de agua para uso personal y doméstico en la realización de proyectos de energía.
  • Se deben priorizar las energías renovables por encima de las “tecnologías de generación limpia” que incluyen las de ciclo combinado, energía nuclear, hidroeléctricas y carbo-eléctricas con tecnología de captura y secuestro de carbono. Implementar proyectos de energía renovable con los menores impactos posibles en el medio ambiente y en la sociedad.  Al respecto, se recomienda promover proyectos a pequeña escala, como la generación distribuida a nivel residencial y comercial, y evitar en lo posible el desarrollo de grandes proyectos de energía renovable.
  • Se requiere avanzar en el diseño e implementación de los instrumentos de política pública que permitan generar un entorno de mayor competitividad y certidumbre para las energías renovables, en un contexto de coexistencia respetuosa con las comunidades donde se desarrollen los proyectos, así como crear mecanismos eficaces para otorgar co-beneficios a sus habitantes en concordancia con sus necesidades de desarrollo, establecidas bajo mecanismos de participación efectiva y transparente[13].

 
3. BIODIVERSIDAD, ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CORREDORES BIOLÓGICOS

México se caracteriza por ser un país con una gran cantidad de especies de flora, fauna y ecosistemas que lo posicionan como uno de los países megadiversos en el planeta. Es gracias a esta biodiversidad que se puede cumplir con diversos derechos humanos, entre ellos, el derecho humano al medio ambiente sano, el derecho humano a la alimentación, el derecho humano al desarrollo y es por ello que su protección y manejo sustentable reviste especial importancia.

No obstante ello, cada año aumentan el número de especies que se encuentran en alguna categoría de riesgo debido a la fragmentación de ecosistemas,  la sobreexplotación de especies, así como el tráfico ilegal. Es fundamental revertir la pérdida de biodiversidad, siendo uno de los principales instrumentos para ello las áreas naturales protegidas (ANPs) y los corredores biológicos.

En años recientes el Gobierno Federal a través de la Conabio y la academia han trabajado para documentar el estado de la biodiversidad en el país, llegando a dos conclusiones relevantes: 1) que el principal instrumento para la protección del patrimonio natural ha sido el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (ANPs), mismo que se encuentra en la actualidad en una situación de extrema vulnerabilidad en razón de la falta de personal, programas de manejo y presupuesto suficiente; y 2) que buena parte de la biodiversidad se encuentra fuera de las ANPs por lo que se requiere de la implementación de otras estrategias para unir y/o garantizar la conectividad de las ANPs.

En este sentido el establecimiento de corredores biológicos, junto con los Hábitat Críticos y zonas de refugio, se presenta como una de las mejores opciones para complementar y robustecer la estrategia de ANPs que se ha seguido históricamente. Hasta la fecha la figura de Corredor Biológico no está regulada en ningún instrumento de sede nacional.

PROPUESTAS:

  • Elaborar los programas de manejo para aquellas áreas que no cuentan con ellos, y la actualización o revisión de los programas de manejo existentes si estos tiene más de cinco años de que fueron expedidos.
  • Actualizar la información sobre las condiciones biológicas, físicas, geográficas, etc. de las áreas.
  • Fortalecer las capacidades técnicas de las instituciones (proporcionándoles de mejores equipos tecnológicos, así como entrenamiento), e incrementar el número de personal suficiente.
  • Realizar estudios de muestreos y demás estudios técnicos dentro de las ANPs, que reflejen datos objetivos de las condiciones actuales.
  • Fortalecer el marco legal para integrar las figuras que posibilitan la conectividad con las ANPs.
  • Consolidar el Sistema Nacional de Información Ambiental y Recursos Naturales que permita registrar, organizar, actualizar y difundir la información relacionada con la conservación y el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre nacional y su hábitat.

 
4. EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, A LA PARTICIPACIÓN Y A LA JUSTICIA EN MATERIA AMBIENTAL

En México el derecho de acceso a la información, a la participación y a la justicia en materia ambiental, enfrenta enormes retos y desafíos. En lo que se refiere al acceso a la información, no se cuenta con la información oportuna dentro de los diferentes instrumentos y procedimientos de política ambiental, principalmente en el marco del proceso de evaluación de impacto ambiental, el otorgamiento de concesiones y el estado general de los recursos naturales.

