Es importante recordar que en nuestro país aún existen más de 10 millones de personas que carecen del acceso al agua de la red pública. Si a esta cifra se suman las que no reciben agua de buena calidad en forma permanente, asequible y accesible –como establecen los convenios internacionales– son muchos millones de mexicanos a quienes este derecho les está siendo negado.
Después de este importante paso dado por el Senado mexicano, lo siguiente debe ser bajar a las legislaciones locales este derecho y configurar una política de Estado sobre agua potable que incluya hacerla llegar a todos, sin violentar otros derechos humanos.