Los procesos de participación social son muy limitados y se encuentran enmarcados en procesos de consulta más de forma y  no de colaboración o co-diseño de las políticas públicas, aunado a que generalmente suceden en etapas tardías del proceso lo que conlleva a la poca apropiación de los mismos por parte de la ciudadanía.

En términos del derecho a la consulta previa, libre e informada a las comunidades y pueblos indígenas y equiparables aun y cuando es una obligación que el Gobierno ha asumido internacionalmente, en la práctica estas consultas han presentado importantes irregularidades y violaciones, y se han formulado más como un trámite que cumplir y no como un verdadero espacio de decisión informada para las comunidades.

Por lo que toca al acceso a la justicia existen serias limitaciones procedimentales referidas a la  legitimación o interés jurídico, el nexo causal entre las afectaciones y los hechos, la carga de la prueba y en general ante la limitación de recursos humanos, técnicos y financieros tanto en las autoridades administrativas como judiciales encargadas de la protección ambiental y del derecho a un medio ambiente sano.

Una vez superados los obstáculos anteriores, cuando se logra obtener una sentencia favorable para los afectados, no existe una garantía de que ésta será ejecutada ni acatada a cabalidad, ni mucho menos que el proyecto será suspendido para de esta forma garantizar, proteger y restituir los derechos humanos violentados.

PROPUESTAS:

  • Generar información pública completa, eficaz, puntual, oportuna y buscar los medios idóneos para que sea del conocimiento general;
  • Diseñar e implementar leyes y políticas que prevean el acceso a la información de los megaproyectos y concesiones, no sólo sobre los beneficios, sino también sobre sus impactos sociales, ambientales y culturales de los proyectos;
  • Poner a disposición oportuna y completa, en el caso de los Proyectos en Evaluación de Impacto Ambiental, los listados de los trámites de exención, resolutivos y demás documentación pública relevante, así como realizar, por parte de las autoridades correspondientes, las evaluaciones de impacto ambiental y social en las primeras etapas del proyecto para conocer el nivel de riesgos y desafíos en la región y que dichos procedimientos sean transparentes, que ofrezcan información, que permitan la participación eficaz de las comunidades posiblemente afectadas y que se realicen de forma objetiva y eficaz para la protección del medio ambiente y los derechos humanos.
  • Actualizar la información sobre el estado de los recursos naturales y la biodiversidad en el país con el fin de planear e implementar políticas basadas en datos reales y actualizados.
  • Fortalecer los espacios de participación social para que ésta sea inmediata, activa y colaborativa, basada en los principios de buen gobierno, así como el fortalecimiento de procesos de colaboración en etapas tempranas;
  • Garantizar de forma oportuna el derecho al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos y comunidades indígenas, a la participación en la planeación y, en general, de cualquier medida que afecte de manera significativa sus modos de vida, con el objetivo de proteger sus derechos colectivos a la autonomía, al desarrollo propio y al territorio, y evitar conflictos.
  • Adoptar medidas para combatir la impunidad y  garantizar el derecho de acceso a la justicia de todas las personas y comunidades, garantizar la imparcialidad e independencia de la justicia y prevenir y reparar las violaciones al derecho a la justicia, todo ello en contextos de actividad empresarial o megaproyectos.
  • En el tema de legitimación, se amplié la posibilidad de accionar no solo a la comunidad afectada, sino que se adicione en el articulado correspondiente “miembro de la comunidad afectada o miembro de la ANP.”
  • Fortalecer las capacidades jurídicas y materiales de la Profepa para vigilar la observancia de las normas ambientales en las actividades empresariales.
  • Fortalecer las capacidades jurídicas y materiales de la Semarnat y de los demás órganos ambientales. De igual manera, deben trabajar coordinadamente con las instituciones estatales encargadas del tema ambiental.
  • Garantizar el derecho a la reparación integral de las personas, grupos, comunidades indígenas, campesinas y equiparables por la violación a sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales conforme a la Ley General de Víctimas y al estándar internacional en la materia.
  • Fortalecer el Mecanismo de Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Mecanismo), brindando el presupuesto suficiente para que cuente con los recursos materiales y humanos que le permitan cumplir con su objetivo y funcionamiento, implementando medidas acordes con las necesidades de protección existentes (riesgo), así como que se lleven a cabo evaluaciones periódicas de las medidas otorgadas a fin de evaluar su utilidad y eficacia, garantizando la participación de los defensores y defensoras en todas las etapas y buscando tener medidas de prevención que vayan dirigidas a atender las causas del problema y que no sólo se trate de un Mecanismo reactivo.

 
5. PLANEACIÓN AMBIENTAL TRANSVERSAL

La siguiente administración pública del país para el periodo 2018 – 2024 debe trabajar en una planeación ambiental transversal, impulsando la planeación integral del territorio nacional. Es importante que las secretarías y los tres órdenes de gobierno se comprometan en respetar los acuerdos nacionales e internacionales para la protección del medio ambiente, de tal forma que exista un componente ambiental en los diferentes sectores del gobierno para que estos contribuyan y garanticen el derecho humano al medio ambiente sano.

El plan de trabajo de la siguiente administración pública del país debe considerar la resolución de la alta conflictividad a causa de políticas y megaproyectos que se han implementado; debe asignar presupuestos suficientes destinados a la protección del medio ambiente; debe fortalecer a las secretarías para que puedan cumplir con su papel; debe asumir sus obligaciones en materia de cambio climático; y debe construir mecanismos adecuados de acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental.

PROPUESTA:

  • Alinear y armonizar el marco legal e institucional y las políticas públicas del sector agropecuario, forestal, ambiental, agua, desarrollo urbano, ordenamiento territorial y de pueblos indígenas-comunidades equiparables, bajo un enfoque de derechos humanos y el principio del Estado pluricultural, dotándolo del presupuesto necesario para el cumplimiento de sus metas y objetivos.

 
6. DEFENSORES AMBIENTALES Y SEGURIDAD

Las y los defensores de los derechos humanos ambientales son aquellas personas y grupos que, a título personal o profesional, de manera individual o colectiva, y de forma pacífica, se esfuerzan por proteger y promover los derechos humanos relacionados con el medio ambiente, en particular el agua, el aire, la tierra, la flora y la fauna.  Es importante mencionar que los derechos ambientales y sobre la tierra están interrelacionados y a menudo son inseparables[14].

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de diversos órganos, ha señalado los riesgos a los que se enfrentan las personas que se dedican a defender las cuestiones ambientales y relativas a la tierra, y los ha señalado como el segundo grupo más vulnerable a perder la vida a causa de sus actividades.[15] En los informes sobre pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, industrias extractivas y criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (ClDH), se advierte sobre la alarmante frecuencia con que ocurren represalias, asesinatos, el uso indebido de la fuerza pública, la criminalización de autoridades, líderes o lideresas indígenas y defensores que protegen su territorio de los impactos causados por proyectos extractivos, de explotación o desarrollo.[16]

México continúa siendo un país peligroso para los defensores ambientales.  De acuerdo con el Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México, 2016[17], que elabora el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), ese año se registraron 63 ataques en diversas modalidades. Las entidades donde se registraron el mayor número de ataques son el Estado de México y Sonora con 12 casos cada uno; Oaxaca con 6; Puebla con 5; Colima y Campeche con 4; Veracruz y Chiapas con 3; Quintana Roo, Jalisco, Guanajuato y Baja California Sur con 2; y finalmente Yucatán, Morelos, Michoacán, Guerrero, Chihuahua y Ciudad de México con sólo un caso.  Es importante precisar que un ataque a personas defensoras de derechos humanos ambientales puede contemplar la comisión de diversas agresiones.

Las agresiones más comunes fueron dirigidas a individuos (139) y en menor medida a organizaciones de la sociedad civil y comunidades. Los tipos de megaproyectos y actividades donde más se registraron casos de agresiones son los hidráulicos, con 17, (incluyendo políticas públicas en torno al agua), seguidos de los proyectos mineros (10), de infraestructura (8) e hidroeléctricos (7). Las agresiones más recurrentes fueron las amenazas (24%), seguidas de la intimidación con un 19%, la criminalización en un 18% y las agresiones físicas se presentaron en un 15%. Otras agresiones registradas fueron el hostigamiento con 11%, la difamación con 6%, la privación ilegal de la libertad, el desalojo forzoso, el allanamiento y robo en un 2% cada uno. Únicamente se registró un caso de homicidio, el cual ocurrió en el estado de Chihuahua, vinculado con tala clandestina. El 43% de las agresiones provinieron de autoridades del Estado mexicano de los distintos órdenes de gobierno; el 14% fueron cometidas por particulares; el 7% por parte del personal de las empresas; el 3% por parte de la gente de la misma comunidad y el 2% por grupos del crimen organizado. En el 31% de los casos no fue posible identificar a los agresores.

PROPUESTAS:

  • Establecer mecanismos para garantizar el respeto de los derechos de las personas y comunidades que habitan y hacen uso del territorio donde pretenden instalarse megaproyectos.
  • Garantizar oportunamente el cumplimiento del derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos y las comunidades indígenas, a la información, participación en la planeación de los programas de desarrollo nacional y estatal y, en general, de cualquier medida que afecte de manera significativa sus modos de vida. Todo ello con el fin de proteger sus derechos colectivos a la autonomía, al desarrollo propio y al territorio, y de evitar conflictos socioambientales.
  • Implementar medidas preventivas cuando, en cualquier obra o actividad que busque desarrollarse en un determinado lugar, no se cumpla con la legislación nacional, los tratados internacionales y se cause la violación de los derechos de las personas o comunidades. Estas medidas pueden ser la suspensión temporal de la obra o actividad hasta garantizar los derechos de que se trate.
  • Realizar, por parte de las autoridades correspondientes, las evaluaciones de impacto social y ambiental en las primeras etapas del proyecto para poder conocer el nivel de riesgos y desafíos existentes en la región del proyecto que busca llevarse a cabo. Asimismo, los procedimientos deben ser transparentes, ofrecer información y permitir la participación eficaz de las comunidades posiblemente afectadas.
  • Fortalecer el Mecanismo de Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Mecanismo), brindando el presupuesto suficiente para que cuente con los recursos materiales y humanos que le permitan cumplir con su objetivo y funcionamiento.

 

7. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y SU RELACIÓN CON DERECHOS HUMANOS.

Una de las áreas de oportunidad más importantes para mejorar la protección del medio ambiente y con ello, el cumplimiento de diversos derechos humanos, es la implementación efectiva de los instrumentos de política ambiental. Dentro de estos, destacan por su relevancia el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA).

Este procedimiento es el único instrumento común para la aprobación de cualquier megaproyecto y es el instrumento (regulado por la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente -LGEEPA- y su Reglamento en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental) que permite el acceso, aunque de manera limitada a la información y a la participación.

No obstante su importancia, el PEIA carece de elementos sustanciales como la participación previa, de consulta formal, de uso de mecanismos de notificación, información y consulta que consideren las circunstancias particulares del caso, mecanismos de participación y consulta ad hoc para comunidades y pueblos indígenas, así como respuestas fundadas y motivadas a los comentarios obtenidos durante el proceso de evaluación de impacto ambiental, entre otros, en el marco normativo del PEIA.

Todo ello hace que esta figura instaurada como uno de los pilares de la Administración Pública para la protección ambiental sea ineficiente y poco adecuada a las necesidades de un país megadiverso y pluricultural. Es indispensable el fortalecimiento del PEIA y la armonización con la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

PROPUESTAS:

  • Fortalecer el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA), único instrumento vigente a nivel federal común para la aprobación de cualquier megaproyecto, en cuanto a transparencia, acceso a la información y participación.
  • Establecer en materia de transparencia y acceso a la información la obligación de notificación a los posibles afectados directos de un proyecto, así como, que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) deba ser notificada y facilitada a los municipios y comunidades que serán afectadas. Para ello es necesario reformar el artículo 34 de la LGEEPA, así como el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, para incluir buenas prácticas de otros países que ponen especial énfasis en la participación pública dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, que generan medidas preventivas de conflictos socio-ambientales.

 
 
8. MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS Y DERECHO HUMANO AL AGUA

El acceso universal y equitativo al agua potable y al saneamiento es una de las metas cuyo cumplimiento progresivo es obligado para el gobierno mexicano. Así lo ha reconocido la Constitución Política y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, agenda internacional que el gobierno ha ratificado.

Actualmente hay un rezago en dicho acceso siendo las personas más afectadas aquéllas que se encuentran en situación de pobreza, situación que aumenta su vulnerabilidad. Hacer realidad este derecho, además de imponer importantes retos de política pública y presupuestaria, implica el contar con agua en cantidad y calidad suficiente, es decir, tener fuentes de agua. En ese sentido, es fundamental revertir los procesos de contaminación de cuerpos de aguas que reducen la disponibilidad del vital líquido, además de poner en riesgo la salud de las personas y los ecosistemas.

Las comunidades humanas y los territorios se forjan a partir del manejo que se hace del agua. En México la situación de este vital líquido es muy compleja toda vez que su distribución en el territorio nacional es muy desigual, se encuentra contaminada, así como existe un manejo pluricultural de la misma.

El agua, por lo tanto,  debe ser el elemento integrador y piedra angular en la construcción de los ordenamientos de planificación (v.gr. Planes de Desarrollo y Ordenamiento Ecológico), razón por la cual es indispensable que se modifique el marco jurídico aplicable en aras de que los instrumentos de planeación del desarrollo y conservación del patrimonio natural sean a partir del enfoque del manejo integrado de las cuencas.

PROPUESTAS:

  • Publicar la ley que permita el acceso universal y equitativo al agua potable y al saneamiento, priorizando el acceso a aquellas comunidades que aún no lo tienen.
  • Modificar el marco jurídico aplicable en aras de que los instrumentos de planeación del desarrollo y conservación del patrimonio natural sean a partir del enfoque del manejo integrado de cuencas y se protejan los sistemas tradicionales de agua.

 
9. MEGAPROYECTOS Y DEFENSA DEL TERRITORIO

En México, muchas de las violaciones a derechos humanos de pueblos y comunidades indígenas y rurales se han perpetrado en el marco del desarrollo de megaproyectos. Esto se debe, en gran parte, por la existencia de una política económica y social que carece de toda perspectiva de sustentabilidad y pertinencia biocultural, que ocasiona el consumo desmedido de los recursos naturales, la destrucción ecológica, la deforestación, la erosión de suelos y del patrimonio biocultural, la desertificación, la sobreexplotación de recursos naturales y la contaminación de agua y aire.

Los megaproyectos o “grandes proyectos de desarrollo” representan procesos de inversión de capital público y/o privado, nacional o internacional, para la creación o la mejora de la infraestructura física de una región determinada, la transformación a largo plazo de las actividades productivas con los correspondientes cambios en el uso de la tierra y los derechos de propiedad sobre la misma, así como, la explotación en gran escala de los recursos naturales[18].

9.1. Minería. En México, el 70% del territorio nacional tiene potencial minero. Hasta diciembre de 2016 existían en todo el país 25,554 títulos de concesiones mineras vigentes, abarcando 11.2% del territorio nacional. Los títulos de concesión minera dan la posibilidad de explorar y explotar los recursos naturales del país, pero no otorgan la propiedad sobre el territorio,[19] por lo que en diversas ocasiones entran en conflicto los intereses de las actividades mineras con los derechos de propiedad de la tierra y los diversos instrumentos de política ambiental. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) ha registrado por lo menos 37 conflictos mineros en la República Mexicana[20].

9.2. Energía.  En diversas regiones del país, el desarrollo de proyectos de energía renovable  ha implicado violaciones a derechos humanos y conflictos socioambientales agravados, entre otras cosas, por el despojo de tierra y territorio; impactos ambientales, sociales y culturales; falta de acceso a la información; ausencia de consulta previa, libre e informada; carencia de beneficios amplios para la comunidad y ataques contra personas defensoras de los derechos humanos ambientales[21]. Lo mismo ocurre en el caso de proyectos de infraestructura hidráulica.

9.3. Proyectos turísticos. Nuestro país recibe un importante monto de inversiones por concepto de actividades turísticas. En 2016 esta actividad representó el 8.7% del Producto Interno Bruto (PIB).[22] Sin embargo, existen muchos casos en los que los proyectos pretenden realizarse violando la legislación ambiental, los instrumentos de planeación y los derechos humanos, lo cual da origen a diversos conflictos socioambientales. Además de la pérdida de biodiversidad, por ejemplo mediante la remoción de manglares, se han identificado también otros problemas como la fragmentación de las zonas, interrupción del flujo hídrico por cambios de uso de suelo, construcción de caminos e infraestructura y contaminación, ya que algunas áreas han sido utilizadas como basureros clandestinos.

9.4. Proyectos agroindustriales. Desde 2005, cuando se aprobó la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados[23], empresas como Monsanto, Dow, Syngenta y Bayer, entre otras, han sido autorizadas por el Estado mexicano para liberar maíz genéticamente modificado en etapas experimentales y piloto, así como soya en etapa comercial en diversos estados de México. Al respecto, existe evidencia de la contaminación que los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) han ocasionado a los cultivos nativos en el país[24].  También se han documentado violaciones a los derechos de los pueblos indígenas en detrimento de su patrimonio biocultural[25] por parte de dichas empresas, las cuales han sido incluso objeto de análisis por parte del Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación en su visita a México en 2011, quien recomendó la moratoria de los permisos OGM[26].

9.5. Proyectos de explotación de hidrocarburos.

México cuenta con importantes yacimientos de hidrocarburos en su territorio y su explotación nutre una parte importante del presupuesto público.  No obstante, su explotación, así como el resto de las etapas de su cadena productiva, conlleva afectaciones sociales, económicas y ambientales, principalmente en las zonas donde estas actividades se llevan a cabo, extendiéndose a otras debido a la gran escala del cambio climático, el agotamiento y contaminación del patrimonio natural, como el agua y el suelo, y la degradación ambiental. Otras de las afectaciones de estos proyectos se vinculan con la salud de la población, debido a la contaminación por sustancias peligrosas y la falta de medidas de seguridad adecuadas. También pueden tener impactos en la diversidad cultural, especialmente cuando se llevan a cabo en zonas donde habitan comunidades indígenas o comunidades equiparables, como son las comunidades campesinas.

PROPUESTAS:

  • Instar al Estado mexicano a que suscriba y ratifique el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales como una muestra de su compromiso internacional para promover y garantizar los derechos humanos en el país.
  • Combatir la impunidad y adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la justicia de todas las personas y comunidades, garantizar la imparcialidad e independencia de la justicia y prevenir y reparar las violaciones al derecho a la justicia, todo ello en contextos de actividad empresarial o megaproyectos.
  • Alinear y armonizar el marco legal y las políticas públicas del sector agropecuario, ambiental, agua y de pueblos indígenas-comunidades equiparables, bajo un enfoque de derechos humanos y el principio del Estado pluricultural.
  • Cumplir con la Recomendación emitida por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas acerca de su misión a México en la que señala fortalecer las capacidades jurídicas y materiales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para vigilar la observancia de las normas ambientales en las actividades empresariales.
  • Fortalecer las capacidades jurídicas y materiales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de los demás órganos ambientales, y lograr que trabajen coordinadamente con  las instituciones estatales encargadas del tema ambiental.
  • Implementar en la legislación una perspectiva de género, que integre mecanismos efectivos de participación que incluyan a las mujeres y que proteja la biodiversidad, garantizando su continuado uso y manejo por comunidades locales, poblaciones indígenas y mujeres.
  • Garantizar el derecho a la reparación integral de las personas, grupos, comunidades indígenas, campesinas y equiparables por la violación a sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales conforme a la Ley General de Víctimas y al estándar internacional en la materia.

 
10. MARES Y COSTAS.

El litoral mexicano tiene una extensión de 11,592 km, que lo posiciona en el quinto lugar en América y el treceavo a nivel mundial. Su ubicación geográfica y evolución geológica deriva en gran diversidad de climas, biodiversidad y procesos ecológicos, particulares para cada región costera. Aunada a esta gran diversidad, en los litorales interactúan diversos sectores económicos que hacen uso y aprovechamiento de los recursos naturales disponibles, por lo que se complejiza la administración de las zonas costeras y litorales. Por su parte el marco legal mexicano relacionado a la gestión de los mares y costas se encuentra fragmentado en diversos instrumentos normativos y bajo la administración de más de una Secretaría de Estado, lo cual supone un alto grado de coordinación para lograr un manejo integral y sustentable de este patrimonio natural.

En el litoral mexicano existe un serio problema de ilegalidad y sobrepesca. Alrededor de 85% de las pesquerías del Golfo de California están a su máxima capacidad de explotación o están sobreexplotadas. La regulación nacional en la materia se encuentra desactualizada y mantiene un principio extractivo, a la par, no se impulsan instrumentos como las zonas de no pesca, ni se potencializa la interconexión de corredores biológicos para salvaguardar los recursos marinos.

Por si eso fuera poco en los últimos 25 años, México ha perdido alrededor de 62% de la extensión de humedales, sistemas vitales en el ciclo costero y de la pesca, por ejemplo, para 2012 en el inventario nacional de humedales se identificaron únicamente 10 millones de hectáreas, equivalente al 5% de la superficie del país. Los cambios de los elementos costeros y su biodiversidad inciden también en la salud de las comunidades de arrecifes de coral y pastos marinos, elementos que carecen de política nacional sobre su manejo y restauración. A la par, nuestro país destina menos del 1% de su producto interno bruto a la ciencia y tecnología, lo que dificulta la generación de políticas públicas medioambientales con un fuerte componente técnico-científico.

PROPUESTAS:

  • Impulsar la generación de mayor información científica y colaboración interinstitucional, directamente relacionada con los temas de biodiversidad costera y marina, lo que implica aumentar el presupuesto para las instituciones académicas dedicadas a estos temas.
  • Expedir, en concordancia con las Metas de Aichi y la Estrategia Nacional de Biodiversidad, la política nacional de manejo integral de humedales, así como la estrategia nacional para la atención de arrecifes. Además se debe priorizar la elaboración de instrumentos de política nacional en materia de arrecifes tales como una Norma Oficial Mexicana en materia de manejo y restauración de ecosistemas arrecifales, modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y a la NOM-059-SEMARNAT-2010.
  • Generar un Inventario único de recursos marinos, no sólo los de importancia extractiva o comercial y cumplir con la política de Estado de inventariar la biodiversidad como se ordena en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley General de Vida Silvestre.
  • Actualizar la NOM-022-SEMARNAT-2003 que establece las especificaciones para la preservación, conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales costeros en zonas de manglar.
  • Otorgar concesiones pesqueras geográficamente delimitadas, bajo criterios de manejo ecosistémico y equidad social, preferentemente a comunidades y grupos adyacentes a los sitios de pesca, para proporcionar certeza jurídica y eficientar el aprovechamiento y manejo de los recursos.
  • Instrumentar programas de recuperación para recursos sobreexplotados y de manejo pesquero para todas las especies sujetas a aprovechamiento. Los apoyos institucionales deberán ser condicionados a la instrumentación de las mejores prácticas orientadas a maximizar el valor agregado de los recursos naturales y minimizar los impactos ambientales.
  • Crear la Ley General de Mares y Costas para cambiar el manejo de los ecosistemas costeros y marinos, así como promover y mejorar la cooperación y coordinación entre autoridades competentes.
  • Elaborar y publicar el reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables en el primer año de la administración federal 2018-2024 y establecer mecanismos ciudadanos y de transparencia que permitan supervisar la elaboración y el cumplimiento de la Carta Nacional Pesquera.

 

[1] Acevedo Gasman, F., et al. (2009), “La bioseguridad en México y los organismos genéticamente modificados: cómo enfrentar un nuevo desafío”, en Capital natural de México, vol. II: Estado de conservación y tendencias de cambio, México: CONABIO.

[2] Kato, Takeo Ángel, Mapes, Cristina, Mera, Luz María, Serratos Juan Antonio y Bye, Robert (2009), Origen y diversificación del maíz: una revisión analítica. México: UNAM – CONABIO.

[3] Altieri, Miguel (2005), “The myth of coexistence: Why transgenic crops are not compatible with agroecologically based system of production”, en Bulletin of Science, Technology & Society, vol 24, num. 4, E.U.A.: Sage Publications.

[4] INECC-Semarnat (2016) Estimación de impactos en la salud por contaminación atmosférica en la región centro del país y alternativas de gestión. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/208105/INECC_CAME_Final_14022017.pdf

[5] Martínez B., 2011. Economía del Cambio Climático en la Ciudad de México. Centro Virtual de Cambio Climático de la Ciudad de México. Universidad Nacional Autónoma de México. 88 pp. file:///C:/Users/Juan%20Carlos/Downloads/LIBRO_FINAL.pdf

[6] https://www.gob.mx/inecc/prensa/mexico-presento-en-la-cop-22-su-estrategia-de-cambio-climatico-al-2050

[7] Evaluación de la OCDE sobre el desempeño ambiental. Ver: http://www.oecd.org/env/country-reviews/evaluaciondelaocdesobreeldesempeoambientalmexico2013.htm

[8] Idem

[9] http://expansion.mx/planetacnn/2011/10/10/el-cambio-climatico-cuesta-a-mexico-60000-millones-de-dolares-al-ano

[10] La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) calcula que 805 millones de personas están crónicamente subalimentadas en 2012-14. El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2014. En breve. Véase: http://www.fao.org/3/a-i4037s.pdf

[11] Centro Mario Molina y Environmental Defense Fund. Análisis Económico de las Oportunidades de Reducción de Emisiones de Metano en la Industria Mexicana de Petróleo y Gas Natural. México, D.F. 2015.Disponible en: https://www.edf.org/sites/default/files/content/301115_mexicomacreport_edf_espanol.pdf

[12] De 20 mil 077 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (MMbpce) pasaron a 13,810 MMbpce, en tanto que en el mismo periodo las reservas probables disminuyeron en 27.2%, pasando de 16,965 MMbpce a 12,353 MMbpce. Secretaría de Energía. Estrategia Nacional de energía 2014-2028. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/214/ENE.pdf

[13] Ver más recomendaciones en el documento elaborado por CEMDA, disponible en: http://www.cemda.org.mx/proyectos-de-energia-renovable-y-proteccion-de-derechos-humanos/

[14] ONU, Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Sr. Michel Forst, Asamblea General, A/71/268, 2016, párr. 7

[15] Asamblea General de Naciones Unidas, Informe presentado por la Sra. Hina Jilani, Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los defensores de los derechos humanos, A/HRC/4/37, 2007, párr. 45.

[16] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, Pueblos indígenas, Comunidades afrodescendientes Industrias extractivas, OEA/Ser.L/V/II.Doc. 47/15, 2015. Ver tambien Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, Criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos, OEA/Ser.L/V/II.Doc. 49/15, 2015.

[17] http://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2011/12/Informe-defensores-ambientales-2016.pdf

[18] El desarrollo de estos proyectos en su mayoría pertenece a la industria extractiva, energética, plantas industriales, actividades turísticas, puertos, centros de comunicación o centros urbanos; redes de transporte, presas polivalentes, bases militares o vertederos de residuos tóxicos. (Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Rodolfo Stavenhagen. Presentado de conformidad con la resolución 2002/65 de la Comisión de Derechos Humanos (E/CN.4/2003/90), pág. 7).

[19] 22,052,680.52 hectáreas concesionadas. Fuente: http://cartocritica.giscloud.com/

[20] Base de datos del Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina.

Disponible en http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=lista&idpais=02024200. Consultado el 28 de febrero de 2017.

[21]CEMDA, Proyectos de energía renovables y protección de derechos humanos. Disponible en http://www.cemda.org.mx/proyectos-de-energia-renovable-y-proteccion-de-derechos-humanos/

[22] Instituto Nacional de Geografía y Estadística INEGI. PIB y cuentas nacionales. Disponible en: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/tur/default.aspx

[23] Posteriormente en 2007 expidió la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas.

[24] Altieri, Miguel (2005). The myth of coexistence: Why transgenic crops are not compatible with agroecologically based system of production, en Bulletin of Science, Technology & Society, vol 24, num. 4, E.U.A.: Sage Publications.

[25] Boege, E. (2008), El patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de México, México: INAH y CDI.

[26] De Schutter, Oliver (2012), Declaración final de la misión a México del 13 a 20 de junio de 2011, ONU: Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Disponible en línea en:

http://www.hchr.org.mx/files/comunicados/2011/junio/OLIVIER%20DE%20SCHUTTER%20DECLARACION%20FINAL_2.pdf.